Eduardo Belliboni
La Cámara Federal sumó delitos a la acusación contra Eduardo Belliboni
Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, enfrenta desde hoy un panorama judicial más complicado.
Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, enfrenta desde hoy un panorama judicial más complicado: se confirmó su procesamiento por supuesta “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Además, la Cámara Federal porteña añadió otras dos figuras penales: “amenazas coactivas” y “extorsión”, que prevén montos de pena más graves en caso de eventual condena.
Según informó Revista Quórum, se trata de la investigación que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello en relación a la denuncia por supuestos desvíos de fondos estatales asignados al programa “Potenciar Trabajo”. Belliboni queda procesado por tres delitos: “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, “amenazas coactivas” y “extorsión”.
La investigación contra Eduardo Belliboni
Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens confirmaron que en el transcurso de la investigación se encontró evidencia del “desvío de los fondos públicos" asignados al Polo Obrero y a una cooperativa llamada “El Resplandor”, mediante convenios del programa “Potenciar Trabajo”. Este dinero se habría destinado a financiar actividades de diversa índole.
La Cámara entendió “acreditada tanto la materialidad objetiva como subjetiva de los hechos relativos a: la administración fraudulenta de los fondos públicos que se les habían confiado, como las distintas exigencias dirigidas a los beneficiarios de los planes sociales para que actúen en contra de su voluntad bajo amenaza de perder la asistencia estatal o el retiro de la asistencia alimentaria”.
Según la acusación, habría exigencias a los beneficiarios del Programa “ajenas a lo pactado” y, a cambio de no perder la ayuda estatal, “traicionándose así los intereses confiados por el Estado para obtener un beneficio particular y ajeno al objetivo de esa política pública”.
En concreto, testigos de identidad reservada dieron cuenta de amenazas de modo directo con dar de baja planes si, por ejemplo, no se asistía a movilizaciones.
Durante los allanamientos que ordenó Casanello se encontraron cuadernos, listados y planillas con registro de asistencia de beneficiarios del programa a movilizaciones, incluido nombre del asistente, fecha del acto y control de participación.
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- Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
- Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
- Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
- El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
- Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
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