Adorni aterrizará en Diputados el miércoles con los hermanos Milei.
El presidente le dio algunas concesiones a la CGT para asegurarse la aprobación de la normativa. El malestar del ministro de Desregulación.
El nuevo borrador de la reforma laboral que envió Javier Milei al Congreso dejó dos huellas políticas claras: una marcha atrás parcial en el capítulo sindical, leída como derrota de Federico Sturzenegger en la interna del oficialismo, y un rediseño del régimen de plataformas, que toma el proyecto de Cristian Ritondo y suma a los choferes de apps del país.
El primer punto sensible está en el corazón de la arquitectura sindical. Sturzenegger había empujado una versión más agresiva sobre el financiamiento gremial y el margen de maniobra de las asociaciones, con la mira puesta en acotar el poder de la CGT y de los sindicatos grandes. En la versión final del proyecto, varios de esos bordes se liman y el texto queda más cerca de un esquema de “ordenamiento” que de demolición. Las asociaciones siguen pudiendo imponer cotizaciones a sus afiliados, mantener su patrimonio y ejercer la representación colectiva con un menú amplio de facultades.
El artículo que regula el patrimonio de las asociaciones sindicales mantiene la figura del empleador como agente de retención de las cuotas de afiliación, siempre con conformidad expresa del trabajador y autorización de la Secretaría de Trabajo, tanto en el proyecto original como en la versión final. La idea de Sturzenegger de ir más lejos sobre los flujos de recursos y los aportes con origen en los convenios colectivos se ve contenida por la necesidad de no dinamitar los puentes con la CGT ni con los bloques dialoguistas que el Gobierno necesita en el Congreso.
En ese sentido, dentro del elenco oficial se leyó que el nuevo texto implica una derrota política de Sturzenegger: su concepción maximalista de “secar financieramente” a los sindicatos quedó en una versión edulcorada, que refuerza controles, introduce sanciones a abusos y endurece el régimen frente a bloqueos e interrupciones, pero sin tocar de lleno los resortes que garantizan la caja sindical. El costo de esa moderación es admitir que, al menos en este round, la gobernabilidad parlamentaria y la paz con la CGT valen más que el dogma de la desregulación pura.
El segundo gran cambio del borrador es el capítulo de plataformas tecnológicas, que deja de estar pensado sólo para repartidores y cadetes y se abre a los choferes de apps. El proyecto original hablaba de un “Régimen de los Servicios Personales de Reparto y Mensajería”, definía la “mensajería urbana” y al “repartidor independiente de plataformas” como figura central. La versión final rebautiza el capítulo como “Régimen de los Servicios Privados de Movilidad de Personas y/o Reparto que utilizan plataformas tecnológicas” y suma una definición explícita de servicio de movilidad de personas: traslados acordados vía app entre un usuario y un prestador independiente, por un precio de viaje convenido.
Ese giro no es técnico, es político. El Gobierno toma como base el proyecto del jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, que venía trabajando un régimen específico para Uber, Cabify y afines, con foco en la figura del “prestador independiente” y en la libertad de conexión, horarios y elección del medio de transporte. La nueva redacción consagra justamente eso: prestadores que pueden conectarse cuando quieran, aceptar o rechazar viajes, y negociar sus condiciones sin que se presuma una relación laboral clásica.
En la ingeniería parlamentaria, esa concesión es una ficha directa para Ritondo, que gana protagonismo como proveedor de insumos concretos para la reforma. En la interna, el mensaje es que la reforma laboral no es propiedad exclusiva de Sturzenegger sino un espacio donde el PRO puede dejar su huella doctrinaria y, de paso, ordena a un sector clave del mercado de trabajo urbano que el oficialismo había dejado a mitad de camino.
Más allá de esos dos ejes, el resto de los cambios entre el primer borrador y la versión final funcionan como una mezcla de afinamiento técnico y pequeños guiños sectoriales. Uno de ellos es el capítulo dedicado al trabajo agrario, que en la primera versión aparecía diluido en el paquete general y ahora queda expresamente modificado a través de la Ley 26.727, con la incorporación de un artículo que replica el esquema de actualización de créditos e intereses de la Ley de Contrato de Trabajo.
El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) mantiene su lógica original –un fondo individual financiado con contribuciones patronales, destinado a cubrir contingencias de despido y otros supuestos– pero la versión final prolija la redacción sobre transferencias de cuentas cuando hay venta de establecimiento o reorganización, aclara la inembargabilidad de los fondos y refuerza el rol de ARCA como organismo de control y verificación del cumplimiento. También se define con más detalle la reducción y el eventual incremento de contribuciones patronales según el grado de cumplimiento del empleador con el FAL.
Otro bloque donde se nota la mano del “corrector” más que del ideólogo es el de las remisiones normativas: se corrige, por ejemplo, la referencia equivocada al régimen de trabajo a domicilio, que en la primera versión se enganchaba sobre la ley de PYMEs y ahora se apoya en la ley específica del sector. Lo mismo ocurre con las referencias sistemáticas a la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, que aparecen más ordenadas y consistentes en la versión final, en línea con el trabajo de los equipos técnicos de Economía y Capital Humano.
El paquete de incentivos a la formalización y al empleo registrado –RIFL, beneficios para el empleo ya registrado, PER y RIMI– llega a esta instancia prácticamente intacto. Hay reordenamiento de títulos, pequeños cambios de numeración y alguna reescritura de cláusulas para hacerlas más legibles, pero el corazón del esquema sigue siendo el mismo: reducción de cargas para nuevos puestos formales, blanqueo de relaciones preexistentes con perdón parcial de multas, y alivios fiscales para inversiones medianas.
El resultado es un proyecto que conserva el ADN pro-empresario y desregulador que Milei le encargó a Sturzenegger, pero que admite correcciones políticas en dos frentes sensibles: el universo sindical y el de las plataformas. En el primero, la Casa Rosada acepta resignar parte del ímpetu original para no dinamitar los acuerdos con la CGT y con los aliados parlamentarios. En el segundo, le abre la puerta a Ritondo para ordenar un sector emblemático de la economía digital bajo un paraguas de autonomía contractual y sin estatizar el vínculo laboral.
En la práctica, la nueva versión anticipa cómo será la discusión en el Congreso: una negociación permanente entre el máximo ideológico de Sturzenegger, las necesidades de votos del oficialismo y las agendas propias del PRO y de los gobernadores. Si esta reforma es el laboratorio político de Milei, el borrador final ya dejó una primera lección: incluso en su proyecto emblemático, la realpolitik se impuso sobre la tentación de escribir la reforma laboral “soñada” en un pizarrón.
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