El equipo de Karina Milei dio por terminada cualquier especulación en torno a la integración de listas que pueda surgir del grupo que se referencia en Santiago Caputo.
La Casa Rosada fue a la Justicia para pedir un bozal legal a los medios que iban a publicar grabaciones de la titular de La Libertad Avanza. La estrategia.
El Gobierno decidió blindar a Karina Milei con una cautelar que prohibió difundir grabaciones que la involucran. El movimiento buscó ganar tiempo en la escalada del caso Diego Spagnuolo y contener el daño en la campaña. En Casa Rosada admitían que, en esas conversaciones, "El Jefe" mencionaría a dos ministros clave y que su exposición desataría otro frente hacia afuera.
La decisión no cayó del cielo ni fue impulsiva. Se terminó de delinear el viernes, en una reunión que se estiró por más de tres horas y en la que participó Karina Milei con el asesor presidencial Santiago Caputo, el portavoz Manuel Adorni, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, y el apoderado de La Libertad Avanza (LLA), Santiago Viola. Ese cónclave cerró un consenso: el primer paso debía ser judicial, para frenar la circulación de material sensible mientras se ordenaba la estrategia política.
La medida cautelar fue leída como un dique de contención. Nadie se hizo ilusiones; sabían que la lógica de las filtraciones podía horadar cualquier muralla. Pero ganar días equivalía a recuperar oxígeno. “Al Gobierno le entran todas las balas. No nos podemos proteger de nada”, remarcó, con crudeza, un ministro de diálogo constante con el presidente Javier Milei. La frase sintetizó el clima de urgencia.
El corazón del problema era doble. Por un lado, la figura de Karina, eje emocional y operativo del dispositivo presidencial, quedaba expuesta a un desgaste que impactaba sobre la gestión. Por el otro, la posibilidad de que “El Jefe” mencionara a dos ministros de primera línea abría un riesgo institucional: un capítulo más en la ya agitada novela de la gobernabilidad.
El caso había ganado velocidad tras los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. En las primeras horas, la Casa Rosada intentó bajarle el precio; con los días, ese reflejo se mostró insuficiente. La cautelar se convirtió, entonces, en la primera ficha de un operativo con dos carriles: el judicial, para encapsular la difusión; y el político, para unificar el mensaje y disciplinar la agenda.
Caputo empujó esa arquitectura. Sostuvo que el oficialismo no podía permitir que cada jornada se abriera con un audio nuevo y la reacción defensiva como único libreto. Amerio y Viola coincidieron en la necesidad de fijar un punto de inflexión en tribunales antes de que la ola creciera. Adorni, por su parte, trabajó la ingeniería de la comunicación: menos respuestas reactivas y más narrativa única, con vocerías acotadas y control de tiempos.
Para el estratega libertario el impacto de los audios podía alterar los planes en la elección bonaerense de este fin de semana y la nacional en octubre. Pero rechazó avanzar con la medida judicial debido a que, en su análisis, traería más complicaciones que beneficio. Por eso se opuso. De acuerdo a lo que reconstruyó El Observador, Caputo bregó por mantener el actual rumbo de dejar que actué la Justicia y que el Gobierno haga como si nada hubiera ocurrido. Viola fue, en contraposición, el que levantó la bandera de solicitar una cautelar para evitar que se publiquen más audios de Karina Milei.
En el Gobierno también evaluaron escenarios: nuevas filtraciones pese a la cautelar o un señalamiento directo a dos ministros. La respuesta fue pragmática: amortiguadores y plan de reemplazos si hiciera falta. El oficialismo, mientras tanto, intentó bajar el volumen a la palabra “censura”. Alegó protección de la intimidad y preservación de pruebas, pero en los hechos buscó tiempo para recomponer filas. El dilema de siempre volvía: administrar transparencia sin dinamitar la gestión.
Karina Milei y Santiago Caputo creen que el ex funcionario podría pedir ser arrepentido en la causa. Javier Milei monitorea todo desde Olivos.
La Libertad Avanza admite que no puede pensar a mediano plazo la campaña. La crisis del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad reavivó las internas.
El caso Spagnuolo expone una red de corrupción, pero también plantea serios interrogantes sobre los métodos periodísticos utilizados.