El oficialismo acordó con dialoguistas firmar dictamen, pero el debate se pasó a febrero. También se postergó la ley de glaciares.
El oficialismo libertario y la oposición dialoguista acordaron este miércoles postergar hasta febrero el debate de la reforma laboral en el Senado, en medio de una jornada marcada por las tensiones con el PRO tras el conflictivo tratamiento del Presupuesto 2026 en Diputados durante la madrugada.
La decisión se tomó después de que las negociaciones en la Cámara alta estuvieron "al borde del quiebre" durante el mediodía, según reconoció un senador dialoguista. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, tuvo que interrumpir su agenda y trasladarse de urgencia a la Casa Rosada para intentar reconducir las conversaciones que amenazaban con fracasar.
En una cumbre que tuvo lugar en el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), se acordó firmar el dictamen de la reforma laboral con algunos cambios, pero tomar todo enero y los primeros días de febrero para pulir la iniciativa. El mismo criterio se aplicó para la ley de glaciares, que también quedó postergada hasta el 10 de febrero.
Fuentes del bloque de La Libertad Avanza en el Senado explicaron que la postergación respondió a un cambio de prioridades tras lo ocurrido con el Presupuesto en Diputados. Según estas fuentes, los votos para aprobar la reforma laboral están, pero los acontecimientos de la madrugada del jueves obligaron a Bullrich a concentrar esfuerzos en el Presupuesto 2026.
La propia Bullrich anunció la decisión en el plenario de las comisiones de Trabajo; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, donde se encontraban reunidos los senadores para tratar el proyecto.
La relación con el sector dialoguista se resintió durante la madrugada del jueves en Diputados, tras la accidentada aprobación del Presupuesto 2026 sin un capítulo clave que pretendía el Ejecutivo. A esto se sumó la distribución de las tres butacas de la AGN (Auditoría General de la Nación), en un acuerdo del oficialismo con el kirchnerismo y el gobernador salteño Gustavo Sáenz.
El malestar del PRO alcanzó niveles inéditos. El jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, se enteró horas antes de que comenzara la sesión de que el Gobierno había iniciado una negociación con el peronismo para cubrir los cargos vacantes de la AGN. El PRO esperaba colocar a Jorge Triaca, exministro de Trabajo de Cambiemos, pero ese lugar terminó en manos de Pamela Calletti, elegida por los gobernadores del norte. El kirchnerismo logró ubicar a Juan Forlón, del círculo de Máximo Kirchner.
"La relación con el Gobierno está rota y el responsable es Martín Menem", lanzaron desde la bancada que conduce Ritondo. Amenazan ahora con condicionar el quorum y el apoyo legislativo en 2026.
El conflicto se agravó cuando el oficialismo no logró aprobar el Capítulo XI del Presupuesto, el que más le importaba al presidente Javier Milei, ya que derogaba el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. La oposición, incluido el PRO, rechazó ese apartado en la votación en particular, pese a haber apoyado el proyecto en general.
La estrategia del Gobierno con los gobernadores del norte tampoco funcionó como esperaban. Pese a haber repartido Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) a provincias como Catamarca (Raúl Jalil), Salta (Sáenz), Tucumán (Osvaldo Jaldo) y Misiones (Hugo Passalacqua), los legisladores de esos distritos acompañaron el presupuesto en general pero se dieron vuelta en la votación en particular del polémico Capítulo XI.
La sorpresa también llegó por el lado de mandatarios cuyos legisladores el oficialismo creía asegurados: Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco, aliado electoral de LLA).
En Pro apuntan contra el sector del Gobierno que reporta a Karina Milei, es decir, Martín y Eduardo "Lule" Menem. De hecho, creen que el ministro del Interior, Diego Santilli, no estaba al tanto de la movida por la AGN.
Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado aprobaron este martes el dictamen del proyecto que propone modificaciones a la Ley de Glaciares (Ley 26.639). El tratamiento en el recinto quedó previsto para el 10 de febrero, en el marco de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias.
Durante el encuentro, las organizaciones ambientales expresaron fuertes objeciones a la iniciativa. Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advirtió que el proyecto introduce cambios "por vía de la interpretación" que alteran el espíritu original de la ley. El sector empresario minero, en cambio, respaldó la iniciativa. Alfredo Vitaller, de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), sostuvo que el objetivo es proteger los glaciares que cumplan funciones estratégicas como reservas de agua.
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