Javier Milei analiza opciones tras el rechazo del capítulo 11 que, según Balcarce 50, va contra el superávit fiscal. Los gobernadores apuntados de "traidores".
El Gobierno evalúa vetar el Presupuesto 2026 si el Senado no revierte el rechazo de Diputados al capítulo 11. El presidente Javier Milei apuesta a presionar a la Cámara Alta para que modifique el proyecto la semana próxima y así volver a tratarlo. La Casa Rosada ya tiene apuntado a "gobernadores traidores".
Cerca de Milei interpretan la caída del capítulo 11 como algo más que una derrota legislativa. No lo lee como un traspié de negociación, ni como un problema de técnica parlamentaria, ni como una discusión de reglamento. Lo define como un choque de fondo: déficit versus superávit, “pasado versus un nuevo esquema de responsabilidad fiscal”, según sintetizan cerca del Presidente.
“Este presupuesto no nos sirve”, insistieron en el oficialismo, con la idea de que el capítulo rechazado era el candado para impedir que el Estado vuelva a gastarse lo que no tiene.
En el Gobierno machacan con un argumento político que excede la letra fina del articulado: dicen que el kirchnerismo, la izquierda y sus aliados “no interpretaron el mensaje de las urnas”. Traducido al idioma libertario: la sociedad votó orden fiscal, equilibrio y fin del déficit permanente, y cualquier intento de reinstalar un esquema de gasto sin respaldo choca con el mandato electoral que Milei reivindica como propio. En ese encuadre, el capítulo caído aparece como la piedra angular para que el Presupuesto 2026 sea compatible con el plan económico.
El problema para el oficialismo es que a esa postura opositora clásica se le sumó un combo inesperado para la Casa Rosada: diputados que responden a gobernadores con los que el Gobierno venía administrando una convivencia pragmática. Según la lectura oficial, votaron contra el Capítulo 11 legisladores alineados con Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén), además de un grupo reducido de radicales aliados identificados con las terminales provinciales de Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Valdés (Corrientes). En Balcarce 50 no eligen palabras suaves: ya hablan de “traidores” y arman listas.
En el oficialismo sostienen que el rechazo al Capítulo 11 tuvo un objetivo concreto: forzar al Presidente a administrar un presupuesto con déficit. Esa hipótesis es la que alimenta la tensión con el Congreso y la que ordena la estrategia para lo que viene. “Quieren que Milei quede atrapado en el déficit”, repiten en la Casa Rosada. El argumento, además, se apoya en otra pieza del rompecabezas: dos leyes que continúan vigentes y que, según el Gobierno, generan obligaciones de gasto que ponen en riesgo el superávit fiscal y consolidan un Presupuesto que, tal como salió de Diputados, no sirve para cumplir el programa.
La decisión de escalar el conflicto —y hacerlo público— tiene una lógica interna: si el Senado repone el Capítulo 11, el Presupuesto vuelve a Diputados y se abre una segunda oportunidad para reconstruir el texto “a medida” del Ejecutivo. La presión no es solo para los senadores: también es para ordenar a los gobernadores, dejar expuestos a los que se corrieron del libreto y forzar a los aliados a que se mantengan en la línea del superávit. El mensaje que baja el Gobierno es binario: o acompañan el nuevo esquema fiscal o quedan del lado de un modelo que Milei quiere enterrar.
En ese escenario, el oficialismo se esfuerza por distinguir comportamientos y dejar claro quiénes, a su criterio, jugaron en el marco de los acuerdos. En la Casa Rosada remarcan especialmente el rol de los gobernadores que integran el universo de Provincias Unidas: habían pactado dar quórum, acompañar la votación en general y ausentarse -de manera acordada- en el capítulo conflictivo. Y cumplieron, señalan. La precisión no es menor: el Gobierno busca mostrar que, aun en la derrota, hay canales de coordinación que funcionaron y que no todo el mapa de mandatarios provinciales quedó del lado del “no”.
Esa lectura, sin embargo, convive con la necesidad de exhibir resultados. El Ejecutivo venía acumulando derrotas consecutivas en Diputados, pero en esta oportunidad logró aprobar el Presupuesto en general con 132 votos, un número que en Balcarce 50 muestran como prueba de que todavía existe una mayoría posible para sostener el programa. La aprobación general fue posible gracias al acompañamiento del PRO, radicales dialoguistas y espacios que responden a Marcelo Orrego, Rogelio Frigerio y Hugo Passalacqua, según reconstruyen desde el oficialismo. Fue una victoria parcial, de esas que no cierran el partido pero permiten seguir en cancha.
La pregunta ahora es qué hará el Senado con esa herida abierta. El Gobierno necesita que la Cámara alta no se limite a convalidar lo que llegó de Diputados. Necesita, por el contrario, que lo modifique. En la lógica libertaria, el cambio es el vehículo para volver a abrir la discusión y reponer el capítulo rechazado. Si el Senado decide evitar el ida y vuelta y aprueba sin tocar nada, el Ejecutivo se queda con una herramienta extrema: el veto. Y en ese caso, el Gobierno prepara la argumentación: no sería un capricho, dicen, sino la defensa del superávit como núcleo del plan.
En el oficialismo insisten en que el debate real no pasa por tecnicismos ni por interpretaciones reglamentarias. Pasa por un choque de modelos. “No hay vuelta atrás hacia el déficit, porque la Argentina ya eligió otro camino”, graficaron cerca del Presidente. La frase funciona como resumen de una línea política: Milei no quiere que el Presupuesto 2026 sea apenas una ley más; quiere que sea un certificado de rumbo.
Por eso la Casa Rosada también juega a la polarización interna: marcar a los responsables, separar a los que cumplieron de los que “se dieron vuelta” y dejar al Senado frente a un dilema que, de aprobarse sin cambios, desemboca en un choque institucional. El Gobierno lo sabe, y aún así empuja. Porque, en su propia narrativa, el Capítulo 11 no es un artículo: es la frontera que separa el orden fiscal del regreso a una Argentina que Milei promete no administrar.
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