El Banco Central que quiere Javier Milei sería de los más restrictivos de América Latina
El proyecto oficial de reforma del BCRA lo dejaría como la única entidad de su tipo de la región con responsabilidad penal para sus directores y uno de los pocos enfocado únicamente en la inflación.
Según un cuadro comparativo realizado por Juan Manuel Telechea, director de T+1 (consultora económica), tomando la reforma que ya explicó el presidente y comparándola con la que hay en otro países, mientras Uruguay, Brasil y Chile definen mandatos duales que combinan el control de la inflación con la estabilidad financiera (o con "objetivos secundarios" en el caso brasileño), Argentina y Colombia mantienen un mandato acotado a la inflación exclusivamente. La diferencia no es menor: un mandato dual habilita al banco central a intervenir con más margen ante corridas cambiarias, problemas de liquidez bancaria, tasas de interés u otros aspectos que impacten en la economía sin que eso implique salirse de su objetivo estatutario. Argentina, en cambio, quedaría con menos herramientas "legitimadas" para ese tipo de intervenciones.
Sin emisión para el déficit fiscal
En el punto que más desvela a la city porteña —el financiamiento monetario del déficit— Argentina, Brasil y Chile comparten la prohibición explícita de adelantos directos al Tesoro. Uruguay es la excepción regional al permitirlo, aunque con un tope. Colombia lo prohíbe salvo decisión unánime, una válvula de escape que no existiría en la ley argentina.
Sin embargo, hay un matiz relevante: la compra de títulos públicos en el mercado secundario está permitida en Argentina, aunque con una salvedad (en referencia a las restricciones específicas introducidas tras la reforma de la Carta Orgánica). Uruguay, Brasil y Colombia lo permiten sin condicionamientos, mientras que Chile es el más estricto: solo lo autoriza en situaciones excepcionales de crisis de liquidez. Es decir, en el papel, el Banco Central de Chile tiene menos margen que el argentino para esta vía de financiamiento indirecto.
Un dato curioso es que Chile es el único país del grupo donde el uso de ganancias contables del banco central está directamente prohibido, mientras que Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia constituyen con ellas un fondo de reserva. Pero dentro de ese grupo, Argentina y Brasil comparten una restricción adicional que Uruguay y Colombia no tienen: las ganancias realizadas solo pueden destinarse al pago de deuda pública, no a otros usos discrecionales.
Qué pasa con el directorio del BCRA
Acá aparece uno de los contrastes más significativos. Brasil, Chile y Colombia diseñaron mandatos escalonados para sus autoridades monetarias, un mecanismo clásico para evitar que un solo gobierno controle la totalidad del directorio y así blindar al organismo de los vaivenes electorales. Argentina y Uruguay, en cambio, no tienen escalonamiento: el board se renueva de forma más concentrada según el ciclo político, lo que en la práctica ata más la composición del BCRA al signo del gobierno de turno.
En cuanto a la remoción, Argentina exhibiría el mecanismo más complejo: se requiere el aval de dos tercios del Senado y de Diputados, un umbral más alto que la simple "aprobación del Congreso" que rige en Uruguay o Chile, e incluso más exigente que Brasil, donde la remoción queda en manos directas del Poder Ejecutivo, o que Colombia, donde decide el propio directorio del banco central.
El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Condena penal a los funcionarios
El punto más singular del cuadro de Telechea es que Argentina es el único país de los cinco donde el incumplimiento de deberes por parte de las autoridades del banco central puede derivar en acciones penales. En Uruguay, Brasil, Chile y Colombia esa vía no existe.
Este rasgo tiene lecturas encontradas. Por un lado, refuerza mecanismos de rendición de cuentas ante eventuales abusos de poder. Por otro lado, buena parte de los especialistas en diseño institucional advierte que la amenaza penal sobre decisiones de política monetaria —que por naturaleza involucran juicios técnicos bajo incertidumbre— puede generar un sesgo hacia la inacción o decisiones excesivamente conservadoras por parte de los funcionarios, ante el temor a consecuencias judiciales personales.
El resultado es una Argentina con un banco central que compartirá con la región las prohibiciones más "duras" (financiamiento directo al Tesoro, letras intransferibles), pero que se aparta claramente en los mecanismos que determinan cuánto puede blindarse la autoridad monetaria de la política de corto plazo: mandatos no escalonados, remoción politizada y, sobre todo, la exposición penal de sus funcionarios.
El BCRA está cerrando su mejor semana del mes. A pesar de la mayor demanda por cobertura cambiaria, la entidad compra más dólares. Los números del 2026.
El Presidente criticaría con mucha fuerza a la política y denunciará "el robo" de la clase dirigencial con la entidad monetaria. Los ejes del proyecto.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).
Cártel de Sinaloa (México). Es una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas, que ya ha sido designada como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos.
La Nueva Familia Michoacana (México). Es una organización criminal mexicana que se especializa en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una alarmante expansión regional.
Los Tiguerones (Ecuador). Es un cártel de origen ecuatoriano que se especializa en actividades de narcotráfico y sicariato, siendo una de las organizaciones criminales más violentas de la región.
FARC-EP y EL (Colombia). Son organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda, basadas en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada.
