El Gobierno de Javier Milei eliminará el 40% de los registros del automotor y la cédula azul
El Gobierno de Javier Milei eliminará el 40% de los registros del automotor y la cédula azul
El Gobierno anunció hoy a través de un comunicado oficial del Ministerio de Justicia una serie de medidas destinadas a simplificar y modernizar el sistema de registro automotor en Argentina.
El Gobierno anunció hoy a través de un comunicado oficial del Ministerio de Justicia una serie de medidas destinadas a simplificar y modernizar el sistema de registro automotor en Argentina.
Una de las decisiones más destacadas es el cierre del 40% de los Registros Automotores, priorizando aquellos que han estado intervenidos por más de dos años. Esta medida se enmarca en un esfuerzo por reducir la burocracia y los costos asociados. Además, se procederá a la eliminación de la cédula azul como documento necesario para circular con un vehículo. A partir de mayo, bastará con exhibir la cédula verde, que también dejará de tener fecha de vencimiento.
La reducción del 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor se llevará a cabo mediante un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Asimismo, se espera que los titulares de los registros seccionales asuman el 100% de los costos operativos, ajustando sus ingresos a su productividad.
Otra medida importante es la digitalización completa de los legajos de vehículos para crear un registro digital único. Esto permitirá eliminar los legajos físicos y simplificar los procesos. El Gobierno también buscará que las provincias adhieran a la reducción de impuestos para disminuir los costos de las transferencias.
Más medidas anunciadas por el Ministerio de Justicia
Se implementará un régimen de concursos transparentes para evitar la contratación de personas con cargos políticos recientes y se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales. Además, se derogará el régimen que otorga el monopolio a la Casa de la Moneda en la impresión de patentes automotor, lo que promoverá la competencia y, en consecuencia, una mejora en los precios.
Finalmente, se digitalizará la verificación policial de vehículos y se aumentará el importe que obliga a los ciudadanos a informar al Estado sobre el origen de los fondos para adquirir un vehículo. Estas medidas, según el comunicado, son parte de un proceso de transformación destinado a acelerar la digitalización y reducir los costos de transferencia y patentamiento de vehículos.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).
