El Gobierno presentó el Presupuesto 2027 con dos números destinados a ocupar los titulares: 4% de crecimiento y 18% de inflación. Pero un presupuesto cuenta algo más de lo que un gobierno cree que pasará con la economía. También cuenta qué piensa hacer si eso efectivamente sucede. Porque detrás de las proyecciones tiene que seguir las decisiones.
Cuánto para defensa. Cuánto para universidades. Cuánto para ciencia. Cuánto para salud. Cuánto para discapacidad. Cuánto para seguridad. Cuánto para cada una de las cosas que, consideradas por separado, siempre podemos definir como importantes.
Acá aparece un problema. El proyecto enviado al Congreso no sólo abrió una discusión entre oficialismo y oposición. Las partidas destinadas a universidades y discapacidad generaron objeciones también entre bloques que suelen acompañar al Gobierno, y el Ejecutivo dejó abierta la posibilidad de revisarlas durante la negociación parlamentaria. Al mismo tiempo, el proyecto contempla una recuperación desigual del gasto y coloca, entre otras prioridades, un incremento en defensa. Lo que no está ni bien ni mal. Puede parecer una discusión de números. En realidad es una discusión sobre pesos. En los dos sentidos.
Pensemos en la salud. Ponerla sobre una balanza resulta un poco incómodo. Si alguien pregunta cuánto vale que un hijo se cure, cuánto vale recuperar la movilidad o cuánto pagaríamos por un año más de vida, la respuesta intuitiva es sencilla: todo. Lo que haga falta. Hay cosas, solemos decir, que no tienen precio. El problema aparece cuando el que tiene que decidir eso no es una persona sino el Estado.
Una vacuna puede ser invaluable para quien la necesita y tener un costo perfectamente calculable. Lo mismo ocurre con una universidad, un laboratorio científico, un radar para la frontera o una prestación por discapacidad. Todos pueden ser algo difícil de medir para quienes depende de ellos. Y todos terminan, inevitablemente, dentro de una planilla.
El detalle del Presupuesto 2027
El Presupuesto 2027 tiene decenas de esas planillas. Clasifica el gasto por finalidad, función, jurisdicción, organismo y fuente de financiamiento. En algún momento del proceso, salud, educación, defensa, seguridad social y ciencia dejan de ser conceptos y se convierten en cifras expresadas en la misma unidad. Pesos.
Es lógico. Probablemente no exista otra manera de administrar un Estado moderno. Pero que sea necesario no significa que deje de ser extraño. El dinero tiene esa capacidad extraordinaria de volver comparables cosas que no se parecen entre sí. Un kilo de tomates, una hora de trabajo, un libro y un pasaje de avión no tienen demasiado en común hasta que aparece un precio. Desde ese momento pueden entrar en la misma cuenta.
El presupuesto lleva esa ejercicio intelectual de síntesis a escala nacional. En una punta entran vacunas, jubilaciones, submarinos, becas, rutas, tratamientos médicos, universidades. En la otra salen números. Cosas que jamás pondríamos juntas en una conversación terminan viviendo una debajo de la otra en una hoja de cálculo. Por eso las discusiones de presupuesto se vuelven muy rápidamente discusiones morales.
Quien mira una reducción puede interpretarla como una señal de desinterés. Quien defiende el equilibrio fiscal puede sostener que gastar responsablemente también es una obligación moral. Los recursos son finitos y gastar de más en un lugar tiene consecuencias que implican conseguir más ingresos, o endeudarse, o emitir, o recortar otra partida o mejorar la eficiencia.
Las tensiones
Ahí está una de las tensiones centrales del proyecto que acaba de entrar al Congreso. No es simplemente “gastar o no gastar”. Es elegir. Y elegir supone establecer jerarquías entre necesidades que sus, beneficiarios, defensores o dependientes consideran prioritarias.
La política suele intentar escapar de esa incomodidad mediante palabras absolutas. La educación es prioridad. La seguridad es prioridad. La salud es prioridad. La discapacidad es prioridad. La defensa es prioridad. La ciencia es prioridad.
El inconveniente se presenta solo. Si todo es prioridad, la palabra prioridad deja de significar algo. Un presupuesto obliga a completar la frase. Prioridad respecto de qué.
Ese es probablemente su costado más político y más polemico. Mucho más que una proyección de inflación o crecimiento, el presupuesto es una máquina de crear "comparables". Obliga a un gobierno a transformar "su relato" en proporciones. Después el Congreso discute esas proporciones y trata de cambiarlas. No necesariamente porque unos valoren ciertas cosas y otros no, sino porque pueden establecer de manera diferente cuánto corresponde destinar a cada una y qué costos están dispuestos a asumir.
El error está en nuestro lenguaje. Usamos “valor” y “precio” casi como sinónimos. Preguntamos cuánto “vale” algo cuando queremos saber cuánto cuesta. Y después trasladamos esa confusión a la política: suponemos que el dinero que asigna un presupuesto expresa de manera exacta el valor moral que un gobierno le concede a cada asunto. No necesariamente.
Más presupuesto no garantiza mejores resultados. Menos gasto tampoco demuestra por sí solo indiferencia. Entre una cifra y sus consecuencias aparecen la eficiencia, la gestión, las prioridades, las condiciones anteriores y, finalmente, la política.
Pero hay algo que el número sí muestra. Y lo que no se puede obviar es que cuando se pone un número hay una elección. El problema del presupuesto no es que le ponga precio a las cosas. Es que, para poder gobernar, necesita fingir durante un instante que precio y valor hablan el mismo idioma.
El Gobierno calcula que en 2027 la economía crecerá 4% y que la inflación será del 18%. Ahora empieza la discusión menos matemática: qué hacer con los pesos disponibles y cuánto peso darle a cada cosa.
Porque una cosa es cuánto vale algo. Otra es cuánto cuesta sostenerlo.
Y la política no sucede en ninguno de esos dos extremos, sino exactamente en el espacio incómodo que queda entre los dos.