Alberto Fernández
El ex presidente solicitó apartar al fiscal que investiga la denuncia de Fabiola Yañez, acusando falta de objetividad en el proceso y vulneración de su derecho a defensa.
El ex presidente Alberto Fernández presentó una solicitud formal para apartar al fiscal federal Ramiro González de la causa en la que se lo investiga por presunta violencia de género contra su ex pareja, la ex primera dama Fabiola Yañez. La presentación, que fue realizada el jueves por la tarde a través de su abogada defensora, Silvina Carreira, argumenta que González habría incumplido con los principios de "objetividad" y "legalidad" durante el proceso, poniendo en riesgo la imparcialidad de la investigación.
En su escrito, Carreira solicitó la recusación del fiscal González señalando que “existen circunstancias suficientes que, por su gravedad, afectan los principios de objetividad, legalidad y oficialidad” del magistrado. El pedido de la defensa surge en medio de un contexto tenso, luego de que Yañez, actualmente radicada en España, se negara a entregar su teléfono celular a la justicia de ese país, medida solicitada por la fiscalía argentina como parte de las pruebas del caso.
La defensa de Fernández sostuvo que en diversas ocasiones se le impidió participar en momentos clave del proceso, lo que según ellos, afecta el derecho de defensa en juicio. En el escrito presentado ante la justicia, Carreira manifestó que “se ha violentado flagrantemente el principio de igualdad de armas”, una garantía constitucional que asegura la paridad entre las partes durante el proceso judicial.
Entre las situaciones que destacan la falta de equidad en la causa, la abogada señaló que se le negó la posibilidad de estar presente en la declaración testimonial de Yañez, así como la imposibilidad de tener acceso directo a la transcripción de esa declaración. Según la defensa, Carreira fue obligada a transcribir la declaración “durante varios días” bajo la excusa de que el contenido “podría filtrarse a los medios”, una responsabilidad que, según la abogada, corresponde a la querella y al personal de la fiscalía.
Además, la defensa denunció que el fiscal González realizó reuniones con testigos clave sin permitir la presencia de la defensa de Fernández, a pesar de que esta lo había solicitado formalmente. En el escrito presentado, Carreira calificó estas acciones como una muestra clara de parcialidad y argumentó que González actuó “acompañando los pedidos de la querella como si fueran sagrados”, sin considerar los derechos de su defendido.
“Jamás he sentido y vivido tal menoscabo y menosprecio por la actividad de la defensa”, expresó Carreira, quien también destacó la importancia de la objetividad del fiscal en el marco de un sistema acusatorio, donde las partes deben tener igualdad de oportunidades para presentar sus argumentos y pruebas.
Uno de los puntos centrales del pedido de recusación está relacionado con la negativa de Fabiola Yañez a entregar su teléfono celular a la justicia española, medida solicitada por la fiscalía argentina para realizar una copia forense del dispositivo. Según explicó la defensa de Fernández, la falta de colaboración de Yañez y su reticencia a entregar el celular “redunda en una burla” hacia el proceso judicial y afecta gravemente la obtención de pruebas clave para la defensa del ex presidente.
En relación a esta cuestión, Carreira subrayó que la defensa fue excluida de la posibilidad de “participar y controlar debidamente” el análisis del teléfono celular de Yañez, lo que constituye, según ella, una vulneración al derecho de su representado. La defensa considera que esta medida, junto con otras irregularidades denunciadas, refuerza la idea de que el fiscal González no ha actuado con la imparcialidad que requiere su rol.
Otro de los hechos señalados por la defensa es la suspensión de las audiencias ya fijadas para escuchar a los testigos propuestos por Fernández. Según el escrito presentado, esta suspensión se dio a raíz de una denuncia por parte de la querella, que acusó a la defensa de haber tenido contacto previo con los testigos, lo cual fue rechazado por Carreira. La defensora también mencionó que algunos de los testigos propuestos por Fernández habrían sido objeto de represalias, como el despido de una trabajadora de la Quinta Presidencial de Olivos, lo que, a su juicio, condicionaría las declaraciones de otros testigos.
La defensa de Alberto Fernández también apuntó contra lo que considera un posible incumplimiento de deberes por parte de la fiscalía en la investigación. En este sentido, Carreira mencionó que el fiscal González ordenó un allanamiento en la residencia de Fernández con el fin de secuestrar su teléfono celular, medida que, según la defensa, se basó en la supuesta violación de una perimetral digital impuesta al ex mandatario, la cual fue desmentida posteriormente por la propia denunciante.
En cuanto a la comunicación entre Yañez y la ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, Carreira sostuvo que no se avanzó en la investigación de posibles delitos de falso testimonio relacionados con dichas conversaciones, a pesar de que considera que hay indicios suficientes para imputar a las involucradas. Según la defensa, este tipo de omisiones refuerzan la percepción de que el fiscal González no está cumpliendo con su deber de garantizar la legalidad del proceso.
Con todos estos argumentos, la defensa de Alberto Fernández busca que el fiscal Ramiro González sea apartado de la investigación, alegando que su actuación generó una “absoluta pérdida de confianza” en la imparcialidad del proceso. De momento, la justicia deberá resolver si acepta o no el pedido de recusación, lo que podría marcar un nuevo giro en la causa que enfrenta el ex presidente de los argentinos.
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