El Gobierno cambió el temario de sesiones extraordinarias que se conocerá la semana que viene. La negociación con la CGT y con la oposición.
Javier Milei decidió acelerar los plazos de la reforma laboral y ahora se juega un pleno: quiere que el proyecto se discuta en las sesiones ordinarias de diciembre junto con el Presupuesto 2026, los cambios fiscales y las facultades delegadas, pese a que el plan original era dejar ese debate para la segunda quincena de enero, más fría y riesgosa.
La decisión se tomó después de una ronda de conversaciones que el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de Diputados, Martín Menem, mantuvieron con gobernadores, bloques dialoguistas y empresarios. En la Casa Rosada aseguran que, si bien “no están todos los votos contados”, el escenario es “mejor que hace un mes” y que diciembre dejó de ser una fecha tabú para avanzar con cambios en el régimen de trabajo.
El giro de calendario no es menor. Hasta hace pocas semanas, en el propio oficialismo repetían que la reforma laboral iba a quedar para la segunda quincena de enero o incluso para febrero, aprovechando un clima político y social más relajado, con menos actividad sindical y parlamentaria. Milei cambió de idea: si el Presupuesto 2026, el paquete fiscal y las facultades delegadas van juntos, también quiere que la discusión laboral forme parte de ese combo.
En Balcarce 50 leen que el riesgo de mezclar todas las piezas es alto, pero que el costo de seguir pateando la reforma también crece. “Si la corremos para más adelante, el mensaje es que no estamos convencidos. Y el Presidente está convencidísimo”, resumió una fuente oficial al tanto de las conversaciones. El cálculo político es claro: aprovechar la negociación grande por el Presupuesto para enhebrar, en paralelo, la letra fina laboral.
El otro eje central del movimiento es sindical. El Gobierno está convencido de que tendrá, en los hechos, el apoyo de la Confederación General del Trabajo. No imaginan una CGT en modo oficialista, pero sí una conducción que, como mínimo, no se juegue a un enfrentamiento frontal. En la mira de la Casa Rosada aparecen más bien los gremios identificados con el kirchnerismo duro: La Bancaria, Camioneros, la UOM y los sindicatos docentes, donde esperan la verdadera resistencia.
En ese esquema se inscribe la figura de Gerardo Martínez, de la UOCRA, que integró el Consejo de Mayo y que se reunió esta semana con Caputo, y la del titular del sindicato del vidrio y miembro del triunvirato cegetista, Cristian Jerónimo. El Gobierno cree que con ese tipo de interlocutores se puede construir una suerte de “zona gris”: no habrá apoyo explícito a la reforma, pero tampoco una campaña total para tirarla abajo, siempre que el texto final no rompa todos los equilibrios internos de la central obrera.
La apuesta oficial es que el diálogo con estos sectores sirva como contención frente a los gremios kirchneristas, que ya preparan movilizaciones y recursos judiciales. “Si la CGT no se pone al frente, la foto política es otra”, se ilusionan en el círculo de Caputo. Al mismo tiempo, en el equipo de Santilli toman nota de las advertencias de algunos gobernadores, preocupados por el impacto que una conflictividad laboral alta puede tener en sus provincias en pleno cierre de año.
En paralelo, el esquema parlamentario también se recalibra. La hoja de ruta que circula en el oficialismo prevé que las sesiones extraordinarias comiencen el 11 de diciembre y se extiendan hasta el 31, con la posibilidad de reanudarlas en febrero si el tratamiento de alguna de las iniciativas centrales se demora. En la Rosada repiten que el Presupuesto 2026 “está cerrado” y que se aprobará “sin grandes sobresaltos”, acompañado por los cambios fiscales y las facultades delegadas.
La reforma laboral, admiten incluso dentro del Gobierno, “va por otro camino”. Los contactos que mantuvieron Santilli y Menem con jefes de bloque y legisladores experimentados devolvieron una señal clara: una parte importante del Congreso considera que es un error forzar ese debate en diciembre, cuando todavía se están acomodando las tensiones por el Presupuesto y el clima social es más volátil. Varios interlocutores recomendaron esperar al menos un mes, ordenar el texto y acumular más avales.
Milei, sin embargo, se inclina por mantener la presión. En su entorno repiten que el Presidente no quiere que la reforma laboral vuelva a convertirse en una promesa permanente que nunca llega al recinto. Caputo traduce esa línea en términos más pragmáticos: si a la hora de poner fecha se confirma que los votos no alcanzan, la Casa Rosada podría dejar abierta la puerta a un desdoblamiento, con una parte de la reforma en diciembre y el resto para febrero.
En el mientras tanto, el oficialismo trabaja para que la discusión no quede encapsulada en el conflicto Gobierno–sindicatos. Santilli intenta involucrar a los gobernadores dialoguistas en la negociación y empresarios de distintos rubros presionan por señales concretas, luego de meses de anuncios sin definiciones. El margen de maniobra es acotado, pero Milei eligió correr el límite: adelantar la reforma laboral a diciembre es, en los hechos, aceptar que el costo político se paga ahora y no más adelante.
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