El Estado debe $100.000 millones a las empresas de colectivos, que reducen los servicios y esperan una resolución final. Los números de la crisis.
El jueves al mediodía se espera que los empresarios del transporte intenten destrabar la millonaria deuda que tiene el Gobierno con el sector y lo que disparó una reducción de la frecuencia de entre el 20% y el 40% en las líneas de colectivos que recorren en AMBA. Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el presidente Luciano Fusaro dice que el oficialismo -hasta ahora- solo respondió con que "no hay plata". Esa lógica, si se extiende, puede generar una crisis muy profunda que terminará por complicarles más la vida a los usuarios.
Los números de la historia son los siguientes. El Estado Nacional les debe a los empresarios $100.000 millones adeudados. La Provincia de Buenos Aires otros $30.000 millones. Desde la jurisdicción de Axel Kicillof, dicen los empresarios, ya tienen la promesa de que cancelarán la deuda esta semana. Pero no se llevaron la misma promesa desde el Gobierno nacional y, cuentan, que hay mucha reticencia por un tema de la caja fiscal.
"El escenario de 'no hay plata', en realidad termina siendo el escenario que venimos atravesando ya desde hace bastante tiempo, lo cual es la continuidad de lo mismo. Y la continuidad de lo mismo es menos frecuencias", advirtió Fusaro.
El sector de colectivos enfrenta una crisis que se agravó tras la pandemia y el aumento del precio del gasoil, que subió 25% y desajustó la estructura de tarifas y subsidios. Aunque las tarifas suben, solo benefician al Estado al reducir subsidios, mientras las empresas reciben lo mismo y enfrentan deudas: como se dijo, hay $130.000 millones impagos, principalmente de Nación.
Y, además de eso, lo que termina de agravar toda la situación es que en esos subsidios, que son para la tarifa, es apenas el 37% de los ingresos de las empresas. El subsidio restante, que es dos tercios de los ingresos de las empresas, se empezó a pagar con demora.
Sin subsidios del Estado, el boleto se triplicaría y debería valer más de $2.000 el boleto mínimo. Algo, por ahora, políticamente inviable.
Esto genera menos servicios, frecuencias reducidas, pérdida de pasajeros y afecta negativamente a la economía vinculada al transporte, con caída del empleo y peores condiciones para usuarios y trabajadores.
El gasoil, en poco tiempo, pasó de $1.740 el litro a $2.100 el litro. El gasoil es el segundo insumo más importante después de la mano de obra. Y toda la estructura de tarifas y subsidios que financia la red de colectivos está basada en un precio del gasoil de $1.700.
"El verdadero milagro es que aún circula el 80% de los colectivos pese a la falta de fondos", acota Fusaro. El Gobierno dice que no hay plata y no puede subir la tarifa porque impacta en la inflación y el salario. "Estamos en medio de una situación sin solución clara: no hay recursos, no se puede trasladar el costo al usuario, y nos piden pensar un sistema de transporte acorde a lo que se pueda pagar, pero eso es muy ambiguo", comentó el presidente de AAETA.
La falta de plata en el sistema de colectivos ya es una realidad desde hace tiempo: menos unidades, menos frecuencias, líneas cerradas y pérdida de empleos. Si la situación sigue igual, el servicio seguirá deteriorándose, con menos colectivos y más demoras.
Algunos definidos con base en el último registro de variación del IPC medido por el INDEC, mientras que otros postergados de meses previos, como los impuestos a los combustibles.
Los beneficios, que se distinguen según la modalidad de pago y el tope máximo de devolución, permitirán a millones de usuarios amortiguar la última actualización de precios de hasta un 4,9% en los valores tarifarios.
Las subas volverá a presentar un desafío para el comportamiento inflacionario del cuarto mes del año.
La medida impulsada por las cuatro cámaras del sector, responde a la "imposibilidad" de sostener los niveles habituales de frecuencia en un contexto alcista de costos y de "falta de reconocimiento por parte de las autoridades".
Así lo anticipó el director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), Marcelo Pasciuto.
La iniciativa impulsada por las cámaras del sector que operan en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires ya dejó en la jornada del martes postales de largas filas de espera en las puntos de ascenso y descenso de los nodos porteños y del Conurbano.
La medida de fuerza se agrega al escenario de reducción de frecuencia activo desde el miércoles 1° de abril impulsado por las cámaras del sector ante el incremento de los costos para operar.
La iniciativa que afecta a las unidades bajo jurisdicción nacional, suma hoy su tercera jornada consecutiva de demora, mientras que los choferes de otras cuatro pertenencientes a la empresa MOGSM S.A. paralizaron sus servicios en reclamo al retraso en la liquidación de salarios.
"De no mediar definiciones satisfactorias en el corto plazo, se verán en la necesidad de profundizar las medidas de racionalización de los servicios, con el inevitable impacto que ello tendrá sobre la normal prestación", alertaron las firmas a través de un comunicado.
