El juez Ariel Lijo ordenó la captura internacional del presidente nicaragüense Daniel Ortega por la represión en su país
Los imputados están acusados de implementar un plan de represión violenta contra la población civil nicaragüense.
El juez federal Ariel Lijo ordenó este lunes la captura internacional y la citación a indagatoria del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, acusándolos de haber llevado a cabo “un plan sistemático y generalizado de violenta represión contra la población civil” de su país.
También se dispuso la captura de numerosos colaboradores de Ortega y Murillo en el marco de una causa iniciada en Argentina, a raíz de una denuncia presentada por un estudio jurídico que citó informes de Human Rights Watch y decenas de testimonios, bajo el principio de jurisdicción universal.
Los imputados están acusados de implementar un plan de represión violenta contra la población civil nicaragüense, cuyo objetivo era disuadir las manifestaciones sociales y perseguir a los sectores políticos disidentes. “Se valieron de la estructura del aparato estatal, amparándose en sus roles institucionales para cometer delitos que afectaron a la población civil”, afirmó Lijo en una resolución de 76 páginas.
El juez detalló los crímenes cometidos, que incluyeron encarcelamientos arbitrarios, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, traslados forzados de personas, deportaciones, censura mediática, privación de atención médica, supresión de matrículas profesionales, persecución por motivos políticos y religiosos, y la cancelación de la personería jurídica y la retirada de la nacionalidad.
La causa comenzó el 31 de agosto de 2022, a partir de una denuncia presentada por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. En la denuncia se sostenía que, durante las protestas sociales en Nicaragua en 2018, las autoridades gubernamentales cometieron delitos de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, traslados forzados de la población, persecución política y religiosa, y encarcelamientos arbitrarios.
A lo largo de la investigación se recolectaron testimonios y reportes de diversas organizaciones de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
El juez Lijo indicó que, para el 30 de junio de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había registrado 355 víctimas fatales debido a la represión estatal, entre ellas 27 niños o adolescentes.
El juez destacó que las víctimas presentaban impactos de bala en la cabeza, ojos, cuello, tórax y espalda, lo que evidenciaba la intención de matar por parte de los agentes represores. En algunos casos, las heridas mostraban una trayectoria descendente, lo que podría indicar la actuación de francotiradores o personas en posiciones privilegiadas respecto a las víctimas.
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- Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
- Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
- Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
- El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
- Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
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