El Gobierno cree que el paro general de la CGT lo ayudará a impulsar la reforma laboral en Diputados

El Gobierno cree que el paro general que la CGT convocó para el día en que Diputados trate la reforma laboral (este jueves 19 o, en su defecto, el miércoles 25 de febrero) puede terminar jugando a favor del Ejecutivo. En Balcarce 50 apuestan a que la mala imagen de la dirigencia sindical licúe el impacto social de la medida.

La lectura oficial mezcla cálculo político con estrategia comunicacional. Cerca del Presidente sostienen que el anuncio del paro les permite “ordenar” el debate: polarizar con una cúpula gremial cuestionada y presentar la reforma como una llave para bajar la informalidad y crear empleo registrado. La premisa es sencilla: si la CGT rechaza la ley, entonces -según ese relato- se opone a que más argentinos entren al sistema formal, aun cuando el Gobierno insiste en que la discusión de fondo es cómo incentivar la contratación y reducir la litigiosidad.

Los cálculos que hace el Gobierno sobre el paro general convocado por la CGT

Ese encuadre no impidió que, en paralelo, el Gobierno haya negociado con la central obrera modificaciones puntuales del texto. En despachos que siguen la letra chica admiten que, para descomprimir el conflicto y aislar a los sectores más duros, se concedieron cambios que benefician a la conducción sindical. Entre ellos, mantener las cuotas solidarias para los no afiliados, eliminar su vencimiento previsto para 2028 y sostener el esquema de financiamiento de las obras sociales, un pilar clave del poder de los gremios. La apuesta de la Casa Rosada es que esas concesiones no se traduzcan en un “aval” explícito de la CGT, pero sí en una protesta menos contundente y con internas a la vista.

En el oficialismo también evalúan el timing. El paro está atado a la fecha de la sesión y no a un día fijo: si el poroteo habilita el tratamiento esta semana, sería el jueves 19 de febrero; si las negociaciones políticas estiran los tiempos, la alternativa que circula es el miércoles 25. Esa elasticidad, creen en el Gobierno, expone la presión de la CGT sobre el Congreso y facilita el argumento de que la central busca condicionar a los legisladores. La convocatoria “sin movilización”, además, es leída como una señal de prudencia para evitar escenas de confrontación en la calle.

La reforma laboral podría sancionarse en marzo por los cambios pedidos en Diputados

Con ese telón de fondo, la Casa Rosada prepara una ofensiva discursiva. Habrá énfasis en que la reforma abre la puerta a nuevos puestos formales -y, por lo tanto, a más aportes- y que el rechazo gremial preserva privilegios de un sistema que, afirman, “expulsa” a jóvenes y pymes. A la vez, el Gobierno buscará contrastar el mensaje con los beneficios que ya concedió en la negociación para mostrar que “escuchó” demandas pero no resignará el objetivo central.

Los gremios, también juegan su partido con la reforma laboral

El punto más delicado, sin embargo, es el que se juega fuera del articulado. En Balcarce 50 esperan con ansias alguna declaración que pueda leerse como “tinte golpista”, en línea con expresiones recientes de Pablo Moyano y del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. En el oficialismo creen que una frase desbordada puede convertirse en insumo para endurecer el discurso contra la dirigencia sindical, acusarla de corporativa y reforzar la idea de que el paro responde a intereses de poder más que a la defensa de los trabajadores.

En ese equilibrio -concesiones en la letra, dureza en el relato- el Gobierno confía en que la protesta termine siendo funcional: una postal de antagonista conocido para una reforma que pretende vender como “modernización” y un test para medir cuánto pesa, en 2026, la capacidad de presión de la CGT sobre una sociedad fatigada de conflictos. Si el cálculo sale, el oficialismo buscará capitalizarlo en el recinto y redes.