Rubén “El Pepo” Castiñeiras fue liberado este mediodía, según lo informado en el programa Intrusos (América TV). El referente de la cumbia se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria acusado de doble homicidio culposo.
El 20 de julio de 2019, el cantante volcó su camioneta en la ruta 63, a la altura de la localidad bonaerense de Dolores. Como consecuencia del hecho, murieron Nicolás Carabajal y Nacho Abosaleh, dos de los integrantes de su banda.
El Pepo cumplía prisión preventiva debido a que la sentencia había sido apelada en la Suprema Corte de Justicia, y esta ya había sido cumplida. En 2022, fue condenado a cumplir cuatro años y siete meses por el delito de “homicidio culposo séxtuplemente agravado”.
Su abogado, Miguel Ángel Pierri, habló con el ciclo de América y manifestó: “Cumplió su condena. Hoy no tiene su pena firme porque está apelada ante la Corte. Va a seguir con su tratamiento de desintoxicación y psicológico”. El jurista indicó que El Pepo intenta reinsertarse en la sociedad luego de cumplir su condena. “Me dijo: ‘Soy solidario y respetuoso del dolor’. Quiere volver a trabajar. Espera que le den trabajo”, cerró.
Cómo fue el accidente por el que fue condenado El Pepo
El 20 de julio de 2019, murieron dos acompañantes de El Pepo: el trompetista de su banda (Nicolás Carabajal) y su asistente (Nacho Abosaleh). Las pericias confirmaron que el cantante iba a 139 km/h y manejaba bajo los efectos del alcohol y las drogas, por lo que la carátula de la causa se agravó.
En 2019, El Pepo obtuvo prisión domiciliaria, que cumplió en su casa en el partido de Tigre. Además, le otorgaron salidas transitorias por motivos laborales.
En una nota con Infobae, el artista le dejó un mensaje a los familiares de las víctimas: “Me gustaría poder hablar con ellos para tratar de alivianar su dolor. Les pediría perdón porque yo manejaba la camioneta”.
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- Acuerdos. El oficialismo modificó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por Milei para asegurar el respaldo de bloques dialoguistas y dictaminar este martes pasadas las 17. "Es nuestra prioridad", mencionaron del bloque de Diputados.
- Límites a las sanciones. Se acotaron las prohibiciones dirigidas a proveedores y accionistas de empresas que exploten recursos naturales en las islas sin autorización del Estado argentino.
- Control parlamentario. El Congreso sumará facultades de supervisión y se creará una Comisión Bicameral de Seguimiento (cuatro diputados y cuatro senadores) a la que el Consejo de Seguridad Nacional deberá reportar sus medidas en un plazo de 48 horas.
- Cambios en el artículo 111. El mismo reprime con cárcel ciertos actos contra el Estado; se cambió la figura de "desinformación masiva" por la de "campaña de injerencia extranjera", explicitando que no afectará el trabajo periodístico, académico ni diplomático, aunque mantendrá penas de 5 a 12 años de prisión.
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