El RIGI como catalizador del hub energético en el Golfo San Matías
La aprobación del RIGI para el Gasoducto San Matías asegura la infraestructura crítica para conectar Vaca Muerta con los mercados globales de GNL.
La reciente aprobación del ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto del Gasoducto San Matías representa el hito regulatorio más importante para la monetización de Vaca Muerta.
Este permiso, otorgado específicamente para el componente de transporte operado por San Matías Pipeline S.A., contempla una inversión de 1.300 millones de dólares. Es la pieza que faltaba para cerrar el círculo legal y financiero del esquema exportador masivo liderado por el consorcio Southern Energy (SESA).
Infraestructura técnica: el gasoducto San Matías
El proyecto consiste en una obra de ingeniería dedicada exclusivamente al mercado externo. El gasoducto actuará como el "brazo umbilical" entre la formación Vaca Muerta y las unidades de licuefacción flotantes (FLNG) en la costa rionegrina, conectando Tratayén (Neuquén) con la costa atlántica de Río Negro.
Se trata de un ducto de 472,5 kilómetros de extensión y 36 pulgadas de diámetro, con una capacidad nominal de transporte de 28 millones de metros cúbicos diarios (MMSMCD). La mayor parte del trazado (443,5 km) se desarrollará en territorio rionegrino.
La construcción de la línea principal fue otorgada a la UTE Sicim (Italia) - Víctor Contreras (Argentina), mientras que la Planta Compresora Allen (46.000 HP) será ejecutada por la firma OPS. La provisión de los caños estará a cargo de la empresa india Welspun.
Para minimizar el impacto ambiental en el Golfo San Matías, se empleará perforación horizontal dirigida para cruzar el río Negro, instalando el ducto a dos metros bajo el lecho. Es una técnica de construcción que permite instalar ductos sin necesidad de excavar una zanja abierta en la superficie o en el fondo del agua.
En lugar de "cortar" el río por arriba, maquinaria pesada se ubica en las orillas y excava un túnel curvo subterráneo que pasa por debajo de todo el ancho del cauce (que en esa zona es de aproximadamente 240 metros). El ducto se introduce a través de ese túnel, por lo que nunca entra en contacto directo con el agua del río durante la instalación.
Impacto económico y proyecciones de mercado
El objetivo central de este gasoducto "dedicado" es el abastecimiento continuo a las instalaciones de licuefacción ubicadas en el Golfo San Matías.
El gas será procesado por dos Unidades Flotantes de Licuefacción (FLNG) denominadas Hilli Episeyo (operativa en 2027) y MKII (operativa en 2028). Estas plantas convertirán el gas natural en líquido para su despacho en buques metaneros.
Se estima que el sistema habilitará ventas anuales al exterior por aproximadamente 2.500 millones de dólares iniciales, con potencial de alcanzar los 20.000 millones de dólares totales hacia el año 2035.
El proyecto total: la visión a 20 Años
El "Proyecto Total" es el paraguas industrial de Southern Energy S.A. (consorcio de YPF, PAE, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG) que busca transformar el gas natural en un activo financiero global.
Mientras el gasoducto demanda U$S 1.300 millones, el proyecto integral de SESA prevé una inversión superior a los 15.000 millones de dólares en 20 años.
La ubicación de las terminales en Punta Colorada y Fuerte Argentino aprovecha las profundidades naturales del golfo (superiores a 40 metros), permitiendo la operación de buques de gran porte (VLCC) sin necesidad de dragado constante.
Este esquema, posiciona a la Argentina no solo como un productor de gas, sino como un proveedor confiable a largo plazo para mercados críticos como Europa, garantizado por contratos de venta ya firmados, como el acuerdo con la alemana SEFE.
Impacto socioeconómico y rentabilidad provincial
Para la provincia de Río Negro, el proyecto no es solo una obra de paso, sino un motor de ingresos directos y empleo.
La provincia percibirá un pago inicial de 36 millones de dólares como aporte comunitario, sumado a otros 55 millones de dólares en 20 años por tasas, regalías y cánones.
Se prevé la creación de 1.500 puestos de trabajo en los picos de construcción y unos 1.900 empleos directos e indirectos totales para la fase operativa.
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- Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
- Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
- Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
- El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
- Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
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