Trabajo informal: Argentina no logra perforar el piso del 40%
Un nuevo informe revela que la informalidad laboral alcanzó su valor más alto en 17 años. El fenómeno está íntimamente ligado a la pobreza laboral.
En la Argentina, tener trabajo no garantiza derechos laborales ni salida de la pobreza. El último relevamiento del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del IIEP-UBA confirma que en el segundo trimestre de 2025 el 43,2% de los trabajadores se desempeñó en la informalidad.
El número puede llamar la atención por ser el más alto en 17 años, pero el verdadero dato es otro: la barrera del 40% nunca se rompió en más de 20 años de medición. Desde mediados de los 2000, la informalidad oscila en ese rango, mostrando que se trata de un problema estructural que atraviesa gestiones, ciclos económicos y contextos políticos.
Brechas generacionales y de género
Las desigualdades internas marcan la profundidad del problema. Entre los jóvenes de 16 a 24 años la informalidad trepa al 63%, reflejando la dificultad de insertarse en empleos registrados al inicio de la vida laboral. En el caso de las mujeres, la tasa llega al 43,2%, levemente superior a la de los hombres (41,1%).
La educación funciona como un divisor central: dos de cada tres trabajadores sin secundaria completa (64,6%) están en la informalidad, contra apenas el 19% entre quienes accedieron a la universidad. En otras palabras, la formación educativa continúa siendo la principal barrera de acceso a la formalidad.
Brechas territoriales
Las diferencias regionales son igualmente profundas. En la Patagonia, ciudades como Río Gallegos muestran una tasa de 27% y Ushuaia apenas un 18%, mientras que en el NOA la informalidad llega a superar el 60% en aglomerados como Tucumán. Esta disparidad exhibe la heterogeneidad productiva del país y los contrastes entre economías locales.
Por rama de actividad, los sectores con mayor peso en la informalidad son la construcción y el servicio doméstico, donde la precariedad alcanza al 75% de los trabajadores. Ambos rubros, claves en el mercado laboral argentino, concentran buena parte de la inestabilidad y la falta de cobertura.
Impacto social y comparaciones regionales
El costo de la informalidad es directo: un trabajador en negro percibe, en promedio, 44% menos que un trabajador formal en la misma posición. Esta penalidad salarial se traduce en un dato estructural: el 42% de los informales vive en hogares pobres, frente a solo el 12% entre los formales.
En la comparación internacional, Argentina aparece en una posición intermedia. Con una tasa urbana del 42,1%, supera a países como Chile y Brasil (24-32%), pero se encuentra por debajo de Ecuador y Paraguay, donde el empleo informal ronda el 60%. La región ofrece ejemplos de cómo la informalidad puede ser reducida, pero también advierte sobre el riesgo de que se convierta en el núcleo duro de la pobreza estructural.
El impacto de la maternidad en el empleo femenino revela divergencias notables según países y niveles de desarrollo. Por qué América Latina muestra los peores resultados.
Otra paradoja fiscal: los trabajadores enfrentan altas cargas sociales mientras los sueldos promedio quedan exentos del impuesto a la renta. Causas, consecuencias y evolución en la última década.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).
Cártel de Sinaloa (México). Es una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas, que ya ha sido designada como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos.
La Nueva Familia Michoacana (México). Es una organización criminal mexicana que se especializa en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una alarmante expansión regional.
Los Tiguerones (Ecuador). Es un cártel de origen ecuatoriano que se especializa en actividades de narcotráfico y sicariato, siendo una de las organizaciones criminales más violentas de la región.
FARC-EP y EL (Colombia). Son organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda, basadas en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada.