El Senado negocia para aprobar la reforma de salud mental
El Senado negocia para aprobar la reforma de salud mental: los dos puntos de conflicto
Pasadas las 14, La Libertad Avanza logró un cómodo quórum por el apoyo de aliados y algunos peronistas dialoguistas. Aún así, debe seguir negociando por su proyecto de salud mental.
El proyecto para reformar la Ley de Salud Mental, enviado por el Gobierno, llega al recinto del Senado con diferencias entre los bloques aliados por los recursos que deberán aportar las provincias y el rol de los psicólogos y psiquiatras. La iniciativa modifica los criterios para las internaciones involuntarias, redefine la intervención judicial y amplía las herramientas de atención.
La Cámara alta sesiona este jueves con la reforma de Salud Mental entre los principales temas de la agenda, aunque su tratamiento todavía genera incertidumbre y es por esto que quedó al final del temario. Previo a ello hubo cuestiones de privilegios y homenajes, como al ex senador fallecido Juan Carlos Pagotto. Luego seguirán los debates por la regularización del mercado de carbono, el pedido para que el papa León XIV visite el Congreso, el Régimen de incentivos para inversiones relevantes (RIIR) y la transferencia de un inmueble a Puerto Madryn.
Patricia Bullrich presentó el dictamen final del proyecto de reforma de salud mental.
Victoria Urruspuru / El Observador
El oficialismo mantiene negociaciones abiertas por estas horas con los bloques aliados por dos puntos centrales: el financiamiento necesario para implementar los cambios y la participación de psicólogos y psiquiatras en las decisiones sobre internaciones. La discusión por los recursos involucra especialmente a las provincias, que reclaman garantías para afrontar los costos de la nueva normativa. Ante las objeciones.
La Libertad Avanza de la Cámara anticipó cambios en la redacción para precisar la obligación de cooperación financiera de la Nación: insisten en que, como esta iniciativa del Gobierno no tiene giro a Presupuesto, con corregir la escritura y especificarla bastará.
El segundo foco de conflicto, algo que pasó más desapercibido, apunta a las atribuciones de los profesionales de la salud mental. Integrantes del Consejo Federal de Salud (CoFeSa) reclaman que psicólogos y psiquiatras tengan igual consideración dentro de la ley. La discusión obligó a introducir modificaciones en el texto que llegará al recinto.
La propuesta, impulsada por el Gobierno, modifica la Ley 26.657 con el objetivo de cambiar los criterios de internación, reorganizar los equipos de atención y redefinir los mecanismos de control. Entre sus principales novedades se encuentran la eliminación de la autorización judicial previa para las internaciones involuntarias y la incorporación de nuevas herramientas para el tratamiento de pacientes.
Reforma de salud mental: los puntos clave
1. Internaciones y control judicial
Se elimina la autorización judicial previa para las internaciones involuntarias. El juez podrá pedir informes o peritajes y dejar sin efecto una internación injustificada.
Se mantiene la obligación de notificar al juez y al Órgano de Revisión dentro de las 24 horas de la internación.
Para internaciones voluntarias que superen los 60 días, se elimina la obligación de informar al juez y su evaluación en cinco días. Se mantiene la comunicación al Órgano de Revisión.
Si un solo médico decide una internación excepcional por riesgo grave, el plazo para revalidarla mediante un equipo interdisciplinario pasa de 24 a 48 horas.
Las tres senadores aclararon ante la prensa que si la internación no se realiza en el lugar especifico donde atiende la obra social del paciente, va a haber un mecanismo de compensación con el hospital o clínica. Además, Bullrich añadió: "Una internación involuntaria no es tan común como se piensa; son pocos casos, un número bajo, como mucho 150 casos".
2. Cambios en los equipos de atención
Se habilita la intervención de psiquiatras mediante teleconsulta sincrónica para un mayor alcance, entendiendo que estos profesionales se concentran en las grandes urbes y no tanto en el interior del país.
Para indicar internaciones, se reemplaza la exigencia de un psiquiatra por la de un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, junto con otro profesional, preferentemente psicólogo.
Se reconoce al psicólogo en la evaluación y efectivización del alta.
Y se restituyen la capacitación permanente y la protección de la salud de los trabajadores.
3. Financiamiento para las provincias
Se restituye expresamente la cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias para implementar las políticas de salud mental.
El objetivo es preservar el respaldo normativo al financiamiento de estas políticas en las jurisdicciones.
4. Adicciones
Se mantiene la inclusión de las adicciones dentro de las políticas de salud mental, tanto las vinculadas con sustancias como las que no las involucran.
Se elimina la referencia expresa a drogas legales e ilegales.
La redacción contempla no solamente adicciones a las sustancias, sino también problemáticas como la ludopatía.
¿Qué va a pasar con el proyecto para regular la Ludopatía? Esta fue una duda que se despertó en el despacho de Bullrich; cabe recordar que dicha iniciativa se encuentra frenada hace meses y no parece que verá la luz en este año legislativo, al menos. La senadora libertaria explicó ante esto que el 85% de los casos de ludopatía va por plataformas legales, el problema es cómo uno trata la informalidad.
5. Obligaciones de las familias
La referencia a los familiares obligados se limita a padres e hijos, además de representantes legales, cónyuges y convivientes.
Se exceptúa a las familias que no estén en condiciones de cumplir esas obligaciones.
Se explicita la responsabilidad del Estado de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.
Se incorporan derechos de las familias a recibir información, orientación y herramientas de autocuidado, y a ser escuchadas.
6. Atención de menores con adicciones problemáticas
Se incorpora un régimen específico para niños y adolescentes, con equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de los destinados a adultos.
Se contemplan la autonomía progresiva, la confidencialidad, el derecho a ser escuchados y el abordaje familiar y comunitario.
La internación en unidades de adultos queda restringida a casos en los que se acredite que no hay otra posibilidad, por el tiempo mínimo indispensable.
7. Manicomios y dispositivos comunitarios
Se prohíbe la creación de manicomios y el desarrollo de prácticas manicomiales.
Se restituye un catálogo de dispositivos de atención, entre ellos atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral.
Se refuerzan las políticas de promoción y prevención.
8. Internaciones prolongadas
Se exige un plan de egreso desde el diagnóstico, con objetivos para el alta y recursos de apoyo.
Se considera prolongada la internación que supere los 180 días, consecutivos o acumulados por reinternaciones durante dos años.
En esos casos, el Órgano de Revisión deberá intervenir de oficio de manera inmediata.
Se exceptúan los pacientes cuya problemática sea exclusivamente social.
Se crea un registro de internaciones prolongadas.
9. Directivas anticipadas
Se incorpora el derecho a consentir o rechazar anticipadamente tratamientos y a designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo.
Las directivas deberán respetarse, salvo que impliquen un riesgo grave para la vida o la integridad física del paciente o de terceros.
Acuerdos. El oficialismo modificó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por Milei para asegurar el respaldo de bloques dialoguistas y dictaminar este martes pasadas las 17. "Es nuestra prioridad", mencionaron del bloque de Diputados.
Límites a las sanciones. Se acotaron las prohibiciones dirigidas a proveedores y accionistas de empresas que exploten recursos naturales en las islas sin autorización del Estado argentino.
Control parlamentario. El Congreso sumará facultades de supervisión y se creará una Comisión Bicameral de Seguimiento (cuatro diputados y cuatro senadores) a la que el Consejo de Seguridad Nacional deberá reportar sus medidas en un plazo de 48 horas.
Cambios en el artículo 111. El mismo reprime con cárcel ciertos actos contra el Estado; se cambió la figura de "desinformación masiva" por la de "campaña de injerencia extranjera", explicitando que no afectará el trabajo periodístico, académico ni diplomático, aunque mantendrá penas de 5 a 12 años de prisión.
Informe técnico. El estudio de Gendarmería Nacional concluyó que no fue posible determinar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo.
Sin identificación. Tampoco se pudo asignar las voces a las personas imputadas en la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Discontinuo. El documento registró discontinuidades abruptas e inconsistencias acústicas incompatibles con una grabación continua.
Dudas. Esas particularidades podrían corresponder a intervenciones, cortes o procesos de edición realizados con posterioridad al registro original.
¿Uso de IA? El peritaje remarcó, además, que no se pudo descartar una eventual manipulación de las piezas ni la utilización de herramientas de inteligencia artificial para alterar o generar voces.
Coparticipación porteña. El PRO volvió a reclamar para el Presupuesto 2027 que Nación salde la deuda por transferencias con la Ciudad de Buenos Aires; el oficialismo confía en que se podrá resolver este conflicto entre gobiernos, aunque ya lleva tiempo en puja y no ve resoluciones.
Alivio impositivo. El bloque de Cristian Ritondo también pidió por la baja del impuesto a los combustibles y una reducción de la alícuota del IVA al huevo, pasando del 21% al 10,5%, tal como piden sectores de la industria avícola.
Transparencia en obras. Reclaman la publicación detallada de inversiones, plazos, tarifas e informes trimestrales sobre el avance de obras -con foco en rutas nacionales- y el costo fiscal de las concesiones.
Freno al dictamen y fechas en duda. El PRO advirtió que no acompañará el proyecto oficialista hasta no destrabar estos puntos; la sesión, prevista inicialmente para el 18 de noviembre, podría postergarse al 25 debido a las negociaciones y la visita del papa León XIV.
Coparticipación porteña. El PRO volvió a reclamar para el Presupuesto 2027 que Nación salde la deuda por transferencias con la Ciudad de Buenos Aires; el oficialismo confía en que se podrá resolver este conflicto entre gobiernos, aunque ya lleva tiempo en puja y no ve resoluciones.
Alivio impositivo. El bloque de Cristian Ritondo también pidió por la baja del impuesto a los combustibles y una reducción de la alícuota del IVA al huevo, pasando del 21% al 10,5%, tal como piden sectores de la industria avícola.
Transparencia en obras. Reclaman la publicación detallada de inversiones, plazos, tarifas e informes trimestrales sobre el avance de obras -con foco en rutas nacionales- y el costo fiscal de las concesiones.
Freno al dictamen y fechas en duda. El PRO advirtió que no acompañará el proyecto oficialista hasta no destrabar estos puntos; la sesión, prevista inicialmente para el 18 de noviembre, podría postergarse al 25 debido a las negociaciones y la visita del papa León XIV.
