La Justicia norteamericana falló a favor de la Argentina en la causa YPF.
La resolución de carácter revocatorio deja sin efecto la obligación interpuesta por la magistrada del Distrito Sur al Estado argentino de pagar más de 16 mil millones de dólares en carácter de indemnización.
La Corte de Apelaciones de Nueva York anuló este viernes el fallo en primera instancia librado por la jueza Loretta Preska contra Argentina por la expropiación de YPF. La resolución de carácter revocatorio deja sin efecto la obligación interpuesta por la magistrada del Distrito Sur al Estado argentino de pagar más de 16 mil millones de dólares en carácter de indemnización.
"GANAMOS EL JUICIO DE YPF. La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia)", señaló el presidente Javier Milei en redes sociales.
Con los fondos Burford Capital como demandantes principales y quienes compraron los derechos de litigio al Grupo Petersen, Preska ya había fallado contra Argentina ordenando la indemnización, además de disponer que el pago se ejecute mediante la entrega de acciones. Como contraparte, el Gobierno presentó un escrito solicitando la suspensión de dicha medida. Las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema norteamericana.
El proceso judicial, iniciadon en 2015, tiene origen en la redacción del estatuto de la empresa cuando en 1993 bajo el gobierno de Carlos Menem se dispuso su privatización.
En aquel momento, se redactó un esquema que incluía una cláusula de protección a los accionistas minoritarios, que establecía que cualquier entidad o persona que adquiriera el control de la compañía (más del 51% de las acciones) debía lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida a todos los socios restantes, pagando un precio predeterminado por fórmula.
En 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.741, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de YPF, pertenecientes en su mayoría a la española Repsol.
En 2015, el fondo Burford Capital adquirió por 15 millones de euros los derechos para litigar de dos empresas del Grupo Petersen (Petersen Energía y Petersen Inversora), que habían quebrado en España tras la nacionalización al no poder afrontar los créditos con los que habían comprado su 25% de la compañiá.
Burford, junto con el fondo Eton Park, demandó a la Argentina alegando que el Estado actuó como un inversor privado y no cumplió con las reglas de mercado de la propia compañía.
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