El juez Ariel Lijo ordenó la captura internacional del presidente nicaragüense Daniel Ortega por la represión en su país
Los imputados están acusados de implementar un plan de represión violenta contra la población civil nicaragüense.
El juez federal Ariel Lijo ordenó este lunes la captura internacional y la citación a indagatoria del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, acusándolos de haber llevado a cabo “un plan sistemático y generalizado de violenta represión contra la población civil” de su país.
También se dispuso la captura de numerosos colaboradores de Ortega y Murillo en el marco de una causa iniciada en Argentina, a raíz de una denuncia presentada por un estudio jurídico que citó informes de Human Rights Watch y decenas de testimonios, bajo el principio de jurisdicción universal.
Los imputados están acusados de implementar un plan de represión violenta contra la población civil nicaragüense, cuyo objetivo era disuadir las manifestaciones sociales y perseguir a los sectores políticos disidentes. “Se valieron de la estructura del aparato estatal, amparándose en sus roles institucionales para cometer delitos que afectaron a la población civil”, afirmó Lijo en una resolución de 76 páginas.
El juez detalló los crímenes cometidos, que incluyeron encarcelamientos arbitrarios, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, traslados forzados de personas, deportaciones, censura mediática, privación de atención médica, supresión de matrículas profesionales, persecución por motivos políticos y religiosos, y la cancelación de la personería jurídica y la retirada de la nacionalidad.
La causa comenzó el 31 de agosto de 2022, a partir de una denuncia presentada por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. En la denuncia se sostenía que, durante las protestas sociales en Nicaragua en 2018, las autoridades gubernamentales cometieron delitos de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, traslados forzados de la población, persecución política y religiosa, y encarcelamientos arbitrarios.
A lo largo de la investigación se recolectaron testimonios y reportes de diversas organizaciones de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
El juez Lijo indicó que, para el 30 de junio de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había registrado 355 víctimas fatales debido a la represión estatal, entre ellas 27 niños o adolescentes.
El juez destacó que las víctimas presentaban impactos de bala en la cabeza, ojos, cuello, tórax y espalda, lo que evidenciaba la intención de matar por parte de los agentes represores. En algunos casos, las heridas mostraban una trayectoria descendente, lo que podría indicar la actuación de francotiradores o personas en posiciones privilegiadas respecto a las víctimas.
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ANDIS: Lijo citó a indagatoria a directivos de la Droguería Suizo Argentina y decretó la inhibición de sus bienes
- Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
- Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
- Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
- La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.