La sesión que se extendió por 22 horas en la Cámara de Diputados dejó un sabor amargo en el paladar del oficialismo. Más allá de que los libertario lograron la media sanción para el proyecto que declara la educación como servicio esencial no pudieron evitar que avance la norma de financiamiento de las universidades.
La sesión fue tensa. Los cruces estuvieron a la orden del día. El oficialismo impuso su agenda, pero no logró llevarse todo lo que esperaba. En el tintero libertario quedaron la declaración sobre el proceso electoral en Venezuela, la reglamentación del registro de armas, tuvo que ceder que el registro de datos genéticos quede bajo la órbita del ministerio de Justicia y no pudo evitar la media sanción de la ley que garantiza el financiamiento educativo.
La educación como servicio público esencial
El proyecto es parte de una de las discusiones tanto recurrentes como cíclicas en la Argentina. Más allá de las intenciones durante la presidencia de Mauricio Macri, el último que logró avanzar en ese sentido fue el Gobierno de la Alianza.
En 2001, a través de una resolución del ministerio de Trabajo, el Gobierno que encabezaba Fernando De la Rua consiguió avanzar en la esencialidad de la educación. La resolución fue judicializada y finalmente la Corte Suprema decidió dejar sin efecto la normativa. Una camino que los gremios docentes están dispuestos a recorrer en caso de que la norma sea aprobada en el Senado.
El texto se debatió hasta entrada la madrugada. Finalmente, la ley Finocchiaro obtuvo el respaldo con 131 votos afirmativos, 95 negativos y 2 abstenciones y fue girado al Senado para su sanción definitiva.
Las universidades se pronunciaron en contra de las propuestas de Milei
La norma, que en junio pasado logró unificar en Comisión ocho iniciativas y alcanzó el consenso entre los bloques del PRO, UCR, LLA, Innovación Federal, Encuentro Federal y Coalición Cívica, apunta a que en todos los niveles y modalidades se garantice el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades.
Al respecto, el diputado Alejandro Finocchiaro, autor de norma, consideró que “el proyecto pone en el centro del debate educativo a los chicos, que son el corazón del sistema educativo”.
“Lo que decimos es que, en caso de una medida de fuerza, la escuela debe estar abierta, los directivos tienen que ser responsables de que eso suceda y debe haber una guardia para que reciban a los chicos”, explicó.
El proyecto fue cuestionado desde los distintos sectores del peronismo. En ese marco, la diputada Blanca Osuna (UxP) planteó que “el agravamiento del hambre y desnutrición se traduce en la educación y los resultados”.
“Los docentes están sin inversión en el Fondo Nacional de Incentivo, sin libros, sin computadoras y sin aportes para conectividad”, advirtió Osuna.
Después de una larga discusión la oposición logro consensuar un proyecto que modificó uno de los dictámenes puestos a consideración. El acuerdo central se logró en base al diálogo entre Unión por la Patria y la UCR e incluye la recomposición del salario docente desde diciembre 2023 hasta diciembre de 2024 de forma mensual de acuerdo a la inflación informada por el INDEC; la incorporación de dos actividades: fortalecimiento de la ciencia y técnica en las universidades; y fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria; aumento del monto de las becas, entre otras.
El texto fue aprobado por una amplia mayoría. A las 7.30 de la mañana 143 diputados votaron a favor, 77 en contra y hubo una sola abstención.
Blanca Osuna, como miembro informante del dictamen de mayoría destacó: “este proyecto de ley plantea que se instruya al Gobierno Nacional de la asistencia financiera de universidades, pero además se refiere en el programa a 26 actividades específicas”.
Por su parte, el diputado oficialista, José Luis Espert, que fue una de las espadas parlamentarias en contra del proyecto señaló: “No podemos permitirnos una ley de fantasía que vaya en contra del déficit cero”.
La norma ahora deberá seguir su camino en el Senado. Si la oposición lograr espejar en la Cámara alta la mayoría que se consolidó en Diputados la sanción de la norma está asegurada.
Las luces de alerta ya están encendidas en el oficialismo. La posibilidad de un veto presidencial está latente. Sin embargo, el costo político por desfinanciar a la Universidad puede ser alto. Las cartas están sobre la mesa. Ahora será el turno del Senado.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).
132 diputados dieron el presente, muchos de ellos provinciales. Un minuto de silencio, un libro que se repartió y las muñecas quitapenas del Garrahan; todo lo que ocurrió las primeras horas.
Empujados por el PRO y la UCR, diputados libertarios llevarán mañana al recinto un dictamen propio para sostener y reorganizar el sistema de discapacidad.
Superávit comercial. El intercambio comercial registró en septiembre un superávit de U$S 2.976 millones. Las ventas externas alcanzaron U$S 10.036 millones, con un incremento interanual de 23,5%, y las importaciones totalizaron U$S 7.060 millones, 1,8% por debajo del mismo mes de 2025. El desempeño exportador permitió superar por primera vez los U$S 10.000 millones mensuales.
Principales socios comerciales. Estados Unidos, con exportaciones por U$S 1.011 millones, un 38,9% más que un año atrás, y un saldo favorable de U$S 379 millones. Con Chile se presentó un superávit de U$S 640 millones, resultado de exportaciones por U$S 750 millones e importaciones por U$S 111 millones.
Acumulado de enero a septiembre. Las exportaciones alcanzaron U$S 77.267 millones y el saldo comercial positivo ascendió a U$S 21.198 millones, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.