Política

La Justicia habilitó la feria judicial para tratar la intervención del Hospital Bonaparte

Fue a partir de un planteo realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que exigió una medida cautelar que le impida al Estado reducir el personal.

La Justicia habilitó la feria judicial para analizar la crítica situación que vive el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, generada a partir de los 200 despidos y la intervención que dispuso el Ministerio de Salud de la Nación.

Según informó la revista Quorum, la medida fue adoptada por el juez federal Walter Lara Correa, a cargo del Juzgado de Feria en lo Contencioso Administrativo Federal, a partir de un planteo realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que exigió una medida cautelar que le impida al Estado reducir el personal.

Desde el organismo plantearon que con la salida “de psicólogos y psicólogas, médicos clínicos, psiquiatras, farmacéuticos, trabajadores sociales, enfermeras y enfermeros, el hospital pierde a un tercio de su planta dejando varios servicios sin operar”.

La situación es realmente crítica porque a los despidos anunciados el 15 de enero pasado se le suma una reducción del presupuesto del hospital de 700 millones de pesos.

“Dada la gravedad de la situación actual que lleva a una seria afectación colectiva al derecho a la salud de los/as usuarios/as de los servicios que ofrecía el Hospital Bonaparte, se hace imprescindible habilitar la feria y resolver favorablemente la medida cautelar formulada”, se indica en el escrito que fue presentado el 20 de enero pasado.

En la resolución, el juez Lara Correa explicó que la habilitación de la feria “es una medida de carácter excepcional, que debe ser aplicada restrictivamente sólo en aquellos casos que no admitan demora en su tratamiento”.

Entre otras cosas, el magistrado advirtió que la situación podría afectar los derechos de los niños. “En virtud de que de los hechos relatados en la demanda podría surgir la posible lesión de derechos cuyo sujetos titulares sean niñas, niños y/o adolescentes, remítase al Ministerio Público de la Defensa a fin de que asuma la representación y se expida sobre la cuestión litigiosa”, señaló.

Desde el CELS destacaron la tarea del Bonaparte y los servicios que brinda. En 2024 fueron atendidas más de 100 mil consultas de manera ambulatoria. Y destacan que hubo 1.500 pacientes con consultas farmacológicas por mes, 5.013 atenciones odontológicas y 1.431 análisis de laboratorio. También atendió a 514 pacientes en internación y 482 en salas de observación de Urgencias.

La Justicia prohíbe al Gobierno eliminar los programas sobre violencia de género

Un fallo dictado por la Sala A de Feria de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal y le ordena al Estado que “se abstenga de efectuar reducción de recursos humanos y de infraestructura institucional en la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia”.

Malvinas: el Gobierno evalúa sumar la pesca al régimen de sanciones

Reunión de la mesa política del Gobierno por la cuestión Malvinas, con la participación de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores
Presidencia
  • Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
  • Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
  • Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
  • El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
  • Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.