El organismo calificó a Malte SRL como "usina sin capacidad operativa"; la investigación se da en un contexto de conflicto entre el Gobierno y la AFA.
De acuerdo con documentación de ARCA, Malte SRL fue declarada por la AFIP como "usina sin capacidad operativa económica y/o financiera", tras detectar patrones de funcionamiento asociados a empresas pantalla. El reporte señala: "Malte SRL carece de capacidad económica real para justificar su volumen de movimientos patrimoniales y comerciales, presentando reiteradas inconsistencias en su actividad".
Entre las anomalías figuran cambios frecuentes de domicilio fiscal, multiplicidad de objetos sociales sin relación entre sí, y transferencias reiteradas de vehículos de alta gama, maquinaria e inmuebles, todos con escasa trazabilidad documental.
El análisis incluyó el seguimiento de operaciones electrónicas y facturación abultada entre empresas vinculadas, sobre conceptos alejados de la actividad declarada formalmente por Malte SRL y sus contrapartes.
Según el expediente, la empresa mantuvo una estructura de empleo atípica: solo un trabajador declarado en todos los períodos analizados, domiciliado en Buenos Aires, mientras que la sociedad fijó sus sedes impositivas en Santiago del Estero.
Las direcciones IP empleadas para la emisión de comprobantes fueron compartidas con otras firmas del grupo, algunas de ellas identificadas como Carbello SRL, Servicios Lindor SA y Soma SRL.
El informe de ARCA remarca la falta de actuación de Malte SRL como agente de retención en ejercicios con volúmenes de compra relevantes (2020, 2021, 2024 y 2025), hecho incompatible con su nivel de facturación. Además, se detectó la existencia de servicios facturados por la escribana Gilda Milani, que vincularían a la empresa con Luciano Pantano, otro actor señalado en la investigación.
Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores es el blanqueo de bienes por US$1,4 millones, realizado al amparo de la Ley 27.743 de sinceramiento fiscal. La maniobra se inscribe en un contexto de operaciones con la AFA cuya trazabilidad resulta "indeterminable".
El reporte plantea: "La sociedad registró operaciones de gran volumen con la Asociación de Fútbol Argentino, sin respaldo patrimonial ni personal operativo acorde a los montos involucrados".
Estas revelaciones se producen en un contexto de conflicto político entre el Gobierno nacional y la AFA, que se extiende desde hace meses. La Justicia avanza sobre la dirigencia de la entidad: el juez federal Diego Amarante citó a indagatoria al presidente Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y otros miembros de la comisión directiva, y les prohibió salir del país.
La causa investiga presunta apropiación indebida de aportes impositivos y de la seguridad social que superan los $19.300 millones. La denuncia sostiene que la AFA retuvo y no depositó esos fondos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, y que ese comportamiento se sostiene en un circuito de órdenes directas entre los máximos responsables de la entidad.
El pedido de ARCA se fundamentó en pruebas documentales y testimonios internos de la AFA, que desmienten una eventual imposibilidad financiera y apuntan a una decisión deliberada de no cumplir con las obligaciones tributarias.
El expediente judicial recoge declaraciones de la gerente de Control y Administración, Mónica Bouvet, quien describió un esquema donde la autorización de transferencias dependía exclusivamente de la orden del tesorero, y los balances oficiales llevaban la firma conjunta de Tapia, Toviggino y el secretario general.
El expediente también menciona presuntas maniobras de desvío de fondos mediante empresas pantalla en el extranjero y sociedades constituidas en paraísos fiscales, relacionadas con la estructura financiera de la AFA bajo la gestión de Tapia y Toviggino.
Entre 2021 y 2025, la entidad habría canalizado más de US$300 millones fuera del circuito bancario argentino, valiéndose de intermediarios y firmas offshore como TourProdEnter LLC y Global FC LLC. Estas operaciones están bajo investigación penal por presunto lavado de activos y administración fraudulenta.
En el caso de Malte SRL, la AFIP concluyó que se trata de una sociedad apócrifa o de fachada, creada para simular operaciones y facilitar maniobras de evasión. Su inclusión en la base e-apoc como "usina sin capacidad operativa" implica la imposibilidad de justificar los flujos de fondos y bienes declarados ante el fisco.
La investigación detectó, además, la participación de familiares y allegados de dirigentes futbolísticos en la administración y control de las empresas vinculadas.
El avance de la causa penal, impulsada por ARCA, mantiene a la conducción de la AFA bajo estricta vigilancia judicial. El juez Amarante convocó a declarar a los principales directivos y ordenó medidas restrictivas, como la prohibición de salida del país, ante la "gravedad de los hechos investigados y la severidad de la pena en expectativa" prevista en la legislación penal tributaria argentina. La defensa de la AFA intentó cerrar la causa aduciendo falta de acción, pero la Justicia rechazó ese planteo y confirmó la continuidad de la instrucción. La investigación se desarrolla en un contexto de conflicto político entre el Gobierno nacional y la dirigencia del fútbol argentino que se extiende desde hace meses.
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