Mientras tanto, Diego Santilli espera a ser confirmado como primer candidato de LLA en Provincia.
Javier Milei bajó la orden de que se revierta en la ley de leyes todas las iniciativas de la oposición que no pudieron ser vetadas. Jubilaciones sin cambios.
El Gobierno ya definió su hoja de ruta parlamentaria para fin de año: el Presupuesto 2026 será tratado recién después del 10 de diciembre, con la nueva composición. La jugada del presidente Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA) apunta a usar la ley de leyes como vehículo para desactivar la agenda que la oposición logró imponer en el Congreso.
En el Gobierno no lo ocultan: el próximo presupuesto será la principal carta política de Milei en el Congreso. El objetivo es que ese texto absorba las tensiones y sirva como paraguas para fijar una línea de gobierno clara. “Una ley que condense todo y que no deje margen para interpretaciones dudosas”, describió ante El Observador una fuente al tanto de las negociaciones dentro de la Casa Rosada.
La lógica es sencilla: aprovechar el nuevo equilibrio parlamentario, tras las elecciones de medio término, para construir una norma que deje sin efecto todas las leyes que la oposición logró sancionar, pese a los vetos presidenciales. Muchas de esas iniciativas habían quedado en un limbo jurídico por la capacidad de los bloques opositores de insistir en su validez o de esquivar el sostenimiento de los vetos.
Con el Presupuesto 2026, Milei busca cerrar esa puerta. La idea es blindar la política fiscal con una cláusula central: no habrá negociación sobre el superávit. Puede discutirse la letra chica de cada partida, pero el resultado fiscal será intocable. Esa definición apunta tanto a la oposición como a los gobernadores que pretenden reabrir la caja de transferencias discrecionales.
El oficialismo ya adelantó que no se incorporará en el texto el 7,2% de recomposición para los jubilados, medida que había sido aprobada como compensación por la pérdida que sufrieron en enero de 2024. “No habrá indexaciones encubiertas”, repiten en el Palacio de Hacienda. La señal es doble: hacia afuera, un mensaje de consistencia fiscal; hacia adentro, un modo de calmar a los sectores libertarios más duros que temen ceder terreno ante la presión de la calle.
Tampoco habrá margen para reeditar experimentos legislativos que puedan comprometer la disciplina fiscal. En el oficialismo sostienen que el Presupuesto 2026 funcionará como “la madre de todas las leyes” y que cualquier artículo deberá pasar por el filtro de la coherencia macroeconómica. En palabras de un funcionario: “Puede haber discusión política, pero no concesiones raras”.
La decisión de postergar el debate hasta después del 10 de diciembre obedece a una lectura política: con la nueva composición del Congreso, Milei confía en tener una relación de fuerzas más favorable. De esa manera, se asegura que la discusión se dé en un terreno menos hostil.
Incluso dentro del Gobierno recuerdan las palabras del senador Martín Lousteau en el debate anterior del Presupuesto cuando pedía que se le apruebe la iniciativa a la Casa Rosada porque una mala ley era mejor que la discrecionalidad que proponía Milei. "El cambio de panorama político, por el ordenamiento de las elecciones, va a hacer que sea más fácil llegar al número", agregó otra fuente gubernamental.
El plan ya está en marcha. Guillermo Francos, jefe de Gabinete; Santiago Caputo, asesor presidencial; y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, trabajan en la ingeniería parlamentaria. La intención es convocar a sesiones extraordinarias antes de fin de año, de modo que el presupuesto se apruebe en un clima más controlado, sin la presión del calendario ordinario.
La estrategia tiene otro objetivo: ordenar la agenda del Congreso. El Gobierno quiere evitar que la oposición use el presupuesto como herramienta de extorsión para imponer su temario. Al llevar la discusión a un terreno extraordinario, la Casa Rosada se reserva la posibilidad de concentrar la atención únicamente en esa ley.
El oficialismo sabe que enfrente encontrará resistencia. Los bloques opositores ya adelantaron que volverán a reclamar la inclusión de partidas sociales y mecanismos de actualización automática para jubilaciones y programas sensibles. Sin embargo, en Balcarce 50 creen que esta vez tendrán mejores condiciones para resistir. El peso de los vetos presidenciales y el desgaste de los gobernadores por la falta de recursos podrían empujar a una parte de la oposición a negociar.
El antecedente inmediato es aleccionador: en 2024, la oposición logró instalar leyes que Milei vetó de inmediato, pero la pelea se trasladó a un terreno judicial y parlamentario que terminó desgastando al Gobierno. Con el presupuesto, Milei quiere cortar de raíz esa dinámica y dejar la agenda legislativa bajo su control.
En la práctica, el Presupuesto 2026 será mucho más que un texto técnico: será la consolidación del rumbo fiscal del Gobierno y un mensaje de autoridad política. Para Milei, aprobarlo en sus propios términos significará demostrar que puede gobernar sin ceder a presiones corporativas ni al toma y daca parlamentario que marcó las últimas décadas.
En ese marco, la apuesta es clara: el superávit será el núcleo duro, las partidas sociales estarán limitadas a lo esencial y no habrá espacio para reediciones de leyes opositoras. Milei quiere que el próximo presupuesto sea su carta de triunfo ante los mercados y un escudo frente a la oposición.
En la Casa Rosada confían en que la combinación de sesiones extraordinarias y la nueva relación de fuerzas en el Congreso les dará margen para avanzar sin sobresaltos. Y aunque saben que la batalla política será intensa, la apuesta es a que el Presupuesto 2026 se convierta en la verdadera constitución económica de la segunda etapa de la gestión libertaria.
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