La eduación como uno de los ejes centrales de la úlitma sesión en Diputados.
Ambos proyectos deberán ser tratados en el Senado. Una de cal y una de arena para el oficialismo
La sesión que se extendió por 22 horas en la Cámara de Diputados dejó un sabor amargo en el paladar del oficialismo. Más allá de que los libertario lograron la media sanción para el proyecto que declara la educación como servicio esencial no pudieron evitar que avance la norma de financiamiento de las universidades.
La sesión fue tensa. Los cruces estuvieron a la orden del día. El oficialismo impuso su agenda, pero no logró llevarse todo lo que esperaba. En el tintero libertario quedaron la declaración sobre el proceso electoral en Venezuela, la reglamentación del registro de armas, tuvo que ceder que el registro de datos genéticos quede bajo la órbita del ministerio de Justicia y no pudo evitar la media sanción de la ley que garantiza el financiamiento educativo.
El proyecto es parte de una de las discusiones tanto recurrentes como cíclicas en la Argentina. Más allá de las intenciones durante la presidencia de Mauricio Macri, el último que logró avanzar en ese sentido fue el Gobierno de la Alianza.
En 2001, a través de una resolución del ministerio de Trabajo, el Gobierno que encabezaba Fernando De la Rua consiguió avanzar en la esencialidad de la educación. La resolución fue judicializada y finalmente la Corte Suprema decidió dejar sin efecto la normativa. Una camino que los gremios docentes están dispuestos a recorrer en caso de que la norma sea aprobada en el Senado.
El texto se debatió hasta entrada la madrugada. Finalmente, la ley Finocchiaro obtuvo el respaldo con 131 votos afirmativos, 95 negativos y 2 abstenciones y fue girado al Senado para su sanción definitiva.
La norma, que en junio pasado logró unificar en Comisión ocho iniciativas y alcanzó el consenso entre los bloques del PRO, UCR, LLA, Innovación Federal, Encuentro Federal y Coalición Cívica, apunta a que en todos los niveles y modalidades se garantice el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades.
Al respecto, el diputado Alejandro Finocchiaro, autor de norma, consideró que “el proyecto pone en el centro del debate educativo a los chicos, que son el corazón del sistema educativo”.
“Lo que decimos es que, en caso de una medida de fuerza, la escuela debe estar abierta, los directivos tienen que ser responsables de que eso suceda y debe haber una guardia para que reciban a los chicos”, explicó.
El proyecto fue cuestionado desde los distintos sectores del peronismo. En ese marco, la diputada Blanca Osuna (UxP) planteó que “el agravamiento del hambre y desnutrición se traduce en la educación y los resultados”.
“Los docentes están sin inversión en el Fondo Nacional de Incentivo, sin libros, sin computadoras y sin aportes para conectividad”, advirtió Osuna.
La discusión se dio, por esas cosas del destino, como la continuidad de una medida de fuerza que llevaron adelante los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales en reclamo de mejoras salariales.
Después de una larga discusión la oposición logro consensuar un proyecto que modificó uno de los dictámenes puestos a consideración. El acuerdo central se logró en base al diálogo entre Unión por la Patria y la UCR e incluye la recomposición del salario docente desde diciembre 2023 hasta diciembre de 2024 de forma mensual de acuerdo a la inflación informada por el INDEC; la incorporación de dos actividades: fortalecimiento de la ciencia y técnica en las universidades; y fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria; aumento del monto de las becas, entre otras.
El texto fue aprobado por una amplia mayoría. A las 7.30 de la mañana 143 diputados votaron a favor, 77 en contra y hubo una sola abstención.
Blanca Osuna, como miembro informante del dictamen de mayoría destacó: “este proyecto de ley plantea que se instruya al Gobierno Nacional de la asistencia financiera de universidades, pero además se refiere en el programa a 26 actividades específicas”.
Por su parte, el diputado oficialista, José Luis Espert, que fue una de las espadas parlamentarias en contra del proyecto señaló: “No podemos permitirnos una ley de fantasía que vaya en contra del déficit cero”.
La norma ahora deberá seguir su camino en el Senado. Si la oposición lograr espejar en la Cámara alta la mayoría que se consolidó en Diputados la sanción de la norma está asegurada.
Las luces de alerta ya están encendidas en el oficialismo. La posibilidad de un veto presidencial está latente. Sin embargo, el costo político por desfinanciar a la Universidad puede ser alto. Las cartas están sobre la mesa. Ahora será el turno del Senado.
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