El mismo funcionario reculó: “Fue poco feliz, sin duda, pero más como la levantaron los medios. No fue la intención. Este Gobierno cuida a los más humildes, le mantiene los subsidios a los más humildes, no le estamos diciendo al que no puede pagar el gas arregláte, abrigate y hacé lo que quieras”, dijo a Radio Mitre.
Lo cierto es que el debate por los costos de los servicios públicos es algo instalado. Mientras que la inflación en la era Milei supera levemente el 300%, los precios de los servicios aumentaron alrededor de 1.000%. Triplicaron la inflación.
Tarifas y salarios
Pero este dato esconde que para muchos hogares, el costo de los servicios públicos hace que cada vez más peso tenga en sus ingresos, que obviamente no aumentaron a la par. “La recomposición tarifaria redujo el ingreso disponible de los hogares, especialmente en los de menores ingresos, donde los servicios públicos ya absorben cerca del 20% del ingreso familiar”, sostuvo un informe de Fundación Capital, la consultora de Martín Redrado.
La odiosa comparación dice que en diciembre de 2023, antes de que asumiera Javier Milei, las facturas ocupaban el 4,3% de ese salario promedio registrado. Actualmente representan el 10,7% (más del doble).
Para Fundación Capital, “de cara al segundo semestre, el escenario más probable combina una recomposición real moderada de los salarios, pero con una dinámica del ingreso disponible aún condicionada por la evolución tarifaria”.
Las cuentas de Martín Redrado
En los hogares con ingresos medios-altos que no reciben subsidios energéticos, como aquellos con ingresos de $4.500.000, el pago de servicios públicos en junio representó cerca del 6% del ingreso familiar, 1,6 puntos más que en junio de 2025 y muy superior al 2% registrado en diciembre de 2023. Si se toma como referencia un hogar con el ingreso promedio del decil 10, casi $7.000.000, la proporción destinada a servicios públicos es aún menor: alcanzó el 3%.
Entre los hogares de ingresos medios, una familia con $1.500.000 mensuales asignó aproximadamente el 14% de su salario al pago de servicios públicos, 1,7 puntos más que un año antes y más del doble respecto a diciembre de 2023, cuando era el 7%. Una situación similar se observó en hogares con un sueldo medio del sector formal ($2.200.000), donde el gasto en servicios alcanzó el 10,7%, 1,6 puntos por encima del año previo y casi triplicando el 3,8% de diciembre de 2023.
En los segmentos de menor poder adquisitivo, el impacto del aumento de tarifas fue incluso mayor. El informe de Fundación Capital dice que una familia cuyos ingresos equivalen a dos salarios mínimos ($735.600 en junio) destinó el 22% de sus ingresos al pago de servicios públicos, lo que representa un aumento de 5,7 puntos porcentuales respecto a un año atrás y una cuadruplicación frente al 5,3% de diciembre de 2023.
El ajuste que falta
El ajuste y la quita de subsidios aún no terminó. Al gas y a la luz aún les queda un ajuste promedio de 30% en las boletas para alcanzar la cobertura total de costos, mientras que las tarifas de agua ya no cuentan con subsidios (quedando el atraso en 0%) y el transporte público presenta el mayor margen por corregir, con casi un 70% de subsidio vigente.
Luz y Gas:Se está pagando en promedio el 70% del costo real, lo que implica que todavía resta trasladar un 30% a los usuarios. Para mitigar el impacto, el Gobierno aplica actualizaciones mensuales indexadas a la inflación, además de los ajustes progresivos en los cuadros tarifarios (con incrementos que rondan el 3% mensual).
Agua y Cloacas (AySA): Se considera que el ajuste hacia la tarifa plena ya fue completado, por lo que las boletas solo se actualizan mensualmente por el índice de inflación.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).
