Corredores Viales fue creada en 2017 y actualmente opera en 13 provincias
Corredores Viales gestiona casi 6.000 kilómetros de rutas y autopistas en 13 provincias. El Gobierno avanzará con su disolución en un plazo de 12 meses.
A través de la Resolución 1284/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía formalizó el inicio del proceso de privatización total de Corredores Viales SA, la empresa estatal que administra más de 5.800 kilómetros de rutas y autopistas nacionales. El Gobierno prevé completar el traspaso a concesionarios privados en un plazo máximo de 12 meses, tras lo cual la compañía será disuelta y liquidada.
La medida se enmarca en el programa de reforma del Estado contemplado en la Ley 27.742 y ejecutado mediante el Decreto 97/2025. La privatización se realizará bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, sin programa de propiedad participada ni beneficios especiales para el personal.
Corredores Viales SA fue creada en 2017 y actualmente opera en 13 provincias, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Salta. Gestiona 10 tramos de rutas concesionadas y presta servicios asociados a la explotación vial, como áreas de servicio y control de pesaje.
Según el informe de ejecución presupuestaria al primer trimestre de 2025, la empresa mostró una mejora significativa en sus resultados económicos y financieros. Registró ingresos corrientes por $60.708 millones, con un crecimiento del 123,9% interanual, impulsado por la recaudación en peajes (más de 43 millones de tránsitos pagantes) y actividades complementarias.
Los gastos corrientes ascendieron a $58.112 millones, lo que igualmente permitió alcanzar un superávit económico de $2.595 millones en el trimestre. A su vez, el resultado financiero también fue positivo en $5.202 millones, revirtiendo el déficit de igual período del año anterior.
La empresa contaba al 31 de marzo con 3.734 empleados, lo que representa una reducción de 379 puestos en comparación con 2024. El stock de deuda ascendía a $11.854 millones, principalmente por obligaciones comerciales.
La resolución firmada por el ministro Luis Caputo, quien aseguró que las privatizaciones ayudarán a sumar dólares a las reservas, instruye a la Secretaría de Transporte a iniciar los procedimientos para extinguir los contratos vigentes, reconfigurar los tramos a concesionar y elaborar la documentación técnica y contractual. También se ordena realizar tasaciones de los bienes y de los flujos esperados de explotación vial, y confeccionar un inventario completo del patrimonio de la firma.
El proceso licitatorio se llevará adelante mediante la plataforma CONTRAT.AR y será coordinado con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, que también intervendrá en la etapa final de disolución y liquidación de la sociedad.
La privatización de Corredores Viales SA forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para reducir la participación estatal en empresas públicas. Entre los procesos ya iniciados o en curso, se destacan tres casos relevantes:
AySA. A través del Decreto 494/2025, el Poder Ejecutivo autorizó la venta del 90% del capital accionario de Aguas y Saneamientos Argentinos, la operadora estatal de servicios de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El plan contempla la transferencia del 51% a un operador privado y la colocación del 39% restante en los mercados bursátiles. La compañía logró revertir su déficit operativo en 2024 y cerró el año con un superávit de $104.000 millones.
Represas del Comahue. También está en marcha el proceso de privatización de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicados en Neuquén y Río Negro. La licitación fue abierta por la Secretaría de Energía a través de la plataforma CONTRAT.AR y prevé adjudicar la operación antes de fin de año. El Gobierno espera recaudar unos US$ 500 millones, bajo un esquema que contempla regalías a las provincias y condiciones de seguridad operativa.
Impsa. En enero, el Estado concretó la venta del 85% de la empresa metalúrgica Impsa a la firma estadounidense Arc Energy, en una operación valuada en US$ 27 millones. El Estado retuvo una participación minoritaria del 15%. La compañía arrastraba una deuda cercana a los US$ 600 millones y había sido parcialmente estatizada en 2021.
Con estos procesos en curso, el oficialismo avanza con su programa de desinversión estatal, mientras busca contener el déficit fiscal y dinamizar sectores considerados estratégicos mediante capital privado.
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