La Casa Rosada se divide entre los que no tienen opinión y los que creen que la Justicia envió una mala señal. El tema fue tratado por la mesa política.
El Gobierno todavía no definió una estrategia discursiva unificada sobre los cambios en la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner. Un sector de la administración de Javier Milei no tiene una opinión formada mientras que otro, mayoritario, no está conforme con la decisión de la Justicia por varias razones entre ellas la señal que se envía.
Los cambios en la domiciliaria a Fernández de Kirchner fue uno de los temas centrales de la mesa política de La Libertad Avanza (LLA) en su última reunión el jueves. En esa mesa, que integran el ministro del Interior, Diego Santilli; la secretaria General, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el tema Cristina apareció como un problema político que, en la lectura del Gobierno, puede tener efectos no deseados.
Según reconstruyó El Observador de fuentes que siguieron de cerca el encuentro, en el Gobierno no ven con buenos ojos lo que está ocurriendo con la prisión domiciliaria de la expresidenta. No porque crean que deba estar en una situación más restrictiva, sino porque entienden que su estatus como exjefa de Estado “amerita cierto tipo de concesiones” que no se están ordenando de manera prolija y terminan generando un escenario difícil de administrar.
En la mesa hubo quienes recordaron que, en la práctica, la mayoría de las prisiones domiciliarias en la Argentina “son una fiesta” para quienes se benefician de ellas. El comentario no fue solo una frase al pasar. Varios de los presentes sostienen que el régimen actual de Cristina Fernández de Kirchner se parece más a un dispositivo de proyección política que a una medida de morigeración de la pena. “No es lo mismo alguien que se guarda y baja el perfil que alguien que arma agenda desde el living”, graficó uno de los participantes.
Lo que más incomoda al oficialismo no es el dato judicial, sino la dinámica que se está construyendo alrededor de la expresidenta. En la Casa Rosada siguen con atención la frecuencia con la que Cristina sube contenido, muestra reuniones, recibe dirigentes, arma fotos, interviene en el debate público y, a su manera, ordena todavía un sector del peronismo. “Tener a una expresidenta que cada dos por tres aparece con un video o una visita le da una vitalidad política que se supone que el tiempo tenía que empezar a recortar”, resumió una fuente oficial.
En paralelo, en la mesa de La Libertad Avanza hay una preocupación más estructural: la presencia constante de Cristina en la escena, incluso desde la prisión domiciliaria, obtura cualquier intento de renovación en el peronismo. La lectura que compartieron Santilli, Karina Milei, Caputo, Adorni, Menem y Bullrich es que, mientras ella siga funcionando como referencia principal, el resto del ecosistema opositor seguirá girando alrededor de su figura y no en torno a un recambio generacional o a los gobernadores que hoy concentran poder territorial.
Ese dato se cruza con el tablero que mira el Presidente. Javier Milei apuesta a una gobernabilidad apoyada en los mandatarios provinciales dialoguistas, no en un entendimiento con el kirchnerismo. En ese esquema, una Cristina políticamente “viva” desde su domicilio, capaz de marcar la cancha hacia adentro del PJ y de presionar sobre algunos sectores judiciales, no es un elemento neutro. “No está en el centro de la escena como antes, pero tampoco desapareció; y cada vez que reaparece, condiciona”, analizó uno de los dirigentes que viene siguiendo la relación con los gobernadores.
La discusión también estuvo atravesada por lo que se habló en los días previos sobre la Corte Suprema. Tal como contó este medio, Milei bajó la orden de no negociar los cargos para cubrir las vacantes con el kirchnerismo. Esa línea fue ratificada sin matices. Nadie de los que se sentaron en la mesa política está habilitado para explorar un acuerdo con el espacio de Cristina en torno a los pliegos. Y la situación de la expresidenta en prisión domiciliaria no hizo más que reforzar esa decisión.
En el oficialismo entienden que cualquier gesto de acercamiento con el kirchnerismo en materia judicial sería leído como una contradicción con el discurso que sostienen desde la campaña. Por eso, mientras por un lado se admite que una expresidenta puede requerir ciertas condiciones específicas en su detención, por el otro se marca distancia con el modo en que esa domiciliaria se transformó en un instrumento de presencia pública. “No se puede estar criticando los privilegios y al mismo tiempo hacerse el distraído cuando la domiciliaria termina siendo una plataforma”, señaló otro funcionario.
La incomodidad también tiene un costado interno. La mesa política lee encuestas y monitorea el humor de la base libertaria, que reaccionó mal cada vez que vio a dirigentes históricos aparecer en fotos con Cristina, aún en contextos institucionales. Por eso, el mensaje que se consolidó en la reunión fue mantener una frontera nítida: se respeta la autonomía del Poder Judicial, pero se subraya que el Gobierno no avala ni celebra un uso político de la prisión domiciliaria.
En el entorno del Presidente, además, insisten en que el foco debe mantenerse en la agenda que Milei quiere para las próximas semanas: el Presupuesto, las facultades delegadas, la discusión penal y la relación con los gobernadores. Todo lo que sume ruido alrededor de Cristina Fernández de Kirchner, creen, termina desviando la discusión hacia el pasado reciente y le da aire a un dispositivo político que el oficialismo preferiría ver apagado, no reconfigurado desde un domicilio con cámaras encendidas.
La conclusión que dejó la mesa política fue que el Gobierno no saldrá a confrontar de manera directa con la Justicia por las condiciones de la prisión domiciliaria, pero tampoco dejará pasar la oportunidad de marcar que el régimen de detención de la expresidenta, en la práctica, tiene consecuencias políticas. En La Libertad Avanza, la idea que empieza a repetirse es que el desafío no es solo económico o institucional, sino también simbólico: cómo construir un nuevo orden político mientras el ciclo kirchnerista se resiste a abandonar la escena, incluso cuando su principal figura ya no pisa la calle, pero sigue hablando desde su casa.
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