Con el objetivo de eliminar la intermediación de las organizaciones sociales, el Gobierno Nacional ha decidido transformar el megaplan social que actualmente asiste a 1,3 millones de personas. A partir de ahora, el ministerio de Capital Humano será el encargado de segmentarlo en dos nuevos programas: uno destinado a promover el acceso al mercado laboral de los beneficiarios y otro a contener a los sectores más vulnerables. Estos programas, denominados “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”, comenzarán a funcionar la semana próxima.
El presidente Javier Milei publicó el decreto N° 565, que establece la creación de estos programas. Según el relato oficial, esta medida “replantea las políticas de integración social” en Argentina. Además, la reglamentación desvincula el salario social complementario de la evolución del salario mínimo, otorgando a la ministra Sandra Pettovello la potestad de fijar, en un ulterior reglamento, los montos de los ingresos que cobrarán los beneficiarios.
Aunque se busca mejorar la eficiencia de una política que, a través del Potenciar Trabajo, solo logró que el 1,3% de los beneficiarios accediera a un empleo formal, el oficialismo también pretende reducir la influencia de los grupos piqueteros en el sistema de asistencia, especialmente aquellos que surgieron durante la crisis del 2001.
En las últimas semanas, el Gobierno no solo dispuso la línea 134 para denunciar eventuales “aprietes” de los referentes sociales, sino que ahora apuesta a vaciarlos de poder al quitarles influencia en el manejo de los flamantes programas. El vínculo entre las partes ha sido tenso, ya que las agrupaciones piqueteras de izquierda y aquellas referenciadas en el peronismo fueron las que más manifestaron su repudio a las políticas de LLA en las calles.
Según informa Capital Humano, se ha constatado una presunta intermediación por parte de los llamados "gerentes de la pobreza" cuando se eliminó el requisito de presencialidad en las unidades de gestión del programa Potenciar. Esto habría llevado a que las organizaciones sociales perdieran la capacidad de controlar y monitorear la asistencia de los beneficiarios.
La supuesta "zanahoria" que presenta la reforma actual es que los beneficiarios podrán mantener la asignación del plan, que ronda los $80 mil, y al mismo tiempo obtener ingresos por otras actividades de hasta tres salarios mínimos, alcanzando los $540 mil. Sin embargo, persiste el desafío del acceso de los cooperativistas a un empleo formal.
Es común que cada nuevo gobierno que asume en la Casa Rosada modifique el nombre del megaplan social vigente y las condiciones de acceso al mismo. Lo novedoso en esta reforma es que el Ejecutivo está interviniendo directamente en la disputa por la intermediación de la ayuda social que anteriormente realizaban los movimientos piqueteros.
Según los reportes, se emplearán "mecanismos" destinados a reducir el "manejo discrecional" de los recursos por parte de las unidades de gestión dirigidas por los líderes sociales.
Según enfatiza Capital Humano, durante la gestión de la Unión Popular (UP), estas entidades manejaron alrededor de US$ 34 millones anuales con el propósito de llevar a cabo cursos y otras actividades. Sin embargo, según la perspectiva oficial, estas actividades no lograron ser efectivas en la promoción de la empleabilidad ni en la generación de empleo.
En el marco de la reforma, se eliminarán las "planillas de asistencia" y se dará participación a las delegaciones de las secretarías de Trabajo y de Niñez y Familia en las provincias, así como a los municipios.
Las mayores expectativas del Gobierno están centradas en el programa "Volver al Trabajo", dirigido a personas de hasta 49 años, que representan el 75% de los beneficiarios. Este programa tiene como objetivo fortalecer las habilidades laborales y mejorar la empleabilidad para incorporar a estos individuos en el mercado de trabajo formal. Contará con una asignación dineraria personal y directa, que se estima será equivalente al salario social complementario, con la posibilidad de sumar otros ingresos.
El otro programa está destinado a la contención de los sectores vulnerables, como los mayores de 50 años y las madres con 4 o más hijos. Ofrecerá talleres para mejorar la organización familiar y capacitaciones para fomentar emprendimientos en la "economía solidaria". También proporcionará prestaciones monetarias y no monetarias nominalizadas para evitar posibles "triangulaciones" de las organizaciones sociales.
La ministra Pettovello será la encargada de diseñar el reglamento operativo de cada programa, que incluirá los procedimientos, requisitos y posiblemente definirá los montos de los ingresos. Será asesorada por Pablo de la Torre, titular de Niñez y Familia, en relación al plan para acompañar a las familias, y por Omar Yasin, secretario de Trabajo, en la iniciativa que busca integrar a casi un millón de personas al mercado laboral.
No será necesario realizar un reempadronamiento de los integrantes del megaplan social, ya que la cartera se encargará de segmentar ambas iniciativas con las bases de datos existentes.
Director de Focus Market
