Un fallo del juez en lo civil y comercial, Juan Rafael Stinco, les ordena a las empresas de medicina prepaga que “retrotraigan el monto de los valores a las cuotas vigentes al mes de diciembre de 2023” y que actualicen los valores “de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor que elabora mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos”.
Esta disposición se realizó al dictar una medida cautelar en el amparo que inició el gobierno nacional a través de la Superintendencia de Servicios de Salud. Esta decisión está en línea con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo en una resolución administrativa que se tomó la semana pasada.
En respuesta a la solicitud de que las empresas devuelvan el excedente cobrado, el juez Stinco estableció que los afiliados tendrán “un crédito a favor de cada uno de ellos”. Para ello, el juez dio un plazo de cinco días a cada empresa para que presenten “un plan de acción para efectivizar la devolución dineraria”. Si no lo hacen, se tomarán “las medidas necesarias tendientes a lograr su cumplimiento”.
“La decisión preliminar que aquí se toma es la que mejor se adecúa a los intereses en juego, teniéndose especialmente en cuenta la doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostiene que, en asuntos en los que está en disputa el derecho constitucional a la preservación de la salud de las personas humanas, atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia que conllevan las pretensiones, para lo cual deben encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con tutela de orden constitucional”, explicó Stinco en su resolución de 45 páginas.
Se trata de una medida cautelar, de resolución urgente. El juez señaló en su fallo que los incrementos de las empresas fueron “resueltos unilateralmente”. Las compañías se presentaron en la causa y justificaron los aumentos. Explicaron que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 de desregulación de la economía les permitía esos incrementos y que están en el valor de los costos que tienen.
El juez hizo referencia al DNU. “El DNU 70/23 no dispuso incremento alguno y que las modificaciones sobre las competencias del contralor, que fueron dispuestas mediante el mismo, tampoco presuponen incrementos automáticos, siendo éstos actos particulares y unilaterales de los Agentes del Sistema de Salud. En consecuencia, respecto de los mismos, corresponde su contraste al amparo de la totalidad del ordenamiento jurídico vigente”, explicó.
Así, también resaltó que el derecho a la salud está consagrado en la Constitución Nacional, en pactos internacionales a los que adhirió el gobierno. “La protección cautelar del derecho a la salud debe otorgarse con amplitud, precisamente para evitar los daños o su agravamiento”, sostuvo el juez.
El magistrado también analizó que ya son varias las causas que afiliados a prepagas iniciaron contra los aumentos y que en muchos casos los tribunales le dieron la razón. Y habló de que los incrementos puedan afectar la atención de las personas.
“Una de las razones que evidencia la decisión que en este pronunciamiento se toma, es el riesgo inminente de que la prolongación en el tiempo de la conducta atribuida a diversos Agentes del Sistema de Salud implique la eventual dificultad de afrontar el pago de las cuotas mensuales del servicio producto del aumento impuesto por las demandadas, que podría provocar la falta de cobertura médica y ocasionar la suspensión del servicio de medicina prepaga durante la sustanciación del juicio a una infinidad de afiliados que hoy gozan de la cobertura de salud privada”, postuló el magistrado.
Se trata de una medida cautelar, de resolución urgente. El juez señaló en su fallo que los incrementos de las empresas fueron “resueltos unilateralmente”. Las compañías se presentaron en la causa y justificaron los aumentos. Explicaron que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 de desregulación de la economía le permita esos incrementos y que están en el valor de los cosos que tienen.
