La provincia norteña decidió no pagar 26 millones de dólares en bonos. Los acreedores demandan en EE.UU. mientras el gobernador busca instancias de negociación
El Gobierno de la Provincia de La Rioja, bajo la administración de Ricardo Quintela, anunció que no cumplirá con los pagos de sus bonos internacionales que vencían este lunes, ampliando así el conflicto con sus acreedores. Este impago se suma a una serie de dificultades que la provincia enfrenta en relación con su deuda, y ha llevado a los bonistas a recurrir a los tribunales de Nueva York para reclamar el cumplimiento de las obligaciones financieras.
El incumplimiento de este lunes se refiere a un vencimiento de 26 millones de dólares, la misma cantidad que marcó el inicio de la disputa en febrero de este año. En esa ocasión, La Rioja había optado por pagar únicamente los intereses y había comunicado que comenzaría un proceso de reestructuración de su deuda. La provincia argumentó que se encontraba en una situación fiscal complicada, lo que motivó su decisión de reestructurar.
El bono en cuestión es un título emitido en dólares en 2017 para financiar un parque eólico. La Rioja fue una de las provincias argentinas que accedió al mercado internacional de deuda durante el gobierno de Cambiemos, cuando una docena de provincias realizaron colocaciones de bonos en moneda extranjera. La emisión riojana inicialmente consistió en 200 millones de dólares en febrero de 2017, y se añadió una segunda emisión de 100 millones de dólares en agosto del mismo año, con una tasa de interés del 9,75% anual.
En 2021, el bono fue reestructurado, en un proceso paralelo al que llevó a cabo la Nación con sus títulos públicos. La reestructuración redujo la tasa de interés del bono al 3,5% con un incremento gradual hasta llegar al 8,5% en 2028.
Desde el primer incumplimiento en febrero, La Rioja ha iniciado un proceso formal de renegociación con sus acreedores. Sin embargo, a pesar de las conversaciones en curso, no se ha logrado alcanzar un acuerdo. La administración provincial ha reiterado que la negociación continúa, aunque aún está lejos de un arreglo definitivo.
En respuesta al impago, los bonistas, organizados por el bufete Quinn Emanuel Urquhart y Sullivan, han llevado el caso a los tribunales de Nueva York, como lo estipula el contrato del bono. En su demanda, los bonistas acusaron al gobierno de Quintela de un “desprecio temerario” hacia sus obligaciones financieras, lo que afecta negativamente a la inversión y a la actividad económica en la provincia. Además, señalaron que La Rioja es la única provincia que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales entre las que reestructuraron bonos durante 2021.
El gobierno provincial ha atribuido su incapacidad de pago a una serie de factores económicos adversos. La alta inflación, la devaluación del peso en diciembre, y un ajuste fiscal que ha reducido las transferencias desde la Nación han exacerbado la situación financiera de La Rioja. La provincia argumenta que la contracción económica y la alta inflación han reducido significativamente la recaudación fiscal, complicando su capacidad de cumplir con las obligaciones financieras.
A lo largo del año 2024, se espera que las provincias argentinas enfrenten una serie de pagos de deuda significativa, con un total estimado de 1.955 millones de dólares, de los cuales La Rioja ha incumplido al menos 26 millones hasta la fecha. Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro, Salta y Chubut también tienen vencimientos importantes, con Buenos Aires enfrentando la carga de intereses más pesada.
Los bonistas han criticado severamente la gestión financiera de La Rioja, calificando el incumplimiento de la provincia como “oportunista”. En su presentación judicial, los bonistas destacaron que, a pesar de tener un superávit presupuestario del 11% de los ingresos, La Rioja no ha pagado su deuda. Además, la provincia utilizó gran parte de los ingresos de los bonos verdes para financiar el parque eólico a través de la empresa Parque Eólico Arauco S.A., que fue vendida a Vientos de Arauco Renovables por 171 millones de dólares. A pesar de estos ingresos, la provincia no ha cumplido con sus pagos.
El conflicto ha llevado a varios cruces entre el gobernador Quintela y el presidente Javier Milei, con la provincia reclamando a la Casa Rosada 9.300 millones de pesos y el caso llegando a la Corte Suprema. Quintela también ha solicitado autorización para emitir hasta 25.000 millones de pesos en cuasimonedas para afrontar la crisis, y ha anunciado la entrega de un bono de 50.000 pesos a los empleados estatales.
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