Mendoza reactiva la minería metalífera con un megaproyecto de cobre bajo el RIGI. PSJ Cobre Mendocino prevé invertir USD 891 millones y se convierte en el caso testigo del nuevo modelo minero provincial tras más de 20 años.
La minería metalífera en Mendoza ha iniciado un cambio de paradigma definitivo. Tras casi dos décadas de parálisis administrativa, el proyecto PSJ Cobre Mendocino (anteriormente San Jorge) ha logrado consolidarse no solo como una operación técnica viable, sino como un Vehículo de Proyecto Único (VPU) bajo el amparo del RIGI, lo que garantiza un blindaje fiscal y cambiario para una inversión de cientos de millones de dólares.
Desde una perspectiva de inteligencia financiera, el proyecto, estructurado como un Vehículo de Proyecto Único (VPU), presenta una métrica de inversión sólida: de los USD 891 millones totales, aproximadamente USD 630 millones se destinarán estrictamente a la construcción de la mina e infraestructura, mientras que el resto cubrirá mantenimiento y cierre.
La adhesión al RIGI garantiza una estabilidad fiscal por 30 años, factor determinante para mitigar el riesgo país y asegurar el fondeo internacional necesario para iniciar la construcción en junio de 2027.
La clave del éxito regulatorio de Minera San Jorge SA (integrada por la suiza Zonda Metals y la argentina Alberdi Energy) radica en su pragmatismo frente a la Ley 7722. Al renunciar al tratamiento de óxidos, que requería lixiviación ácida y centrarse exclusivamente en la flotación mecánica de sulfuros, la empresa obtuvo la primera Declaración de Impacto Ambiental (DIA) metalífera aprobada legislativamente en más de 20 años.
Técnicamente, el avance presentado en Argentina Rocks, el encuentro técnico-estratégico de exploración minera que reunió en Mendoza a especialistas, empresas, inversores y referentes del sector para analizar el potencial geológico del país y los desafíos de los proyectos mineros en sus distintas etapas de desarrollo, confirma que el proyecto apunta a una producción anual de 40.000 toneladas de cobre fino.
La campaña actual de perforación de relleno (infill drilling) busca no solo robustecer el modelo de bloques, sino extender la vida útil de la mina de los 16 años originales a un horizonte de 27 años, optimizando la captura de valor del yacimiento.
Para el analista estratégico, PSJ Cobre Mendocino es el "caso testigo" que valida la nueva política minera de Mendoza. Su viabilidad despeja el camino para el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), donde ya operan firmas como Kobrea Exploration.
El compromiso de destinar el 27% de las contrataciones a proveedores locales (superando el 20% exigido por el RIGI) es el pilar sobre el cual se busca construir la licencia social, transformando la matriz productiva del norte mendocino de una economía de empleo público a una de desarrollo industrial privado.
Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO). Es una iniciativa estratégica de la provincia de Mendoza, diseñada y promovida a través de la empresa estatal Impulsa Mendoza Sostenible, con el objetivo de fomentar la exploración minera responsable en el sur provincial. Se trata de una vasta región de más de 18.000 kilómetros cuadrados con un potencial geológico excepcional, particularmente para la extracción de cobre, mineral crítico para la transición energética global.
El éxito de PSJ en 2026 dependerá de la ejecución quirúrgica de sus compromisos hídricos, operando con descarga cero y recirculando el 80% del recurso y de su capacidad para neutralizar litigios ambientales mediante el Monitoreo Participativo. En un contexto global de transición energética, Mendoza ha dejado de ser una zona de exclusión para convertirse en una frontera de inversión estratégica, con PSJ como su principal laboratorio de factibilidad.
Energía y minería lideran el nuevo mapa de inversiones del país, pero la infraestructura y los costos logísticos aparecen como uno de los principales condicionantes para transformar ese flujo de capital en desarrollo productivo real.
La legisladora cuestionó la norma por ineficaz, perjudicial para las exportaciones y desalineada con la normativa aplicada en el Mercosur.
