Martín Menem y Diego Santilli.
El asesor presidencial y el titular de Diputados apuestan por enviarle un guiño a la CGT para conseguir aprobar el proyecto. El ministro resiste.
El asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, comparten un objetivo que tensiona puertas adentro del Gobierno: evitar que la reforma laboral que llegue al recinto sea una copia fiel del sueño de Federico Sturzenegger. El tándem Caputo–Menem busca un texto viable, aprobado rápido, sin romper puentes con la CGT.
En la Casa Rosada describen el escenario como una disputa de método más que de rumbo. Sturzenegger empuja un paquete con énfasis en la ingeniería fina: artículos pensados para desarmar fuentes de financiamiento sindical y recortar el flujo de dinero que alimenta las cajas de los gremios. Su obsesión es conocida: si el poder sindical se sostiene por recursos, la reforma debe atacar el circuito. De ahí el foco sobre los aportes solidarios, un punto que en el oficialismo reconocen como una señal política tan potente como conflictiva.
El ministro, dicen cerca suyo, está dispuesto a resistir los intentos de “edulcorar” el texto. Lo considera una batalla central de su agenda: desregular, recortar intermediaciones y, en el camino, quitarle capacidad de presión al sindicalismo. Su equipo redactó artículos con esa lógica, convencido de que el costo del conflicto vale la pena porque, en el mediano plazo, el Gobierno ganaría margen de maniobra.
Caputo y Menem miran otro mapa. El asesor presidencial, que se convirtió en un eje decisivo de la estrategia legislativa, no discute el diagnóstico sobre el peso histórico de los sindicatos, pero sí la secuencia. En su entorno sostienen que la prioridad es que la reforma laboral salga, aunque sea con concesiones, y que el oficialismo consolide una victoria política que pueda exhibir en el Congreso. Menem traduce esa mirada al lenguaje parlamentario: números, tiempos, votos y estabilidad del recinto.
La coincidencia entre ambos se apoya también en Diego Santilli. El ministro del Interior, que viene construyendo puentes con gobernadores y bloques dialoguistas, se alineó con la idea de que el Gobierno no puede permitirse un choque frontal con la Confederación General del Trabajo en el momento en que necesita juntar voluntades para aprobar un paquete de reformas. La consigna es mantener una relación cordial, sin sumisión, pero evitando un enfrentamiento que ordene a la CGT detrás de una estrategia de resistencia total.
Esa decisión se vio reflejada en el clima de las últimas semanas. Según reconstruyó El Observador, las conversaciones se multiplicaron: contactos discretos, mensajes, intermediarios y reuniones en las que se repite una misma idea. Nadie en Balcarce 50 quiere regalarle a los sindicalistas la excusa perfecta para levantar una confrontación de manual. Por eso, incluso funcionarios que durante meses cultivaron un discurso duro optaron por un registro más moderado y midieron cada gesto público.
El punto de fondo es político: para el Gobierno, la reforma laboral se volvió un objetivo en sí mismo. En la mesa chica creen que, en un año legislativo cargado y con un Congreso fragmentado, el éxito se mide por la aprobación, no necesariamente por la pureza del texto. Esa lógica se parece a la que terminó imponiéndose con la ley Bases: el oficialismo arrancó con un proyecto ambicioso y terminó celebrando una versión recortada, con cambios de fondo respecto del borrador original. La metáfora que circula es simple: mejor una victoria imperfecta que una derrota perfecta.
Esa mirada es la que explica por qué Caputo y Menem intentan correrse de las aspiraciones de Sturzenegger. El ministro sueña con una reforma que deje marcas profundas en el poder sindical. Caputo y Menem, en cambio, quieren evitar que el proyecto se convierta en un plebiscito sobre la CGT. En términos prácticos, eso significa desactivar artículos que se leen como una provocación directa, o al menos reescribirlos para que no sean el detonante de una guerra anunciada.
En el Gobierno aceptan que el dilema es incómodo. Milei llegó al poder con la promesa de romper viejos equilibrios, y Sturzenegger encarna esa pulsión de choque: ir contra lo que el oficialismo llama “corporaciones”. Pero la administración también aprendió, a golpes, que la gobernabilidad no se decreta. La reforma laboral no se aprueba en redes sociales ni en conferencias: se aprueba con votos y, muchas veces, con acuerdos.
Caputo opera en ese territorio. Su objetivo, según fuentes del oficialismo, es cuidar la arquitectura general del plan de Milei: que el Congreso produzca resultados y que el Gobierno no quede atrapado en un conflicto que consuma energía, calle y agenda. Menem acompaña porque conoce el costo de un recinto en combustión: cuando se rompe el puente con los dialoguistas, el margen se evapora y la sesión se vuelve una ruleta.
En ese marco, Sturzenegger quedó como el representante interno de una línea más maximalista. No es que esté solo, tiene aliados y funcionarios que comparten su visión, pero enfrenta un frente inesperado: el asesor que ordena la estrategia política y el presidente de la Cámara que cuenta los votos. La disputa por los aportes solidarios sintetiza el conflicto: un artículo pensado para tocar el bolsillo sindical puede ser, al mismo tiempo, el artículo que haga caer el proyecto entero.
La decisión final, como casi todo en esta administración, dependerá de Milei. En el oficialismo aseguran que el Presidente quiere la reforma laboral en marcha y no está dispuesto a perder el año legislativo en una pelea sin fin. Por eso, mientras Sturzenegger se prepara para resistir cambios, Caputo y Menem empujan una idea pragmática: que la reforma salga, que el Gobierno anote un triunfo, y que el resto de la pelea se dé después, con el proyecto ya aprobado y el tablero reordenado.
El presidente le dio algunas concesiones a la CGT para asegurarse la aprobación de la normativa. El malestar del ministro de Desregulación.
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