AySA: cómo será el esquema de privatización y qué va a pasar con las tarifas
La medida, anticipada el jueves por el ministro de Economía, Luis Caputo, prevé una ejecución de etapa múltiple, con estrictos criterios técnicos, financieros, patrimoniales y legales, garantizando un proceso competitivo orientado a obtener las mejores ofertas del mercado.
ElMinisterio de Economía lanzó este viernes la Licitación Pública Nacional e Internacional para la venta y trasferencia del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) de titularidad del Estado Nacional.
La medida, anticipada el jueves por el ministro Luis Caputo prevé una ejecución de etapa múltiple, con estrictos criterios técnicos, financieros, patrimoniales y legales, garantizando un proceso competitivo orientado a obtener las mejores ofertas del mercado, según remarcaron desde la cartera nacional.
"La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos", enfatizó el titular del área en redes sociales.
¿Cómo será el esquema de privatización de AySA y quiénes podrían quedarse con las acciones?
Según se desprende del llamado a Licitación Pública, el Estado nacional venderá el 90% de las acciones que hoy posee en AySA. El 10% restante quedaría en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada (PPP).
Con un valor base estimado en US$ 500 millones, el proceso de transferencia será coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada para implementar la reorganización de las compañías estatales.
Ministerio de Economía
La operación se desarrollará en dos etapas: la primera consistirá en la venta de al menos el 51% a un “operador estratégico”, mientras que la segunda se realizará mediante la colocación del resto del paquete accionario en el mercado a través de una oferta pública.
El cronograma para la presentación permanecerá abierto hasta el 27 de agosto, fecha en la que también se llevará a cabo la apertura de sobres correspondiente a la cuota inicial. Luego, se continuará con la etapa de precalificación, la evaluación de las propuestas económicas y posterior adjudicación.
AySa
El convenio estipula una concesión de 30 años, prorrogable por otros 10, redefiniendo las obligaciones de inversión y estableciendo nuevas reglas tarifarias, con una mayor adecuación a los costos reales y una menor carga de subsidios estatales.
“La incorporación de dicho operador estratégico permitirá fortalecer la capacidad de inversión, asegurar la modernización de la infraestructura y consolidar un esquema sostenible y previsible para la prestación del servicio público de agua potable y saneamiento, garantizando la continuidad, expansión y mejora de la calidad del servicio”, señaló el Ministerio de Economía a través de un comunicado oficial.
AySA forma parte de las ocho empresas que el Gobierno busca privatizar en el marco de la reglamentación de la Ley Bases. Desde el primer semestre de 2024, la compañía atraviesa un fuerte proceso de reordenamiento interno, con reducción de subsidios, aumento de tarifas, recorte de obras y disminución de personal, con el objetivo de concretar su transferencia con superávit.
Tras casi tres décadas de operación, la mina extendió su vida útil mucho más allá de lo previsto, impulsó empleo, exportaciones y desarrollo local, y se convirtió en el eje económico de Puerto San Julián. Con un cierre progresivo ya aprobado y nuevas exploraciones en marcha, el foco empieza a correrse: cuánto del entramado productivo generado puede sostenerse cuando la actividad deje de ser el motor principal.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Nuevo centro comercial en Recoleta. Prevé abrir sus puertas en los próximos meses en el predio del ex Buenos Aires Design, contando con 30.000 metros cuadrados, 110 locales y 30 propuestas gastronómicas.
Llegada de etiquetas inéditas al país. Firmas internacionales como Stella McCartney, Off-White, Golden Goose, Palm Angels, Scotch & Soda, Dsquared2 y Mandarina Duck tendrán por primera vez locales en la Argentina.
Moda automotriz y un esperado regreso. Maserati estrenará un espacio exclusivo destinado a su línea de indumentaria y accesorios, mientras que la firma francesa de trajes de baño Vilebrequin volverá a operar en el país.
Impulso importador y capitales nacionales. La llegada de estas grandes marcas globales se da en el marco de la reciente apertura de importaciones, dentro de un proyecto financiado por el grupo argentino Hatzlaja.