El proyecto Vicuña es el más ambicioso dentro del RIGI.
El acuerdo entre Vicuña Corp. y San Juan establece un adelanto de fondos para obras de infraestructura cinco años antes del inicio de la producción del proyecto de cobre.
El desarrollo del Proyecto Vicuña se basa en una alianza corporativa estratégica consolidada a principios de 2025. El 15 de enero de ese año, BHP Investments Canada Inc. y Lundin Mining Corporation completaron la adquisición de Filo Corp., sociedad que cotiza en la Bolsa de Toronto y que controla el 100% del proyecto de cobre Filo del Sol (FDS).
Para coordinar este activo junto con el yacimiento de cobre Josemaría, ambas compañías crearon la empresa conjunta Vicuña Corp. en Canadá, de la cual poseen una participación del 50% cada una.
La magnitud del proyecto quedó alcanzada por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). A fines de julio de 2026, el Ministerio de Economía de la Nación aprobó la solicitud de adhesión de Vicuña Argentina S.A. al régimen, clasificando la iniciativa como un Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) dentro del sector minero.
El plan contempla la extracción, producción y exportación de cobre, oro y plata de los yacimientos de Josemaría y Filo del Sol, ubicados en la provincia de San Juan, además de la exploración de concesiones y el desarrollo de infraestructura vinculada al proyecto.
La inversión total declarada por la compañía asciende a U$S 9.737.014.000. Esta cifra se ejecutará en dos fases de activos computables: la Etapa 1, desde julio de 2024 hasta fines de 2026, contempla un gasto de U$S 1.128.882.650, mientras que la Etapa 2, desde enero de 2027 hasta finales de 2031, demandará U$S 7.895.849.631.
El compromiso establece además diciembre de 2028 como fecha límite para alcanzar el monto mínimo de inversión requerido por el marco del RIGI.
En este contexto, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y el CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, firmaron un convenio que establece un adelanto financiero de U$S 250 millones destinado exclusivamente a obras públicas provinciales de carácter vial, hídrico y de saneamiento.
El punto central del acuerdo es que los fondos serán desembolsados al menos cinco años antes del inicio de la producción comercial de la mina.
El aporte estará compuesto por fondos fijos, no reembolsables y no compensables (o no acreditables). El desembolso total del anticipo está previsto para fines del cuarto trimestre de 2026.
El convenio también establece un esquema de previsibilidad fiscal a largo plazo. Por un lado, fija el régimen de regalías provinciales en un 3% sobre la facturación bruta del proyecto durante toda su vida útil.
Además, en línea con lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental, se creará un fideicomiso de infraestructura pública que comenzará a recibir aportes a partir del sexto año de operaciones comerciales. El fondo contará con un aporte equivalente al 1,5% de la facturación bruta del yacimiento y será administrado y auditado por el gobierno de San Juan.
El adelanto de U$S 250 millones funcionará, en términos prácticos, como un pago anticipado equivalente a los primeros cinco años de ese flujo financiero, que representaría un promedio de U$S 50 millones anuales.
Tanto las regalías del 3% como el aporte adicional del 1,5% al fideicomiso se calcularán sobre la facturación bruta real del proyecto y no sobre el valor de referencia "boca de mina", que suele ser inferior luego de descontar costos de procesamiento y transporte.
Según trascendió a través de informes del sector y reconstrucciones periodísticas, las negociaciones, que se extendieron durante más de 18 meses en ciudades como Toronto, Vancouver, Nueva York, Santiago de Chile, Buenos Aires y San Juan, permitieron resolver una disputa administrativa vigente desde 2022 vinculada con la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.
El acuerdo también contempla que Vicuña Corp. financiará con recursos propios, por fuera del aporte de U$S 250 millones, obras de infraestructura necesarias para su operación futura.
Entre ellas se incluyen la construcción de una línea eléctrica de alta tensión de 500kV y el trazado vial del Corredor Norte, que conectará la localidad de Angualasto con el emplazamiento minero.
Para completar el proceso, el convenio firmado con el gobierno de San Juan deberá ser enviado a la Cámara de Diputados provincial para su tratamiento y posterior ratificación legislativa.
El pedido de acceso prioritario presentado por Vicuña para abastecer el proyecto Josemaría enfrenta la oposición de San Juan y de otras empresas mineras.
Con la aprobación del plan de expansión de la infraestructura eléctrica por parte del ENReGE, el Ministerio de Economía formalizó la incorporación del proyecto al régimen especial.
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