Javier Milei durante el desfile del 9 de julio de 2024.
Milei enfrenta un Congreso hostil mientras se despide de las facultades delegadas de la ley Bases. Con la oposición avanzando, el panorama político es incierto.
A juzgar por el panorama que se percibe en el Congreso, cualquier observador desprevenido diría que el gobierno de Javier Milei se enfrenta a un panorama político adverso y de difícil solución. Los gobernadores en su conjunto y gran parte de la oposición se abroquelaron y empezaron a dar señales de avanzar sin miramientos con proyectos resistidos por el Ejecutivo.
En todos los casos, la discusión gira en torno a lo mismo: la plata. Fondos para provincias, jubilados, Garrahan, universidades, discapacidades, todo tema sirve para presionar al Gobierno por más recursos. En algunos casos con argumentos más o menos válidos, pero en otros con la sola excusa de atestarle un golpe a Milei en su caballito de batalla: el superávit fiscal.
Sin embargo, desde Casa Rosada no transmiten nerviosismo por toda esta situación. “No nos preocupa, nos ocupa”, dijo una de las fuentes consultadas. Una segunda, al indagar sobre qué están haciendo, respondió: “Estamos ocupados”. La línea siempre es la misma.
Aunque sea un relato para no transmitir nerviosismo, en la estrategia parlamentaria no se percibe a un oficialismo activo para negociar apoyos clave. No es algo nuevo; ante cada tema que lo ameritaba nunca la negociación quedó muy expuesta.
“Esto es una guerra de guerrillas”, dice una voz oficial a la hora de analizar el panorama. Le gusta al Gobierno hacer alarde de su inferioridad. “¿Cuántos somos? 39 diputados contra 220 diputados, y 6 senadores nada más”, describe. Desde el primer día de gestión, en el equipo de Milei saben que en el Congreso impera la lógica de resistencia más que de búsqueda de consensos. Salvo contadas excepciones (como ley Bases o Boleta Única), los bloques de La Libertad Avanza siempre estuvieron más a la defensiva.
-Pero se encaminan a más derrotas, tanto en Diputados como en el Senado.
-Veremos… Nosotros vamos a usar todas las herramientas legales, institucionales y legislativas para que las cosas salgan como queremos.
En Diputados la oposición avanza con proyectos de financiamiento universitario y del hospital Garrahan (¿el resto no tiene problemas?). En el Senado el objetivo es sesionar el jueves y convertir en ley los proyectos ya aprobados en la Cámara baja: aumentos a jubilados, moratoria y emergencia en discapacidad. Hay una pelea por la validez de los dictámenes, pero tarde o temprano el número para su aprobación parecería que va a estar.
Milei ya anticipó que, de ser así, se vendrán nuevos vetos. Y ahí surge la pregunta más desconcertante para la gobernabilidad: ¿los 87 “héroes” que bloquearon los vetos anteriores siguen firmes? El vínculo con sectores del macrismo, con gobernadores y con los radicales con peluca viene lastimado. Sobre todo con el cierre de listas en los distritos en las elecciones locales y de cara a las nacionales del 26 de octubre.
¿Le preocupa al Gobierno? La respuesta la tienen los propios funcionarios, quienes repiten que después de las elecciones quedará plasmado un Congreso menos hostil. Y un escenario de derrota, creen algunos, los ayudará a armar la campaña “contra la casta”. Sin embargo, la otra cara de la misma moneda es que un cimbronazo parlamentario, sobre todo con afectación a las cuentas públicas, puede generar ruido en los mercados. Si el dólar se mueve nervioso, los meses previos a la votación puede tener un impacto inflacionario y restarle chances a La Libertad Avanza en las urnas.
Este panorama, justamente, se da en la semana en la que el Gobierno se despide de los “superpoderes” que le dio el Congreso por un año para avanzar con reformas del Estado cuando se votó la ley Bases.
Fueron más de 100 decretos y resoluciones con cambios que se ampararon en las facultades delegadas. Organismos disueltos, institutos bajados de rango, mercados desregulados. La lista impacta por la magnitud. Federico Sturzenegger, que el lunes rebosaba de alegría, destacó el hecho simbólico de haber empezado con Inadi (“la representación más clara del uso político del Estado”) y terminado con Vialidad (“el ícono de la corrupción kirchnerista”).
Todas las transformaciones, según estima el Gobierno, significarán un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales. “Es plata que se iba en cosas que no sirven para nada”, dicen en la Rosada.
En cada uno de los ejemplos, los funcionarios encuentran argumentos para el recorte. Al igual que en la discusión en el Congreso, el trasfondo es el mismo: la plata. Estructuras agrandadas sin justificación o duplicación de tareas con otras áreas del Estado son algunas de las críticas recurrentes.
Un ejemplo patente lo dio Manuel Adorni en conferencia de prensa. La Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (que se disolvió) tenía más secretarios de Estado que la Secretaría de Transporte o que todo el Ministerio de Salud. Y sus funciones ya se duplicaban con las que tiene Anmat.
En otros casos, el Gobierno perdía el control de en qué se gastaban los recursos de organismos descentralizados. Según Sturzenegger, el INTA, por ejemplo, tiene 6.059 empleados y 2.403 vehículos. A razón de un auto cada 2,5 empleados. Además, tiene asignados 1.611 celulares y cuenta con 932 cargos jerárquicos.
Cada organismo descentralizado tiene su propio equipo “back office”: contabilidad, liquidación de sueldos, licitaciones, compras. Toda una burocracia que ahora, al pasar a ser organismo desconcentrado, mantiene la independencia, pero se utiliza al personal del ministerio o secretaría de su órbita para esas cuestiones.
Los ejemplos de disfuncionalidades siguen. La Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, también disuelta, generaba más gastos administrativos que la cartera de crédito que administraba. Según difundió Adorni, “al momento de su cierre, la cartera valía solo el 0,15% de lo que se había invertido en su programa”.
Lo último que quedó en carpeta en el Ministerio de Desregulación era intentar usar las facultades delegadas para sacar algunas de las reglamentaciones del proyecto de ley conocido como “Hojarasca”. Son todas reglamentaciones absurdas o en desuso que habían sido mandadas al Congreso para su derogación, pero nunca avanzó. En algún momento, Sturzenegger, cuentan, llevó el tema a mesas de coordinación para insistir, pero la respuesta fue clara: “Todo sale muy caro en el Congreso”. Y la ley Hojarasca no era una inversión que ameritara más negociaciones.
Ese axioma se volverá a poner en discusión en las próximas semanas. Ver cuán caro le sale a Milei evitar derrotas parlamentarias primero, o, en su defecto, defender los eventuales vetos.
