Los libertarios dictaminaron el Súper RIGI y el acuerdo con holdouts en dos plenarios clave.
El proyecto cosecha apoyo general y algunas disidencias en particular. Las promesas no cumplidas con el PRO y la iniciativa de Milei que fracasará.
Casa Rosada negocia con gobernadores y Martín Menem con diferentes despachos dialoguistas, todo con tal de conseguir la aprobación del Presupuesto 2026. El nuevo Congreso se prepara para su primera sesión: este miércoles 17, a las 14 horas, el recinto de la Cámara de Diputados tratará la ley de leyes, bajo la cual se espera una votación en general optimista para el oficialismo, aunque con modificaciones llegado a lo particular.
Este martes, se dictaminó este proyecto clave: el dictamen de mayoría de LLA recibió 28 firmas. Estos legisladores quieren otorgarle media sanción mañana y Patricia Bullrich buscaría sancionarlo, en el mejor de los panoramas, en una eventual sesión el viernes 26 en el Senado junto a la reforma laboral.
Uno de los puntos más criticados de la iniciativa presupuestaria y que sorprendió al bando opositor es aquel que busca derogar dos leyes que fueron aprobadas y consiguieron la insistencia del Congreso de la Nación tras sus vetos: el financiamiento de las universidades públicas y del sector de discapacidad.
La norma sobre el Hospital Garrahan no se mencionó, ya que el oficialismo asegura que su deuda ha sido saldada con los aumentos salariales otorgados al personal. Mientras tanto, los bloques opuestos aprovecharon para exigir el financiamiento del sector científico del país; y el kirchnerismo criticó que "lo único que ha aumentado el Gobierno son los fondos para la SIDE".
Además del dictamen de los libertarios, Unión por la Patria presentó su dictamen de minoría con 18 firmas. El interbloque Unidos presentó su propia propuesta con 3 firmas (de Nicolás Massot, Jorge Rizzotti e Ignacio García Aresca). En tanto, de las 28 firmas que consiguió el oficialismo, el interbloque Fuerza por el Cambio se diferenció y también consiguió 6 apoyos en su dictamen de disidencia.
Los violetas también dividen las aguas con sus aliados. Por lo pronto, si bien el interbloque "Fuerza del Cambio" (PRO + UCR + MID +ABA + PSC) regido por Cristian Ritondo acompañará al oficialismo en la votación general para el Presupuesto 2026, presentó su propia iniciativa en disidencia con algunas revisiones a tener en cuenta que recibió 6 firmas, con ayuda de Catamarca (Sebastián Nóblega) y Misiones (Oscar Herrera).
Fue el PRO principalmente quien pidió ir en disidencia al exigir considerar la principal queja que le ha hecho al Gobierno para garantizar su apoyo: los fondos coparticipables que Nación le debe a Ciudad de Buenos Aires, que se le prometió al bloque incontables veces, pero aún así no se incluyeron en la ley de leyes.
También hay tensión sobre la firma Camessa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.), debido a que la bancada de Ritondo no está a favor del perdón de deuda a empresas de energía. Lo que sí logró el equipo es la baja del IVA a los medios de comunicación.
En este mismo sentido se posicionan frente a Inocencia fiscal, aunque con revisiones menores y apoyo asegurado en el recinto. El dictamen de mayoría del oficialismo obtuvo 44 firmas (PRO, UCR, MID e Innovación Federal), de minoría de Unión por la Patria y de rechazo del Frente de Izquierda.
Por lo tanto, esta propuesta parlamentaria, que tiene por objetivo "sacar los dólares del colchón", parecería tener gran apoyo de diferentes sectores, entre ellos de sus aliados, del interbloque Unidos y una parte del peronismo. El Presupuesto 2026 será aprobada en general y con modificaciones en particular. Luego entrará en disputa un último proyecto que posiblemente fracase.
El proyecto de Compromiso nacional por la estabilización fiscal y monetaria parece cosechar más dudas que certeza. Pese a que el Presupuesto 2026 y la iniciativa para "sacar los dólares del colchón" competirán con observaciones de otros bloques y diferentes dictámenes de minoría, a nivel general contabilizan apoyo suficiente para obtener la media sanción este miércoles.
No obstante, la propuesta para comprometerse con el déficit fiscal aún no tiene los números. Uno de sus puntos más conocidos es su Artículo 12, que propone incorporar como artículo 287 bis del Código Penal de la Nación penas de tres a 10 años e inhabilitación -por el doble de la condena- al funcionario público del Banco Central que autorizara emisión monetaria y afecte el déficit fiscal. En la misma pena incurrirán los funcionarios públicos que impulsaren la emisión irregular, o que recibieren y pusieren en circulación dicha moneda, por cualquier medio, conociendo su origen espurio.
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