El jueves al mediodía se espera que los empresarios del transporte intenten destrabar la millonaria deuda que tiene el Gobierno con el sector y lo que disparó una reducción de la frecuencia de entre el 20% y el 40% en las líneas de colectivos que recorren en AMBA. Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el presidente Luciano Fusaro dice que el oficialismo -hasta ahora- solo respondió con que "no hay plata". Esa lógica, si se extiende, puede generar una crisis muy profunda que terminará por complicarles más la vida a los usuarios.
Los números de la historia son los siguientes. El Estado Nacional les debe a los empresarios $100.000 millones adeudados. La Provincia de Buenos Aires otros $30.000 millones. Desde la jurisdicción de Axel Kicillof, dicen los empresarios, ya tienen la promesa de que cancelarán la deuda esta semana. Pero no se llevaron la misma promesa desde el Gobierno nacional y, cuentan, que hay mucha reticencia por un tema de la caja fiscal.
Subsidios y tarifas
"El escenario de 'no hay plata', en realidad termina siendo el escenario que venimos atravesando ya desde hace bastante tiempo, lo cual es la continuidad de lo mismo. Y la continuidad de lo mismo es menos frecuencias", advirtió Fusaro.
El sector de colectivos enfrenta una crisis que se agravó tras la pandemia y el aumento del precio del gasoil, que subió 25% y desajustó la estructura de tarifas y subsidios. Aunque las tarifas suben, solo benefician al Estado al reducir subsidios, mientras las empresas reciben lo mismo y enfrentan deudas: como se dijo, hay $130.000 millones impagos, principalmente de Nación.
Y, además de eso, lo que termina de agravar toda la situación es que en esos subsidios, que son para la tarifa, es apenas el 37% de los ingresos de las empresas. El subsidio restante, que es dos tercios de los ingresos de las empresas, se empezó a pagar con demora.
Mientras tanto, Diego Santilli espera a ser confirmado como primer candidato de LLA en Provincia.
Boleto mínimo y gasoil
Sin subsidios del Estado, el boleto se triplicaría y debería valer más de $2.000 el boleto mínimo. Algo, por ahora, políticamente inviable.
Esto genera menos servicios, frecuencias reducidas, pérdida de pasajeros y afecta negativamente a la economía vinculada al transporte, con caída del empleo y peores condiciones para usuarios y trabajadores.
El gasoil, en poco tiempo, pasó de $1.740 el litro a $2.100 el litro. El gasoil es el segundo insumo más importante después de la mano de obra. Y toda la estructura de tarifas y subsidios que financia la red de colectivos está basada en un precio del gasoil de $1.700.
La salida de la crisis
"El verdadero milagro es que aún circula el 80% de los colectivos pese a la falta de fondos", acota Fusaro. El Gobierno dice que no hay plata y no puede subir la tarifa porque impacta en la inflación y el salario. "Estamos en medio de una situación sin solución clara: no hay recursos, no se puede trasladar el costo al usuario, y nos piden pensar un sistema de transporte acorde a lo que se pueda pagar, pero eso es muy ambiguo", comentó el presidente de AAETA.
La falta de plata en el sistema de colectivos ya es una realidad desde hace tiempo: menos unidades, menos frecuencias, líneas cerradas y pérdida de empleos. Si la situación sigue igual, el servicio seguirá deteriorándose, con menos colectivos y más demoras.
Algunos definidos con base en el último registro de variación del IPC medido por el INDEC, mientras que otros postergados de meses previos, como los impuestos a los combustibles.
Los beneficios, que se distinguen según la modalidad de pago y el tope máximo de devolución, permitirán a millones de usuarios amortiguar la última actualización de precios de hasta un 4,9% en los valores tarifarios.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Nuevo centro comercial en Recoleta. Prevé abrir sus puertas en los próximos meses en el predio del ex Buenos Aires Design, contando con 30.000 metros cuadrados, 110 locales y 30 propuestas gastronómicas.
Llegada de etiquetas inéditas al país. Firmas internacionales como Stella McCartney, Off-White, Golden Goose, Palm Angels, Scotch & Soda, Dsquared2 y Mandarina Duck tendrán por primera vez locales en la Argentina.
Moda automotriz y un esperado regreso. Maserati estrenará un espacio exclusivo destinado a su línea de indumentaria y accesorios, mientras que la firma francesa de trajes de baño Vilebrequin volverá a operar en el país.
Impulso importador y capitales nacionales. La llegada de estas grandes marcas globales se da en el marco de la reciente apertura de importaciones, dentro de un proyecto financiado por el grupo argentino Hatzlaja.