Luego de agradecer al presidente Milei por haberlo postulado para la Corte Suprema, y tras manifestar que “es el máximo desafío que puede aspirar un abogado”, Lijo se emocionó al hablar de sus padres y recordó que es la segunda vez que concurre a la Comisión de Acuerdo, 20 años después de haber participado por primera vez al ser designado juez federal. "En ese momento me acompañó mi padre, que ya no está, y mi madre, quien hoy también está acá”, dijo, emocionado.
Tras los agradecimientos, Lijo comenzó su exposición con una presentación personal, en la que habló de sus antecedentes, y haciendo referencia a sus más de treinta años trabajando en el Poder Judicial -que inició como meritorio o "pinche"-, destacó que la función de los magistrados no se agota en intervenir en los casos que le tocan, ya que hay otras dimensiones que debe abordar, por ejemplo establecer políticas judiciales que irradien a todos los integrantes del Poder Judicial. “Para eso es indispensable conocer la realidad de la justicia federal de todo el país y de las justicias provinciales, cosa que tuve el privilegio de ver de primera mano, cuando en mi rol de secretario general de la Asociación de Jueces Federales interactué con los diferentes actores que tienen a su cargo resolver los fenómenos criminales de cada región y las personas que los padecen”, explicó. Y en relación a esto destacó la importancia de respetar la autonomía de las provincias, de las economías regionales y los recursos naturales.
“El modelo de juez debe guiar, que puede generar aporte, es un modelo de juez de Justicia y de Corte más proactivo”, aseguró el magistrado y agregó que eso implica “saber que atrás de cada decisión hay una realidad que no se puede volcar en los papeles. Son, centralmente, las experiencias humanas. Por eso deben establecerse políticas institucionales desde la Corte hacia adentro y hacia afuera”, dijo, a la vez que subrayó que el Máximo Tribunal ya viene haciendo este trabajo en varios aspectos, y para ejemplificar mencionó el plan de Políticas de Estado para el Poder Judicial, presentado en 2007.
A la izquierda, la senadora Anabel Fernández Sagasti (UxP, Mendoza), a la derecha la senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO-CABA) en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos del Senado en la que el juez Ariel Lijo defiende su postulación para la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Apelando a sus tres décadas de trabajo judicial, Lijo afirmó que “los casos no se terminan en los papeles que los jueces tienen en su escritorio". Detrás de los casos de criminalidad organizada, explicó, hay consecuencias que las personas siguen sufriendo y de las cuales también el Poder Judicial debe ocuparse, "ya sea con acciones directas formando a sus integrantes como hace permanentemente la UEJN, o bien, coordinando acciones concretas con el Poder Ejecutivo nacional, provincial o municipal, así como emprendiendo acciones en conjunto con el Parlamento para soluciones integrales”.
“La Corte debería trabajar esencialmente con el Congreso en la elaboración de propuestas que también generen respuestas a los problemas que tienen las personas. La Corte debe enfocarse en el acceso a la Justicia, No solo para garantizar que haya mayor facilidad para litigar. Hay una barrera cultural y social que hay que resolver. Hay una traducción de Borges de un libro de Kafka que se llama Ante la ley. El campesino insiste y nunca puede entrar a la ley y eso es lo que pasa”, explicó Lijo y añadió: “La Corte tiene que tener una política de tutela afectiva de los casos, teniendo en cuenta qué es lo que le pasa a la víctima”.
Para el juez, “la Corte Suprema debe tener una política que implique una tutela efectiva de los casos de violencia doméstica, de género, laboral, de menores y adicciones”, y en este punto destacó la creación de la Oficina de Violencia Doméstica. “Se trata de dar respuestas efectivas que resuelvan los problemas de las personas y no quedar en meros discursos o puestas en escena. Este enfoque permite establecer políticas efectivas que marquen el camino a todos los integrantes del Poder Judicial, y las que ya existen mejorarlas para que sean herramientas útiles”, afirmó.
El juez Ariel Lijo defiende su postulación para la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos del Senado
Respecto de la modernización de la justicia, no solo en su aspecto tecnológico, sino el relativo a dinamizar los procesos de producción de sentencias en la Corte, Lijo resaltó la importancia de trabajar con el Congreso para encontrar mecanismos que simplifiquen y bajen el nivel de litigiosidad que llega a la Corte Suprema por diversas vías, y que además “debería incluir la discusión sobre si es necesario imponer plazos”. Asimismo expresó que internamente la Corte debe trabajar en mejorar o modificar las reglas de superintendencia, aumentando la delegación en las cámaras federales en la adopción de decisiones que hacen a la gestión de los recursos.
“Hay que dinamizar los proceso de resolución de sentencias. Hay que trabajar con el Congreso para bajar el nivel de litigiosidad que llega a la Corte. No es viable el nivel que tiene la Corte”, sostuvo el juez y considerío que “no es razonable que a esta altura el Poder Judicial tenga una única propuesta, sin importar lo que se trate. Tener métodos distintos para distintos problemas. No hay que quedarse en los diagnósticos, ya los tenemos. Hay que pasar a las soluciones”.
La Justicia ante los conflictos políticos
El juez Ariel Lijo defiende su postulación para la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos del Senado
Al referirse a las cuestiones políticias que muchas veces terminan judicializadas, el magistrado fue contundente: “Las cuestiones de la política se tienen que resolver en los ámbitos adecuados. No siempre el Poder Judicial puede dar una solución a este tipo de conflictos”. “El cumplimiento de esas atribuciones en el marco del respeto al mandato constitucional en la forma y en el fondo tienen una presunción de legitimidad, y soy de la idea de la estabilidad de los actos de los poderes”, dijo Lijo, y explicó que los controles recíprocos son mecanismos institucionales complejos con múltiples aristas, pero “en este escenario tengo una convicción central: declarar la invalidez de una norma es de una gravedad institucional extraordinaria, y sólo debe reservarse a aquellos casos en los que sea imposible sostener su constitucionalidad o cuando se haya violado el proceso deliberativo establecido por la Constitución”. Según entiende, “esto implica que las cuestiones de la política deben resolverse en los ámbitos de la discusión pública de ideas. Las cuestiones entre el Parlamento y Poder Ejecutivo tiene las reglas de los frenos y contra pesos y no siempre el Poder Judicial es el poder adecuado ni el que esta llamado a resolver esa categoría de conflictos”.
Una Secretaría especial para investigar el atentado a la Embajada de Israel
Finalmente Lijo mencionó la creación de la Secretaría de Investigación del Atentado a la Embajada. “El Poder Judicial debe dar pruebas de que aprendió, se capacitó y está en condiciones de enfrentar cualquier conflicto independientemente de su complejidad”, explicó. “La Corte tiene dos funciones, una centrada en la investigación propiamente dicha, y la otra en la capacitación de los miembros del Poder Judicial y en la implementación de acciones con otras entidades y organismos para luchar contra la discriminación en todas sus formas, en particular contra el antisemitismo, dado que es sin dudas la causa de los dos atentados terroristas, que produjo un crisis global a partir de los acontecimientos del 7 de octubre”, enunció el juez, que luego aseguró que el valor agregado de la creación de una secretaría especializada es establecer una política de Estado desde la Corte, “a través de la cual generar conciencia, compromiso y acciones de todos los actores del Poder Judicial en todo el país”, concluyó.
Los antecedentes de Ariel Lijo
Ariel Lijo es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Administración de Justicia de la UBA y profesor de Derecho Constitucional. Inició su carrera profesional en el Poder Judicial de la Nación como meritorio en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23 y luego se incorporó como Auxiliar Administrativo en la Defensoría Oficial Criminal y Correccional N° 1. Luego de pasar por diversos cargos, fue nombrado secretario en la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, luego prosecretario de Cámara en la Sala I y posteriormente secretario de esa Sala. En el año 2004 fue designado por concurso para ser juez Federal a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, función que desempeña hasta el día de hoy. Al frente de dicho tribunal, se especializó en crimen organizado y la investigación de delitos complejos como corrupción, narcocriminalidad, trata de personas, delitos económicos, ciberdelincuencia, y gestión de bienes incautados en el marco de procesos penales.
“Acreditada idoneidad”: el mensaje del Gobierno para defender la postulación de Lijo a la Corte antes de la audiencia en el Senado
Minutos antes del inicio de la audiencia pública en el Senado para analizar el pliego del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, se difundió un mensaje del gobierno para defender la postulación del magistrado, donde se destaca la “acreditada idoneidad”, la trayectoria y la “notable formación jurídica” para el cargo.
“En lo referido a su actuación profesional en sus más de 30 años de carrera judicial, cabe resaltar que ejerció un rol destacado en la investigación de delitos complejos, como corrupción, narcocriminalidad, trata de personas, delitos económicos, ciberdelincuencia, y delitos contra el orden constitucional”, se agregó en un extenso comunicado que fue leído ante los presentes.
A su vez, se resaltó el apoyo que le dieron al pliego de Lijo diferentes organizaciones del ámbito civil y judicial. “Todas las particularidades abonan aún más los fundamentos de mérito que hacen al doctor Lijo un candidato deseable para ocupar el cargo en cuestión”, se afirmó.
Cómo sigue el proceso de aprobación del pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema
Para que el pliego de Ariel llegue a ser tratado en el recinto del Senado, necesita la firma de nueve de sus 17 integrantes de la Comisión de Acuerdos del Senado. Así, si los representantes del kirchnerismo no acompañan, la postulación de Lijo no avanzará hasta tanto se logre acordar con esa bancada.
La comisión de Acuerdos del Senado, ante la que expondrá el juez federal, Ariel Lijo, en defensa de su candidatura la Corte Suprema, está integrada por 17 legisladores: Guadalupe Tagliaferri y Beatriz Ávila (PRO); los kirchneristas Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Juliana Di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma y José Mayans; los radicales Martín Lousteau, Eduardo Vischi, Carolina Losada y Mariana Juri; el libertario Ezequiel Atauche; los peronistas no K Carlos Espínola y Juan Carlos Romero y el provincial Carlos Arce, de Misiones.
A último momento, la UCR cambió a un integrante de la Comisión de Acuerdos para favorecer al magistrado. El jefe de bloque, Vischi, reemplazó en la comisión al senador radical, Pablo Blanco, que había adelantado su rechazo a la psotulación del juez a la Corte.
Lijo fue postulado por el presidente Javier Milei para ocupar el lugar que dejó vacante en el máximo tribunal la jueza Elena Highton de Nolasco, quien renunció en octubre de 2021. El mandatario también impulsa a Manuel José García Mansilla para el puesto que dejará vacante en diciembre próximo Juan Carlos Maqueda, que llegará a los 75 años, la edad máxima que establece la Constitución para integrar la Corte Suprema.
García Mansilla participará de la audiencia pública el próximo 28 de agosto ante la Comisión de Acuerdos del Senado y recién después firmarían los dictámenes de ambos candidatos. En el recinto se necesita que cada pliego tenga mayoría calificada de dos tercios de los votos. Es decir, 48 votos a favor. Sin dudas para ese número el oficialismo deberá tener un acuerdo político con UxP, ya que los libertarios son solamente siete senadores y el kirchnerismo 33.
Actualmente, la Corte Suprema está conformada por los jueces Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
