El Gobierno de Milei analiza aumentar los sueldos de funcionarios tras dos años de congelamiento, pero evita fijar fecha
Evalúan un incremento del 100% para recuperar parte de lo perdido contra una inflación que fue del 249% en el período.
Evalúan un incremento del 100% para recuperar parte de lo perdido contra una inflación que fue del 249% en el período.
El Gobierno prepara un aumento de los sueldos de funcionarios para 2026 tras dos años de congelamiento. Mientras que los integrantes del Gabinete presionan para que se haga efectivo a partir del 1° de enero, en la mesa chica del Ejecutivo ponen un plazo más amplio. "Lo vamos a tener que hacer, pero de forma ordenada", expresan en Nación.
El Gobierno está analizando la posibilidad de aumentar los sueldos del Presidente, vice, ministros, secretarios y subsecretarios después de dos años de congelamiento. A la decisión le falta el visto bueno definitivo de Javier Milei.
El número que están barajando en Casa Rosada y Economía para recuperar parte de lo perdido contra la inflación, que fue del 249% en dos años, es un 100% de aumento.
En Balcarce 50 apuntan a un incremento salarial progresivo y solo lo harán si hay un incremento de la actividad que lo respalde. Las proyecciones del Ministerio de Economía contemplan una expansión anual del Producto Bruto Interno (PIB) al 5% para los años 2026, 2027 y 2028.
Actualmente, los sueldos en el Poder Ejecutivo quedaron desfasados con lo que ganan los legisladores nacionales. En el Senado se aumentaron la dieta a $10.200.000 y en Diputados ganan $5.000.000.
Los sueldos brutos actuales son: Presidente de la Nación $4.066.018, vicepresidenta $3.764.820, ministros $3.584.006, secretarios $3.282.709 y subsecretarios $2.981.513.
Lo comparan con el aumento a los estatales, que acumulado fue del 138%. En el mismo período, la suba de las jubilaciones mínimas, sin contar el bono, fue del 222%.
Una de las quejas que mantienen los integrantes del gabinete es que la disposición salarial les complica el armado de equipos técnicos por el margen de diferencia que mantienen con el sector privado.
En la Casa Rosada trabajan en las escalas y en el impacto de la medida en la opinión pública, que quieren evitar que coincida con el tratamiento del Presupuesto y de la reforma laboral en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. El llamado se realizó desde el 10 hasta el 30 de diciembre y está previsto que se amplíe desde el 15 de enero hasta fines de febrero.
En el Gobierno reconocen ahora que el planteo será contemplado, pero evitan poner una fecha para su aplicación. La decisión es de Javier Milei y la articulación depende de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La última vez que el oficialismo avanzó con un aumento salarial terminó con el desplazamiento del exsecretario de Transformación del Estado, Armando Guibert, y con la derogación de la medida. La firma la tiene ahora el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que tiene bajo su órbita a la subsecretaría de Modernización del Empleo Público, que preside María Rosana Reggi.
La iniciativa ya fue elevada al jefe de Estado en otras ocasiones previo a las elecciones legislativas y fue rechazada.
El Ejecutivo insiste en que también profundizará a la par el ajuste en el Estado durante 2026 para sustentarlo. Según datos oficiales, el Ejecutivo ya redujo durante los primeros veinte meses de gestión más de 53.000 puestos de trabajo, que equivale al 10% del personal y —según la proyección de Desregulación— generó un ahorro anual de US$ 2.106 millones.
El Gobierno definirá las escalas del aumento salarial y evaluará el impacto en la opinión pública, buscando evitar que coincida con el tratamiento del Presupuesto y la reforma laboral en el Congreso. La decisión final depende de Javier Milei, con articulación de Karina Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo. El incremento sería progresivo y condicionado a que haya un crecimiento de la actividad económica que lo respalde.
El Gobierno presentó la reforma laboral. Más allá de las modificaciones planteadas, el objetivo de Javier Milei es diezmar el poder de la Justicia del Trabajo.
De 21 años, el joven fue identificado como Rodrigo Gómez. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado se encuentra en el lugar de los hechos.
