El país posee yacimientos con leyes superiores pero carece de rutas, electricidad y puertos. La solución más rápida ha sido —al menos hasta ahora— la más incómoda políticamente.
Argentina se consolidó durante 2025 como un país con uno de los mayores potenciales cupríferos del planeta, pero la ausencia de infraestructura básica mantiene enterrados bajo la cordillera más de 63 millones de toneladas de reservas probadas. Según datos de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), ocho proyectos de cobre demandan inversiones superiores a los 22.000 millones de dólares y podrían generar exportaciones por 11.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, la falta de rutas, redes eléctricas de alta tensión y acceso al agua convierten estas cifras en una promesa estancada.
El contraste con Chile resulta elocuente. Mientras el país trasandino participa con aproximadamente el 25% de la producción mundial de cobre y exporta cerca de 57.000 millones de dólares al año en productos mineros, Argentina apenas supera el 1% de la producción global y sus exportaciones mineras totales alcanzaron los 5.400 millones de dólares en 2024. La diferencia no radica en la geología: el Grupo de Estudios Mineros (GEM) determinó que la ley media de los depósitos argentinos es del 0,5%, un 25% superior a la chilena. El problema está en la superficie, no bajo tierra.
Los principales proyectos cupríferos argentinos —El Pachón, Josemaría, Los Azules, Taca Taca y MARA— comparten una característica común: están ubicados a más de 4.000 metros de altura en la Cordillera de los Andes, en zonas prácticamente despobladas y sin infraestructura. Roberto Cacciola, presidente de CAEM, señaló en agosto pasado que "la principal limitación no tiene que ver con los yacimientos ni los operadores, sino con la escasez de infraestructura y logística: falta de carreteras y de redes eléctricas hasta las minas".
El caso de Josemaría, uno de los proyectos más avanzados, ilustra la magnitud del desafío. La empresa Lundin Mining calculó que necesita invertir 5.000 millones de dólares, de los cuales una porción significativa deberá destinarse a construir una línea de transmisión eléctrica de 550 kilovoltios y una nueva ruta de 220 kilómetros en plena montaña. En febrero de 2025, la Secretaría de Minería de la Nación publicó un documento oficial titulado "Requerimientos de Infraestructura para el Desarrollo del Sector Minero" donde enumeró las obras necesarias para la región de Cuyo: ampliación de las rutas nacionales 7, 40, 146, 149 y 153, pavimentación del Túnel de Agua Negra, mejora de rutas provinciales —algunas con más de 100 kilómetros en ripio— y reactivación de ramales ferroviarios abandonados.
Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, planteó en noviembre durante la Mesa del Cobre que "necesitamos caminos, redes eléctricas y eficiencia hídrica" y reconoció que "los caminos no se hacen solos ni con inversión privada exclusivamente". La declaración resume el nudo del problema: las empresas mineras están dispuestas a invertir miles de millones en extraer el mineral, pero no pueden financiar autopistas, líneas de alta tensión ni acueductos que beneficiarían a múltiples proyectos y regiones enteras.
La producción argentina de cobre alcanzó su pico histórico en 2002 con 203.700 toneladas, impulsada por el yacimiento Bajo la Alumbrera en Catamarca. Las exportaciones llegaron a su máximo en 2007 con 1.939 millones de dólares. Sin embargo, el cierre de esa mina en 2018 desplomó la producción a apenas 14.500 toneladas en 2024 y las exportaciones cayeron a 3,5 millones de dólares. Ese vacío expone la fragilidad de un sector que depende de muy pocos proyectos operativos.
La consultora CRU estimó en marzo de 2025 que si los cinco proyectos cupríferos más relevantes entran en operación según los plazos previstos, generarían un impacto económico acumulado de 47.000 millones de dólares para 2040, equivalente a un promedio de 4.000 millones de dólares anuales entre 2031 y 2040. Pero ese escenario depende de que las obras de infraestructura comiencen pronto.
Varios yacimientos argentinos están ubicados a pocos kilómetros de la frontera con Chile, mucho más cerca de los puertos del Pacífico que de Buenos Aires o Rosario. Un informe conjunto elaborado en noviembre por la consultora Fundar y el Consejo Minero de Chile (CESCO) propuso una estrategia de integración binacional que aproveche la infraestructura ya desarrollada por el país vecino: puertos especializados, plantas de tratamiento, líneas de transmisión eléctrica y acceso a agua desalinizada.
El documento señala que proyectos como El Pachón o Josemaría "se beneficiarían enormemente del acceso a infraestructura chilena" y que en algunos casos "se reducirían casi seis veces las emisiones" en comparación con el transporte por el Atlántico. Josemaría ya planea utilizar agua desalada desde el Pacífico a partir del séptimo año de operación, lo que implica construir un acueducto transfronterizo.
En diciembre, la compañía Eramine concretó la primera exportación de litio argentino a través del puerto chileno de Angamos, reduciendo drásticamente los tiempos de tránsito hacia Asia-Pacífico. Ese precedente abre la posibilidad de replicar esquemas logísticos compartidos para el cobre.
El marco legal ya existe desde 1997 con el Tratado de Integración y Complementación Minera, que actualmente ampara cinco proyectos: El Pachón, Filo del Sol, Los Azules, Pascua Lama y Vicuña. Pero el verdadero impulso llegó con la elección de José Antonio Kast como presidente de Chile el 14 de diciembre pasado. En su primera visita internacional tras ganar el balotaje, Kast viajó a Buenos Aires y declaró junto a Javier Milei: "Argentina está con un proceso muy rápido de encontrar distintos tipos de minerales y eso va a tener que tener una salida y esperamos que esa salida sea por Chile. Tenemos que formar el gran polo de desarrollo en América del Sur".
Días antes, la petrolera estatal chilena ENAP había firmado un acuerdo con YPF y otras operadoras para comprar petróleo de Vaca Muerta por 12.000 millones de dólares durante ocho años, utilizando el Oleoducto Trasandino. El mismo esquema podría replicarse para el cobre. Un análisis reciente de El Economista señala que la sintonía entre Kast y Milei, ambos con agendas de reducción de trabas regulatorias, crea condiciones inéditas para acelerar proyectos que estuvieron décadas frenados. La delegación de Kast a Buenos Aires incluyó altos ejecutivos de las principales cámaras empresariales y bancarias de Chile, señalando una voluntad política concreta de avanzar en la integración logística.
La minería argentina enfrenta una encrucijada: tiene el mineral, tiene inversores interesados y tiene un marco regulatorio renovado. Lo que le falta son los "fierros", los cables y el asfalto que permitan sacar esas toneladas de la montaña.
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