La iniciativa busca desvincular las vacantes de las coyunturas políticas, garantizar el anonimato absoluto en las pruebas y establecer pautas estrictas para evaluar a los candidatos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un paso fundamental para reestructurar el proceso de nombramiento de los jueces federales y nacionales. A través de una acordada firmada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal supremo aprobó un proyecto de reglamento que propone profundas modificaciones al sistema actual, con el objetivo de remitirlo al Plenario del Consejo de la Magistratura para su consideración.
El documento destaca que, en su rol de cabeza del Poder Judicial, la Corte busca "corregir déficits estructurales" y mejorar la eficacia, transparencia y agilidad del sistema. La reforma apunta a erradicar la desconfianza ciudadana y asegurar que la idoneidad y el mérito real sean los únicos determinantes para acceder a la magistratura, reduciendo al máximo los márgenes de discrecionalidad.
A continuación, se detallan los puntos principales del nuevo reglamento propuesto:
1. Concursos anticipados como regla general: para evitar que la designación de jueces quede atada a los tiempos políticos, el proyecto establece que los concursos anticipados serán la regla. Esto permitirá al Consejo de la Magistratura tramitar los procesos de selección sin necesidad de que exista una vacante específica al momento del llamado, facilitando la planificación y asegurando una cobertura rápida cuando se produzcan las vacantes reales.
2. Legajo Digital Único y permanente: se implementará un legajo digital individual, intransferible y de actualización permanente para cada aspirante. Este sistema unificado será un requisito indispensable para la inscripción a cualquier concurso y tendrá carácter de declaración jurada, permitiendo a los sistemas informáticos asistir en la calificación de los antecedentes de manera objetiva.
3. Doble instancia de examen con anonimato absoluto: el nuevo diseño de la Prueba de Oposición Escrita (POE) es uno de los cambios más innovadores, y se divide en dos etapas bajo estrictas condiciones de anonimato garantizadas mediante claves alfanuméricas:
4. Calificación de antecedentes estrictamente tabulada: el proyecto busca terminar con la premiación del "mero tránsito burocrático" mediante un sistema de calificación rigurosamente tabulado sobre un máximo de 100 puntos. Estos se distribuirán objetivamente en tres grandes rubros: hasta 30 puntos por formación académica (grado y posgrado), hasta 50 puntos por antecedentes profesionales (antigüedad, jerarquía y especialidad) y hasta 20 puntos por antecedentes académicos (publicaciones y docencia).
5. Límites a la entrevista personal: la experiencia demostró que la entrevista personal solía alterar significativamente el orden de mérito construido en las etapas técnicas. Para evitar la manipulación de los resultados finales, el proyecto acota su incidencia otorgándole un máximo de 20 puntos. Además, las entrevistas serán públicas, transmitidas por medios audiovisuales y no podrán utilizarse para evaluar nuevamente conocimientos jurídicos, sino para analizar planes de trabajo, valores democráticos y perspectivas sobre la especialidad del cargo.
6. Medidas de acción positiva: en sintonía con los estándares internacionales de derechos humanos, el reglamento incorpora reglas objetivas para compensar situaciones de desventaja estructural sin afectar el principio de idoneidad. Se otorgarán puntajes adicionales (hasta un tope de 15 puntos) a personas con discapacidad, a quienes hayan sido responsables principales del cuidado de personas con enfermedades graves, y a quienes acrediten interrupciones en su carrera mayores a seis meses por maternidad, paternidad o adopción.
Con la aprobación de este proyecto, la Corte Suprema insta al Consejo de la Magistratura a su pronto tratamiento y sanción legal, proponiendo un modelo institucional que también podría servir de guía para las jurisdicciones provinciales de todo el país.
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