Mendoza presentó un proyecto para modificar su ley de hidrocarburos.
El Gobierno de Alfredo Cornejo envió a la Legislatura un proyecto para reemplazar la normativa vigente desde 2006. La iniciativa incorpora un régimen específico para el no convencional, flexibiliza el esquema de regalías, suma incentivos para reactivar yacimientos maduros y endurece las obligaciones ambientales de las operadoras.
Mendoza busca actualizar el marco que regula su actividad hidrocarburífera y preparar al sector para una nueva etapa de inversiones. El Ejecutivo provincial presentó en la Legislatura un proyecto de ley que reemplaza el régimen vigente desde 2006 y propone cambios en el esquema de regalías, incentivos para recuperar campos maduros y un régimen específico para los desarrollos no convencionales.
La propuesta apunta a atender dos frentes de la industria petrolera mendocina. Mientras los yacimientos convencionales enfrentan el desafío de sostener y recuperar niveles de producción, la provincia busca generar condiciones para acelerar el desarrollo de los recursos no convencionales de Malargüe, donde se encuentra la porción mendocina de Vaca Muerta.
El proyecto fue presentado por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y funcionarios de las áreas de Hidrocarburos y Legales. La iniciativa reemplazaría la Ley 7526 y busca incorporar al marco provincial los cambios tecnológicos, productivos y regulatorios que atravesó la industria en las últimas dos décadas.
El nuevo esquema también modifica la lógica de las regalías. En lugar de mantener una alícuota general con reducciones determinadas por las características de cada área, el proyecto plantea una regalía de referencia del 15% para futuras licitaciones y permite que las empresas compitan con diferentes porcentajes. En la evaluación de las ofertas también se tendrán en cuenta variables como la inversión comprometida y la producción proyectada.
Según explicó Latorre, la iniciativa busca adecuar las reglas provinciales a la transformación que atraviesa la industria y establecer un marco de largo plazo para el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos de Mendoza.
“El objetivo es actualizar la norma a las necesidades actuales de una industria que está pasando por una gran reconversión y en la que Mendoza debe proyectarse para los próximos 50 años”, señaló la ministra.
Uno de los principales cambios propuestos está relacionado con el régimen de regalías.
La Ley 7526, vigente desde 2006, establece una alícuota general del 12% sobre la producción, con la posibilidad de reducirla hasta el 5% de acuerdo con la productividad, las condiciones y la ubicación de los pozos.
El nuevo proyecto propone pasar a un esquema más flexible. Para las futuras licitaciones se establece una regalía de referencia del 15%, pero las empresas podrán formular ofertas con porcentajes superiores o inferiores en función de la viabilidad económica de cada proyecto.
La adjudicación, además, no estará determinada exclusivamente por la regalía ofrecida. El Gobierno plantea ponderar el valor integral del proyecto, la producción proyectada y los compromisos de inversión, con un peso preponderante para el monto de inversión.
El objetivo es pasar de un esquema más rígido a una lógica de competencia entre proyectos, en la que la propuesta de desarrollo tenga un peso central.
El Ejecutivo también quedaría facultado para reducir las regalías por debajo del 5%, con sustento técnico, en determinados proyectos destinados a reactivar pozos inactivos, realizar exploración complementaria, desarrollar crudos pesados o implementar proyectos de recuperación mejorada.
La iniciativa incorpora herramientas específicas para estimular la inversión en áreas maduras, uno de los principales desafíos de la actividad convencional en Mendoza.
Entre las medidas previstas se encuentra la posibilidad de compensar parcialmente el canon de explotación cuando se realicen inversiones de riesgo exploratorio. Para acceder a ese beneficio, la inversión deberá superar determinados umbrales establecidos por el proyecto.
También se contempla una reducción de hasta 80% del canon correspondiente a una prórroga en los permisos de exploración.
La intención es generar incentivos para que las empresas incorporen nuevas tecnologías, exploren sectores adicionales y extiendan la vida productiva de campos que ya llevan décadas en explotación.
Otro de los cambios centrales es la incorporación de un régimen específico para las concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos.
La categoría no estaba contemplada en la legislación provincial vigente desde 2006 y adquiere relevancia por el potencial de la Cuenca Neuquina en Malargüe, donde Mendoza posee parte de Vaca Muerta.
La provincia busca así establecer reglas específicas para proyectos que requieren inversiones de mayor escala y horizontes de desarrollo de largo plazo.
En este segmento, uno de los proyectos que avanzó recientemente es Payún Oeste, donde TanGo Energy obtuvo financiamiento para el desarrollo no convencional, mientras que URSA quedó a cargo de la inversión convencional.
El proyecto también amplía las obligaciones ambientales de las compañías hidrocarburíferas.
La nueva normativa plantea que las obligaciones se extiendan a todo el ciclo de vida de los proyectos, desde la exploración y explotación hasta el cierre y abandono definitivo de instalaciones, pozos y ductos.
Uno de los puntos centrales es que la salida de una empresa de un área no extinguirá las responsabilidades ni los pasivos ambientales generados durante su operación.
Además, las operadoras deberán presentar cada dos años una Declaración Jurada de Buenas Prácticas, de acceso público, que incluirá información sobre ambiente, relación con las comunidades, capacitación laboral, proveedores locales, transparencia, higiene y seguridad.
El proyecto también establece una prioridad explícita para la contratación de mano de obra y proveedores locales.
La propuesta incorpora además un mecanismo para resolver eventuales superposiciones entre derechos mineros e hidrocarburíferos.
El tema adquiere relevancia ante el crecimiento de la exploración minera en Mendoza, particularmente en el sur provincial.
El principio planteado por el proyecto es que la superposición territorial no implique automáticamente la caducidad o el rechazo de alguno de los derechos. En cambio, se buscará compatibilizar las actividades desde el punto de vista técnico, operativo, ambiental y temporal.
Cuando la coexistencia resulte técnicamente inviable o genere riesgos incompatibles, el Poder Ejecutivo podrá resolver la situación después de la intervención de las autoridades minera e hidrocarburífera y de una audiencia con las partes involucradas.
La iniciativa también modifica el esquema de control de la actividad.
La autoridad de aplicación continuará siendo el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Hidrocarburos y en coordinación con la autoridad ambiental provincial.
A su vez, se crea una Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera, destinada a financiar inspecciones, equipamiento y tareas de fiscalización técnica. El proyecto establece un límite de hasta el 0,8% del monto abonado en concepto de regalías o cánones.
En materia de sanciones, se abandona el esquema de multas fijadas directamente en pesos y se establece que su cálculo estará vinculado al precio de la nafta súper.
Las infracciones serán clasificadas como leves, graves, muy graves y gravísimas, considerando factores como el daño provocado, el beneficio obtenido, la reincidencia y la conducta posterior de la empresa para reparar el impacto.
Con el envío del proyecto, Mendoza busca actualizar una legislación que lleva dos décadas vigente y construir un marco que contemple las dos principales realidades de su industria: la necesidad de recuperar producción en los campos convencionales maduros y el desarrollo del potencial no convencional en Malargüe.
La iniciativa comenzará ahora su tratamiento en las comisiones de la Cámara de Diputados, donde se discutirá el nuevo esquema de regalías, los incentivos a la inversión, las condiciones para el desarrollo de Vaca Muerta y las nuevas exigencias ambientales y de fiscalización.