El juez federal Guido Otranto encargó el operativo en el Parque Nacional. La ministra Bullrich advirtió que el que usurpa "pierde su derecho a tener tierras"
Hoy, bajo mandato judicial, la autoridad de seguridad de Nación ejecutó el desalojo de un grupo mapuche que ocupaba ilegalmente una parte del Parque Nacional Los Alerces desde hace dos años. Este operativo marcó un hito, ya que fue el primer desalojo realizado en 18 años en el país, como parte de una política de restauración del orden en áreas protegidas.
En su cuenta de X, el director de parques nacionales, Cristian Larsen, informó: “Acabamos de recuperar la seccional El Maitenal del Parque Nacional Los Alerces que Cruz Cárdenas y su séquito autoproclamado mapuche usurpaban desde 2020. Continúa el operativo. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”. El director, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, supervisaron personalmente el operativo llevado a cabo por las fuerzas federales.
El funcionario se refirió a la ocupación llevada a cabo por la comunidad mapuche "Lof Paillako", dirigida por Cruz Cárdenas. Esta situación fue abordada por el Juez Federal de Esquel, Guido Otranto, quien emitió la orden de desalojo, dado que ya se habían agotado todas las instancias judiciales y los intentos de retiro pacífico de los ocupantes.
Ignacio Torres, enfatizó que el desalojo del terreno fue llevado a cabo de manera pacífica por las fuerzas federales. Esta ocupación incluyó la usurpación de una seccional de Guardaparques, denuncias de agresiones al personal y daños significativos a la propiedad del Estado Nacional. Además, criticó a los ocupantes ilegales, quienes se “autoperciben originarios”.
Desde el Gobierno se indicó que “la ocupación de estas tierras generó múltiples inconvenientes, entre ellos ataques físicos al personal de la Administración de Parques Nacionales y un grave perjuicio al derecho de la propiedad del Estado Nacional”. El Gobierno justificó su decisión de no prorrogar la Ley N.º 26.160 de emergencia territorial indígena, argumentando que su continuidad afectaba el orden legal y la propiedad estatal.
Larsen, de Parques Nacionales, destacó en su cuenta de X que “cuando asumimos nuestra gestión dijimos que ninguna otra bandera más que la argentina iba a flamear en los Parques Nacionales. Hoy lo cumplimos”. Este desalojo, según fuentes oficiales, garantizaría la protección tanto de la propiedad pública como privada, asegurando el bienestar de todos los argentinos y el respeto a los intereses nacionales.
Por su parte, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, calificó el desalojo como "una recuperación para toda la sociedad argentina de un territorio tomado" y advirtió a las agrupaciones que ocupan tierras públicas que “el que usurpa pierde derechos”. Bullrich enfatizó que “durante años, la propiedad privada había perdido su valor, pero este gobierno lucha por restaurar el orden y defender la Constitución Nacional”. También subrayó que continuarán los desalojos necesarios para garantizar la legalidad y la convivencia pacífica.
Bullrich señaló que “la Constitución Nacional contempla la posibilidad de acceso a la tierra (por estas comunidades), pero no usurpando y no ejerciendo violencia”. En cambio, enfatizó que este proceso debe llevarse a cabo a través de la "negociación", dejando claro que aquellos que usurpan no podrán reclamar ese derecho.
“El que usurpa pierde su derecho a tener tierras, así como dijimos el que corta una calle no cobra”, expresó la funcionaria en una entrevista con un canal de noticias, comparando esta situación con las tácticas de protesta de algunos movimientos sociales que frecuentemente recurrieron al cierre de vías.
Subrayó que “una cosa es negociar un principio que está en nuestra Constitución Nacional, y otra es esta situación en la que avanzaban con violencia, usurpando, incendiando, cerrando caminos, cobrando peajes”.
Afirmó que estas situaciones no son únicamente propias de la región sur del país, ya que “también hay casos en el norte” y confirmó que se dialogará con los jueces encargados de las “causas abiertas para desalojar tierras” para llevar a cabo los desalojos que sean necesarios.
Recordó que estas ocupaciones están siendo enfrentadas desde “desde 2016, cuando teníamos a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) que se desarticuló, pero quedaron comunidades que en vez de una búsqueda de acuerdos usurpan, cobran peajes, cierran caminos y hasta se instalan en zonas peligrosas”.
Comentó que desde el Poder Ejecutivo se están llevando a cabo diálogos “con todos los jueces que tienen desalojos para llevarlos adelantes y recuperar tierras robadas”. Además, subrayó que cualquier discusión relacionada con tierras se gestionará a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Mariano Cúneo Libarona, informó la revocación del acuerdo impulsado por la administración anterior, tras condenas judiciales por usurpación
La Cámara Federal ratificó el fallo que ordena el desalojo de Cruz Cárdenas y María Salinas, quienes ocupaban ilegalmente terrenos del Parque Nacional Los Alerces
La justicia sobreseyó a siete mapuches que ocuparon tierras adquiridas por Ginóbili en 2004, argumentando que el delito no fue la ocupación en sí.
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