Dron MQ-9 Reaper
Capaz de volar durante horas y transportar bombas y misiles, el dron MQ-9 Reaper es considerado por las fuerzas militares de Estados Unidos como un auténtico “cazador-asesino”.
En su reciente gira por Colombia, Ecuador y Perú, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, selló una alianza operativa con los presidentes Abelardo De la Espriella, Daniel Noboa y Keiko Fujimori para intensificar el combate al crimen organizado. Con este paso, Washington afianzó su visión de transformar la lucha contra el narcotráfico en una cruzada contra “grupos terroristas transnacionales” que desestabilizan la región y amenazan la seguridad estadounidense.
Tras sumar formalmente a estos tres países al Escudo de las Américas, la alianza impulsada por la Casa Blanca contra el crimen organizado, y elevar la asistencia financiera en seguridad, Washington comenzó el despliegue de armamento estratégico. Funcionarios estadounidenses confirmaron a The New York Times el traslado de drones de ataque MQ-9 Reaper desde África hacia Colombia y Ecuador.
El MQ-9 Reaper es un dron militar capaz de volar durante horas y transportar bombas y misiles. Equipado con cámaras térmicas y sistemas para interceptar comunicaciones, las fuerzas militares de Estados Unidos lo consideran un “cazador-asesino”. Su letalidad se ha probado en operaciones de alto perfil, como el ataque que mató al general iraní Qasem Soleimani en 2020, y en ofensivas contra las milicias al-Qaeda, el Estado Islámico y al-Shabaab.
En el caso colombiano, el envío de los drones comenzó a gestionarse durante la visita a Estados Unidos del ministro de Defensa, Jorge Mora, en agosto. Bogotá pactó la llegada en calidad de préstamo de tres drones MQ-9A Reaper, cuyo valor ronda los 50 millones de dólares por unidad, y contempla la compra de una cuarta aeronave con recursos propios.
Aunque reforzarán las labores de inteligencia y vigilancia en zonas dominadas por el narcotráfico gracias a su autonomía de vuelo, su configuración para el país incluye la capacidad de portar armamento y ejecutar ataques de precisión contra objetivos de alto valor estratégico.
En Ecuador, el despliegue ya se encuentra en marcha. En una entrevista con Radio Centro, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó el arribo de los drones como parte de un paquete de cooperación de Estados Unidos que además incluye buques de guerra en el Pacífico, helicópteros Black Hawk y lanchas de patrullaje.
"Se van a sumar ahora los famosos Reapers que anunciaron que movían de África para venir a la región. Bueno, dos ya fueron asignados al Ecuador", afirmó Loffredo. El ministro justificó el rol de Washington señalando que el país necesita apoyarse en "el aliado más fuerte del mundo" para recuperar capacidades militares y sostener el combate frontal contra las organizaciones criminales.
Para la administración Trump, la impunidad con la que operan las bandas criminales en el hemisferio constituye una amenaza directa para Estados Unidos. Recientemente, Marco Rubio subrayó que la Estrategia de Seguridad Nacional coloca a la región como “una prioridad real” y no meramente “simbólica”: “Lo que ocurre en este hemisferio nos afecta directamente”, destacó.
Con el gobierno de Abelardo De la Espriella, lo esencial de la estrategia apunta al combate contra grupos catalogados como "narcoterroristas", entre ellos el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, en un país que se mantiene como el mayor productor mundial de cocaína.
Por su parte, la violencia ha convertido a Ecuador en el país más letal de la región, con una tasa de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes. Situado estratégicamente entre Colombia y Perú, su territorio se ha transformado en un enclave crítico: se estima que alrededor del 70% de la droga sale por sus puertos y costas, donde las bandas locales operan en alianza con mafias albanesas y carteles mexicanos.
El anuncio de la llegada de los drones Reaper se produce después de que el pasado 29 de septiembre el jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan —un oficial de cuatro estrellas con experiencia en el desmantelamiento de redes terroristas en Medio Oriente—, confirmara a The Wall Street Journal que Washington contempla ataques terrestres con asistencia militar estadounidense.
“¿Veo los ataques terrestres como opciones? Sí. Queremos todas las opciones sobre la mesa”, afirmó Donovan. Según el jefe militar, estas acciones pueden abarcar desde bombardeos y capturas hasta asaltos a casas de seguridad, con el propósito de imponer una “fricción sistémica total” sobre las estructuras del narcotráfico en la región.
La estrategia de Washington de escalar la lucha contra los carteles de la droga calificándolos de terroristas y abriendo la puerta a bombardeos no está exenta de discusión.
Juristas y defensores de derechos humanos han advertido que calificar a los narcotraficantes como combatientes enemigos para justificar bombardeos carece de autorización de guerra del Congreso estadounidense y vulnera el derecho internacional, al tiempo que eleva el riesgo para la población civil en zonas rurales
A ello se suma la advertencia de analistas de seguridad: la doctrina de decapitar liderazgos mediante ataques aéreos —ensayada durante años en Medio Oriente— ha mostrado escasa efectividad para frenar el negocio de la droga, en medio de cifras históricas de producción de cocaína en los Andes.
A mediados de septiembre, Estados Unidos concretó el traslado de 52 millones de dólares en asistencia militar desde Europa y Medio Oriente hacia Colombia, Perú, Ecuador y Panamá, como un paso para reforzar su estrategia de predominio en América Latina.
El Departamento de Estado notificó al Congreso que recortará la ayuda militar a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak para "combatir el narcoterrorismo en nuestro patio trasero y seguir protegiendo al Canal de Panamá", al tiempo que reconoció que el hemisferio occidental había sido relegado en materia de apoyo militar.
"Estos fondos impedirán que los adversarios establezcan puntos de apoyo estratégicos en nuestro hemisferio", señaló la diplomacia estadounidense en una alusión velada a China, cuya expansión comercial y de inversiones en infraestructura ha ganado un peso geopolítico creciente en la región.
La reasignación presupuestaria, que no elimina por completo la asistencia a esos cuatro países, coincide además con los constantes reclamos de Trump a los miembros de la OTAN por su bajo gasto en defensa, un reproche que alcanza directamente a Eslovaquia y Macedonia del Norte.
La Casa Blanca capitaliza la sintonía ideológica con De la Espriella, Noboa y Fujimori para expandir el Escudo de las Américas, afianzar el combate al narcotráfico en clave de guerra antiterrorista y coordinar operaciones conjuntas.
La asistencia se concentrará en Colombia, Panamá, Perú y Ecuador, países que Washington considera aliados estratégicos en la cruzada de Trump contra el crimen organizado en la región.
El secretario de Estado afirmó que Donald Trump "está dispuesto a proveer todo lo que es posible" para ayudar a Colombia a combatir a los grupos armados.
Inversión y RIGI: Horacio Marín anunció que YPF buscará adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en 2027 para avanzar con la explotación no convencional en el sur de Mendoza. El plan está sujeto a definiciones técnicas y a la aprobación del directorio.
Cinco pozos exploratorios: La campaña contempla tres perforaciones de YPF en el bloque CN VII A y dos de la UTE Quintana Energy-TSB en Cañadón Amarillo. Los trabajos permitirán profundizar el conocimiento del potencial geológico de la formación.
Un desarrollo de mayor escala: La petrolera proyecta integrar dos áreas que posee en Mendoza para avanzar hacia un proyecto productivo. Marín calificó como buenos los resultados de los pozos exploratorios realizados hasta el momento.
Potencial productivo: Las proyecciones presentadas contemplan alcanzar una producción de 90.000 barriles. La cifra dependerá de los resultados de la exploración y de las definiciones técnicas, económicas y regulatorias necesarias para concretar el desarrollo.
La operación. YPF acordó comprar el 24,99% de YPF Luz en manos de BNR Power Investments B.V. por US$430 millones. La transacción está sujeta a las condiciones habituales.
Mayor control. Una vez concretada la compra, la petrolera pasará a controlar la totalidad de la compañía eléctrica e integrará el 100% de sus resultados.
Capacidad instalada. YPF Luz cuenta con 3,8 GW de capacidad instalada, opera en ocho provincias y genera el equivalente a cerca del 10% de la electricidad abastecida en la Argentina.
Resultados y trayectoria. Creada en 2013, la compañía registró un EBITDA de US$ 479 millones en los 12 meses hasta junio de 2026. La adquisición profundiza la apuesta de YPF por el negocio de generación eléctrica.
Amplio respaldo. El 64% está a favor de implementar la Boleta Única Papel (BUP) en las próximas elecciones.
Oferta garantizada. El 67% considera fundamental que el sistema evite el faltante de boletas en el cuarto oscuro.
Ahorro y ecología. Un 65% destaca que la BUP permite ahorrar dinero, y el 61% valora que es un modelo más sustentable.
El sondeo. Los datos surgen de un estudio de la consultora Isonomía realizado sobre 1.200 casos en la Provincia de Buenos Aires.
