El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados continuará hoy con el análisis del proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" tras un cuarto intermedio dispuesto ayer por la noche por pedido de los bloques de Unión por la Patria (UxP) y la UCR, y oposición de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), que querían que pretendían continuar los debates
"Entendemos la dinámica del trabajo, el tema energético llevó más de lo previsto, quedan dos o tres temas gruesos para hablar, y los que estamos acá queremos hacer las cosas bien, por eso propongo que los testimonios que faltan se reprogramen para mañana (por hoy)", dijo.
En ese sentido, valoró "el ida y vuelta y casi el diálogo que se dio entre los funcionarios y los diputados" y lamentó "que se haya dejado tanto tiempo esperando a los funcionarios mientras hablaban otros".
Pero desde LLA, Nadia Márquez, señaló: "Pasamos todo el día de ayer y de hoy escuchando la importancia de preguntarle a los funcionarios, se enojaron cuando un funcionario terminaba y seguía otro, y ¿saben qué?, ahora se quieren ir a dormir".
"Sé que les cuesta hablar de trabajo, de esfuerzo y de mérito, porque el concepto es otro; pero mientras tanto, los médicos que están de guardia o los policías que están en servicio, no se pueden ir a dormir", agregó.
Por su parte, la radical Carla Carrizo dirimió en favor de Martínez: "Me parece una falta total de respeto de la diputada de LLA, porque acá estamos todos los partidos que garantizamos la gobernabilidad parlamentaria; y acá entre colegas el respeto no se pierde, no lo vamos a permitir; aprenda las reglas si quiere convivir acá cuatro años".
"Usted no nos puede manejar la agenda a nosotros, una cosa es hablar de política y otra cosa hablar de la calidad de los que estamos acá; porque nosotros representamos al pueblo que nos votó. Son minoría, tienen que aprender a respetar que todos nos necesitamos para sancionar una ley", enfatizó.
Por último, dijo: "Nadie trabaja a la 1 de la mañana porque queremos que la gente vea de lo que debatimos, las preguntas que queremos hacer, que el tema de Hacienda se pase para mañana, a las 9, a las 8, a las 7", cerró.
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Las condiciones que PRO le impone a LLA para aprobar el Presupuesto 2027
Victoria Urruspuru
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Coparticipación porteña. El PRO volvió a reclamar para el Presupuesto 2027 que Nación salde la deuda por transferencias con la Ciudad de Buenos Aires; el oficialismo confía en que se podrá resolver este conflicto entre gobiernos, aunque ya lleva tiempo en puja y no ve resoluciones.
Alivio impositivo. El bloque de Cristian Ritondo también pidió por la baja del impuesto a los combustibles y una reducción de la alícuota del IVA al huevo, pasando del 21% al 10,5%, tal como piden sectores de la industria avícola.
Transparencia en obras. Reclaman la publicación detallada de inversiones, plazos, tarifas e informes trimestrales sobre el avance de obras -con foco en rutas nacionales- y el costo fiscal de las concesiones.
Freno al dictamen y fechas en duda. El PRO advirtió que no acompañará el proyecto oficialista hasta no destrabar estos puntos; la sesión, prevista inicialmente para el 18 de noviembre, podría postergarse al 25 debido a las negociaciones y la visita del papa León XIV.
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- Acuerdos. El oficialismo modificó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por Milei para asegurar el respaldo de bloques dialoguistas y dictaminar este martes pasadas las 17. "Es nuestra prioridad", mencionaron del bloque de Diputados.
- Límites a las sanciones. Se acotaron las prohibiciones dirigidas a proveedores y accionistas de empresas que exploten recursos naturales en las islas sin autorización del Estado argentino.
- Control parlamentario. El Congreso sumará facultades de supervisión y se creará una Comisión Bicameral de Seguimiento (cuatro diputados y cuatro senadores) a la que el Consejo de Seguridad Nacional deberá reportar sus medidas en un plazo de 48 horas.
- Cambios en el artículo 111. El mismo reprime con cárcel ciertos actos contra el Estado; se cambió la figura de "desinformación masiva" por la de "campaña de injerencia extranjera", explicitando que no afectará el trabajo periodístico, académico ni diplomático, aunque mantendrá penas de 5 a 12 años de prisión.
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