Aysa
Este viernes, Manuel Adorni anunció el inicio de la privatización de Aysa. La empresa tuvo superávit por $51.745 millones en el primer trimestre del año.
El Gobierno nacional anunció este viernes 18 de julio el inicio del proceso para privatizar AySA. La empresa estatal, que provee servicios de agua potable y saneamiento en el área metropolitana de Buenos Aires, es una de las que ingresó en la Ley Bases como compañía a privatizar.
Según detalló el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa desde Casa Rosada, el plan contempla transferir el 90% del capital accionario al sector privado, a través de una licitación nacional e internacional y una oferta pública inicial, conservando el 10% restante en manos de los empleados bajo el Programa de Propiedad Participada.
Adorni justificó la decisión con un diagnóstico severo: desde su estatización en 2006, AySA habría requerido aportes estatales por 13.400 millones de dólares, y durante ese período se habría producido un “fuerte deterioro” en su infraestructura, un incremento del 90% en su dotación de personal y un salto en la morosidad de los usuarios, que pasó del 4% al 16%. Sin embargo, los datos oficiales de ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2025 muestran una imagen bastante distinta, con señales claras de recuperación económica y financiera por parte de la compañía, lo que podría favorecer las posibilidades de conseguir un comprador rápidamente.
Según el informe de la Secretaría de Hacienda, AySA logró revertir sus números con fuerza en el arranque del año. El resultado económico, que había sido negativo en más de $73.200 millones durante el primer trimestre de 2024, se transformó en un superávit de $51.745 millones, lo que representa una mejora interanual del 170%. En paralelo, el resultado financiero también mostró un cambio drástico: de un rojo de $136.889 millones, pasó a un déficit mucho más acotado de $10.420 millones, una mejora del 92%.
La mejora se explica principalmente por el fuerte aumento de los ingresos corrientes, que alcanzaron los $319.171 millones, lo que representa un incremento del 269% respecto al mismo período del año anterior.
La mayor parte de esos ingresos provino de la producción de agua liberada a la red, lo que muestra una mayor eficiencia operativa y una mejor recuperación de la facturación. Los gastos también crecieron, pero a un ritmo mucho menor: los gastos corrientes sumaron $267.425 millones, un alza del 67%. Dentro de ese monto, se destacan $60.477 millones en remuneraciones y más de $94.000 millones en bienes y servicios.
A nivel de inversiones, la empresa también mantuvo un ritmo elevado. Al 31 de marzo, se habían ejecutado proyectos por $65.390 millones, destinados principalmente a obras de mejora, mantenimiento, expansión de redes y grandes proyectos estructurales como el Sistema Riachuelo y la ampliación en Bernal y Río Sur.
Otro dato relevante que contrasta con las críticas oficiales es la evolución de la dotación de personal. Lejos de haber crecido, la cantidad de empleados bajó un 16% en términos interanuales: pasó de 7.473 a 6.267 trabajadores.
Todas estas cifras muestran una empresa mucho más sólida que años anteriores. Por lo tanto, es un momento donde puede resultar más atractiva de cara a inversores privados.
La decisión del Gobierno de avanzar con la privatización de AySA se enmarca dentro de lo aprobado en la Ley Bases, que incluye una lista acotada de empresas públicas sujetas a distintos tipos de traspasos al sector privado. Para conseguir la aprobación parlamentaria, el oficialismo debió reducir drásticamente la cantidad de compañías incluidas: de un listado inicial de 41, finalmente quedaron apenas seis con posibilidad de privatización, más otras dos habilitadas para recibir capital privado.
Según el texto final aprobado por el Congreso, se autorizó la privatización total de Enarsa e Intercargo. En tanto, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales SA podrán ser privatizadas de manera parcial, con posibilidad de concesión.
Por fuera de ese esquema, el proyecto también abre la puerta al ingreso de capital privado en Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y en Yacimiento Carboníferos Fiscales, aunque bajo un esquema de propiedad participada.
Durante el tratamiento legislativo, el Gobierno aceptó excluir del artículo de privatizaciones a tres empresas emblemáticas: Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA), tras las modificaciones introducidas en comisión en el Senado.
El capítulo de la Ley Bases que regula las privatizaciones establece que estos procesos deberán respetar principios como la transparencia, la publicidad, la competencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Además, el control del proceso estará a cargo de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, con la colaboración de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), y la intervención posterior de la Auditoría General de la Nación, que deberá emitir un informe final.
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