Worldcoin, una empresa que ofrece una recompensa económica por la verificación de la identidad humana en el ámbito digital, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. En esta ocasión, la Provincia de Buenos Aires, bajo el gobierno de Axel Kicillof, imputó a la firma y podría enfrentar una multa de $1000 millones.
La compañía ganó notoriedad por su proceso de verificación, el cual implica el escaneo biométrico del iris a través de lo que ellos llaman "The Orb", un dispositivo que realiza esta tarea en cuestión de segundos. A cambio de este escaneo, Worldcoin recompensa a los usuarios con una suma de su criptomoneda, equivalente a unos u$s50.
La imputación proviene de presuntas cláusulas abusivas, según informó Ámbito. La falta de respuesta satisfactoria por parte de la empresa ante la intimación y las supuestas contradicciones, como el escaneo de datos biométricos de menores, han llevado a esta medida.
La investigación llevada a cabo por la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de los Consumidores reveló la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, que presuntamente violan la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. Asimismo, se detectaron discrepancias entre la información proporcionada por la empresa y los hallazgos de las fiscalizaciones realizadas en distintas localidades de la Provincia.
Entre las irregularidades encontradas se encuentra la falta de señalización sobre el requisito mínimo de edad para acceder al servicio, lo que implicaría el escaneo de datos de menores. También se han detectado contradicciones en cuanto al uso y almacenamiento de los datos biométricos recolectados, que aparentemente se almacenan en Brasil.
Además, se han identificado cláusulas que permiten a la empresa interrumpir el servicio sin compensación alguna, así como obligar a los usuarios a renunciar a reclamos colectivos y someter las disputas a leyes extranjeras y arbitraje internacional, infringiendo lo establecido por la legislación nacional.
Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia, destaca la complejidad de estos contratos y la falta de información clara sobre su funcionamiento. La empresa, expuesta a multas millonarias, llevó a cabo sus actividades en numerosas localidades bonaerenses, donde solicitó datos biométricos a cambio de su criptomoneda.
"Con estos relevamientos e imputaciones, se cumple con el deber de controlar los contratos de adhesión, ordenando modificar, adecuar o suprimir las cláusulas abusivas, en cumplimiento con nuestra normativa vigente. La Provincia defiende los derechos de los consumidores", señalaron desde la PBA.
El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.
