La Justicia avaló la prohibición de tasas municipales en facturas de servicios públicos
La Justicia avaló la prohibición de tasas municipales en facturas de servicios públicos
Un fallo rechazó los amparos de municipios bonaerenses contra la resolución del Gobierno que impide incluir tasas en facturas de luz y gas.
Lo que importa sobre la prohibición de tasas municipales en facturas de servicios públicos
La Justicia rechazó el amparo del municipio de Tigre contra la resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, que prohíbe incluir tasas municipales en las facturas de luz y gas.
El fallo, emitido por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, respalda la medida impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo.
El juez Oscar Alberto Papavero determinó que la resolución es legal y no vulnera la potestad tributaria de los municipios.
Los municipios tendrán 90 días para definir nuevas formas de cobro de estas tasas sin afectar a los consumidores.
El Gobierno destacó que la decisión busca aliviar la presión impositiva y evitar cargos indebidos en las tarifas de servicios públicos.
Contexto
¿Qué establece la resolución 267/2024 y por qué generó controversia?: La resolución 267/2024, emitida por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, prohíbe que las tasas municipales sean cobradas a través de las facturas de servicios públicos. Hasta ahora, municipios como Tigre incluían conceptos como la Tasa de Alumbrado en la factura de Edenor o la Contribución Especial por el uso de la red de gas en la boleta de Naturgy BAN S.A.. La medida generó rechazo en varios intendentes bonaerenses, que consideraron que afectaba sus ingresos y su autonomía tributaria.
¿Por qué la Justicia rechazó el amparo del municipio de Tigre?: El juez Oscar Alberto Papavero determinó que la resolución no es arbitraria ni ilegal, ya que fue dictada por una autoridad competente dentro de sus atribuciones. Además, consideró que el municipio de Tigre no logró demostrar que la medida afectara sus derechos o desconociera su potestad tributaria. El fallo también subrayó que los municipios tienen la posibilidad de implementar mecanismos alternativos para el cobro de sus tasas sin recurrir a las facturas de servicios públicos.
¿Qué impacto tiene este fallo para el Gobierno nacional?: El fallo es una victoria para el Gobierno, que en los últimos meses había enfrentado varios reveses judiciales en distintas áreas. Luis Caputo, ministro de Economía, celebró la decisión en la red social X, destacando que la Justicia respaldó la iniciativa del Ejecutivo para evitar cobros indebidos en las tarifas de luz y gas. Según Caputo, la resolución busca reducir la presión impositiva y aportar a la lucha contra la inflación al eliminar costos adicionales en los servicios públicos.
¿Qué municipios se habían opuesto a la resolución?: Además de Tigre, otros seis municipios bonaerenses –Hurlingham, Moreno, General Rodríguez, José C. Paz, Ituzaingó y San Martín– presentaron amparos contra la medida, argumentando que vulneraba su autonomía para definir tributos locales. Sin embargo, la Justicia concluyó que la resolución no viola la Constitución ni avasalla las autonomías provinciales.
¿Cómo afecta esta decisión a los consumidores?: El fallo judicial resalta la importancia de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que establece que las facturas de servicios públicos solo deben incluir los cargos correspondientes a los servicios contratados. Además, el incumplimiento de esta norma podría derivar en sanciones para las empresas prestadoras, que deberán garantizar que las boletas reflejen exclusivamente los costos del servicio. En este sentido, el fallo refuerza el derecho de los usuarios a no pagar montos ajenos a su consumo real de electricidad y gas.
Cómo sigue
El fallo otorga un plazo de 90 días para que los municipios implementen nuevas formas de cobro de sus tasas sin incluirlas en las facturas de servicios públicos. Durante este período, las comunas deberán definir mecanismos alternativos que no perjudiquen a los consumidores y que respeten la normativa vigente. El Gobierno, por su parte, insistirá en el cumplimiento de la resolución y en la aplicación de sanciones para las empresas que no se adecúen a la medida.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).
Cártel de Sinaloa (México). Es una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas, que ya ha sido designada como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos.
La Nueva Familia Michoacana (México). Es una organización criminal mexicana que se especializa en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una alarmante expansión regional.
Los Tiguerones (Ecuador). Es un cártel de origen ecuatoriano que se especializa en actividades de narcotráfico y sicariato, siendo una de las organizaciones criminales más violentas de la región.
FARC-EP y EL (Colombia). Son organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda, basadas en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada.
