Otra paradoja fiscal: los trabajadores enfrentan altas cargas sociales mientras los sueldos promedio quedan exentos del impuesto a la renta. Causas, consecuencias y evolución en la última década.
Argentina ocupó el tercer lugar mundial en carga tributaria sobre el trabajo asalariado durante 2024, con un 34,6% del costo laboral total destinado a contribuciones sociales, solo superada por Austria (35,7%) y Francia (35%). El dato surge de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que comparó la situación fiscal de 39 países utilizando la metodología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Sin embargo, cuando se incorpora el impuesto a las ganancias al análisis, Argentina descendió al puesto 25 en la denominada "cuña fiscal" total, debido a que este tributo resultó nulo para un trabajador con salario promedio. En contraste, países como Dinamarca aplican una carga del 35,4% en impuesto a las ganancias sobre el trabajador típico.
El estudio reveló una particularidad del sistema tributario argentino: la alta concentración de la carga en contribuciones sociales frente a la ausencia de tributación sobre la renta personal para los salarios medios. Esta característica diferencia al país de las economías desarrolladas, que tienden a combinar cargas sociales moderadas con impuestos progresivos significativos.
El desglose de la carga tributaria argentina mostró que los aportes personales representan el 13,4% del costo laboral, ubicando al país en el séptimo lugar mundial. Este porcentaje supera ampliamente el promedio de los países de la OCDE, que se sitúa en 8,1%. Los aportes incluyen las retenciones para el sistema jubilatorio (11% del sueldo bruto), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (3%) y el Sistema de Obras Sociales (3%).
Por su parte, las contribuciones patronales alcanzan el 21,2% del costo laboral, colocando a Argentina en el décimo puesto mundial. Esta cifra también supera considerablemente el promedio de la OCDE (13,4%). Las contribuciones patronales se distribuyen en 12,71% para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), 1,62% para el INSSJP, 5,56% para Asignaciones Familiares, 1,11% para el Fondo Nacional de Empleo y 6% para Obras Sociales y el Fondo Solidario de Redistribución.
En términos prácticos, esto significa que de cada 100 pesos que un empleador está dispuesto a invertir en un trabajador, 13,40 pesos van a aportes personales, 21,20 pesos a contribuciones patronales, y solo 65,40 pesos quedan como sueldo bruto para el empleado.
La principal diferencia con otros países se evidenció en el impuesto a las ganancias, donde Argentina registró carga nula para un trabajador con salario promedio. El informe explicó que "el sueldo estuvo por debajo de la escala mínima de aplicación del tributo" tanto antes como después de la reforma implementada en la ley BASES a mediados de 2024.
Esta situación contrasta marcadamente con otros países de la muestra. Dinamarca lidera el ranking con 35,4% de carga por impuesto a las ganancias, seguido por Islandia (25,5%) y Australia (23,9%). El promedio de los países de la OCDE se ubica en 14%, muy por encima del 0% argentino.
En el extremo opuesto, solo Colombia y Costa Rica acompañaron a Argentina con carga nula en este tributo. Chile registró una carga mínima del 7%, mientras que la mayoría de los países desarrollados aplicaron tasas significativas que contribuyen a la progresividad del sistema tributario.
El análisis comparativo entre 2013 y 2024 reveló un fenómeno particular: Argentina mantuvo constante su carga tributaria mientras otros países la modificaron, lo que provocó que el país "escalara" posiciones en el ranking mundial sin alterar su estructura fiscal interna.
En aportes personales, Argentina pasó del puesto 12 al sexto sin modificar su carga del 13,4%, simplemente porque el promedio de la OCDE descendió del 9,9% en 2013 al 8% en 2024. En contribuciones patronales, el país bajó del primer puesto al décimo, mientras Francia escaló al primer lugar con un incremento de 6,2 puntos porcentuales.
El promedio de la cuña fiscal total de los países de la OCDE se mantuvo estable en 35,8% entre 2013 y 2024. Argentina también conservó su carga del 34,6%, pero descendió levemente del puesto 22 al 23 en el ranking de mayor a menor carga tributaria total.
Los datos plantean interrogantes sobre la competitividad de los costos laborales argentinos en el contexto internacional. El país se ubicó en el puesto 35 de 39 en términos de salarios expresados en dólares, con un costo laboral mensual de 1.516 dólares al tipo de cambio oficial. En contraste, Suiza lideró la muestra con costos laborales que superan los 7.000 dólares mensuales.
La combinación de salarios relativamente bajos en términos internacionales con una de las cargas tributarias más altas del mundo sobre el trabajo formal podría incidir en las decisiones empresariales respecto a la contratación y en los niveles de informalidad laboral del país.
El estudio utilizó la metodología estándar de la OCDE, considerando un trabajador soltero sin hijos con salario promedio. Las cifras no incluyen transferencias del Estado al trabajador ni analizan la calidad de los servicios públicos recibidos a cambio de los tributos pagados. Tampoco contemplan impuestos indirectos como el IVA que también impactan en el poder adquisitivo de los trabajadores.
Los países con mayor carga tributaria total fueron Bélgica (52,6%), Alemania (47,9%) y Austria (47,3%). En el extremo inferior aparecieron Nueva Zelanda (20,8%), Chile (7,2%) y Colombia (0%). Argentina, con su 34,6%, se posicionó por debajo del promedio de la OCDE pero dentro del tercio superior de la muestra analizada.
Junto a Demián Reidel, el exasesor presidencial y presidente de Nucleoeléctrica Argentina, conectó en mayo de 2024 al presidente con la meca tecnológica de Estados Unidos
Se estiman 46 millones de metros cúbicos de petróleo y 53,4 mil millones de metros cúbicos de gas.
Director de El Observador España
Acuerdo técnico. El staff aprobó la revisión y habilitó un desembolso de U$S 900 millones sujeto a la votación del directorio en diciembre.
Flexibilidad laboral. Reclamó avanzar con reformas de contratación privada para traducir la estabilización en puestos de trabajo genuinos.
Crédito e inversiones. El plan acordado prioriza reactivar los créditos hipotecarios, las concesiones viales y los proyectos bajo el RIGI.
Ancla fiscal. El Gobierno se comprometió a sostener un superávit primario del 1,4% del PBI tanto en 2026 como en 2027.
Advertencia monetaria. El organismo exigió prudencia en la expansión del crédito, reforzar las reservas netas y sostener la desinflación.
