El juez procesó a ocho prófugos y sostiene que el ataque a la AMIA y la explosión de un avión en Panamá, un día después, fueron un mismo plan.
El juez federal Daniel Rafecas dictó el 21 de septiembre de 2026 el procesamiento de ocho personas (siete iraníes y un libanés) por el atentado contra la AMIA. En su resolución sostuvo que ese ataque y la explosión en pleno vuelo de un avión de la aerolínea panameña Alas Chiricanas, ocurrida al día siguiente, formaron parte de una misma operación. El fallo, de cerca de 600 páginas, abre el camino a un juicio en ausencia, porque todos los acusados están prófugos.
Los procesados son Alí Fallahijan, Alí Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Asghari y Salman Raouf Salman. Según la resolución, la coordinación de ambos ataques estuvo a cargo de Ansar Allah, una fachada de Hezbollah. El atentado contra la mutual judía, cometido el 18 de julio de 1994 con un coche bomba frente al edificio de la calle Pasteur 633, dejó 85 muertos y 151 heridos.
El fallo ubica el origen del plan después del atentado contra la Embajada de Israel, del 17 de marzo de 1992. Según Rafecas, “en Teherán comenzó a analizarse la posibilidad de cometer un nuevo ataque en la Argentina”. El 12 de agosto de 1993, Hassan Nasrallah, máxima autoridad de Hezbollah, se reunió en Irán con Alí Khamenei, entonces máxima autoridad religiosa del Estado iraní, y allí se habló de los planes para el país. El juez sostiene que Hezbollah podía ejecutar la operación fuera de Irán, con una estructura clandestina entrenada y con presencia en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.
El 14 de agosto, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán aprobó el ataque. Para el magistrado, ese día “el análisis dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una orden criminal”. Agregó que “la elección del momento no fue casual”, ya que avanzaba el proceso de paz entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, que Irán y Hezbollah rechazaban.
La resolución también examina el financiamiento: desde fines de diciembre de 1993, Rabbani empezó a manejar fondos en una escala superior a la habitual, un flujo que se mantuvo hasta el día del atentado.
El vínculo con Panamá surge de las comunicaciones telefónicas. Según la reconstrucción judicial, el 6 de julio de 1994 Salman, agente de Hezbollah procesado como cómplice necesario, hizo la primera de tres llamadas a la ciudad panameña de Colón. La segunda fue el 8 de julio, al Hotel Carlton, y la tercera el 11 de julio, desde un locutorio de Tucumán 2901, a unas seis cuadras de la AMIA.
El juez concluyó que “esos tres llamados a esa localidad obedecían entonces, a mantener una coordinación entre ambas fases preparatorias, con vistas a que su ejecución sea próxima la una de la otra, como efectivamente sucedió”. Y añadió que esas llamadas, “si no fuera por este otro luctuoso acontecimiento, no tendrían explicación lógica”.
Ese otro hecho ocurrió el 19 de julio, a las 16:45, cuando despegó de Colón el vuelo 901 de Alas Chiricanas con destino a la capital panameña. Treinta y cinco minutos más tarde, un terrorista suicida de origen libanés, que había abordado como pasajero, hizo estallar la aeronave. Murieron los tres tripulantes y 17 pasajeros, 12 de ellos integrantes de la comunidad judía local. Según el fallo, Hezbollah reivindicó ambos atentados.
Rafecas reconstruyó también los movimientos del grupo operativo en Buenos Aires. El 10 de julio compró la camioneta Renault Trafic; el vendedor describió al comprador como un hombre con acento centroamericano que se presentó como Ramón Martínez. Entre el lunes 11 y el viernes 15, según el fallo, el grupo adquirió los insumos para fabricar el explosivo, acondicionó la camioneta y la cargó. El 11 de julio, Salman llamó a un comercio de fertilizantes, Súper Agro, interesado en adquirir el compuesto químico para fabricar el amonal usado en el coche bomba.
Desde la noche del viernes 15 hasta la madrugada del lunes 18 no se registró actividad, una pausa que la investigación atribuye a la espera de la fecha de ejecución. Ese lunes, Salman viajó a Puerto Iguazú desde Aeroparque, donde a las 7:41 hizo su última comunicación, dirigida al coordinador operativo de la Triple Frontera, alias “André Marqués”. “Para ese entonces, ya no quedaban más pasos, ni tareas, ni aportes que efectuar”, indica el fallo.
El rastreo de llamadas, hechas desde locutorios de la avenida Corrientes al 700 y desde cabinas cercanas a la AMIA, en el barrio porteño de Once, permitió fijar una geografía: “En Buenos Aires estaban los operadores. En la Triple Frontera, la coordinación. En Brasil, los apoyos. En el Líbano, la estructura principal”.
En Panamá, la fiscal Geomara Guerra investiga a Ali Zaki Hage Jalil, único detenido por el atentado contra el avión, extraditado desde Venezuela el 20 de abril. Estados Unidos ofrece desde 2023 una recompensa de 7 millones de dólares por información que permita ubicar a Salman.
La medida se tomó por su presunta participación en el atentado contra la sede de la AMIA. Además, les impuso a cada uno un embargo de 500 millones de dólares.