Daniel Vila había denunciado públicamente que el entonces presidente Mauricio Macri lo había presionado para que devolviera el espectro de 4G que le había sido concedido.
La Justicia revocó el sobreseimiento de funcionarios del macrismo y ordenó investigar presiones a Daniel Vila
La Cámara Federal decidió reactivar la investigación sobre presiones al empresario Daniel Vila durante el gobierno de Mauricio Macri.
La Sala II de la Cámara Federal revocó el sobreseimiento de exfuncionarios del macrismo y ordenó que se continúe investigando para determinar si hubo presiones ilegales sobre el empresario Daniel Vila en un trámite vinculado con la concesión del espectro radioeléctrico.
Esta decisión fue tomada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Boico y Eduardo Farah de la Sala II de la Cámara, quienes también dispusieron la falta de mérito del exministro Oscar Aguad y de Miguel de Godoy, expresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
¿Por qué se revocó el sobreseimiento?
El fallo reactivó una investigación que había quedado frenada, enfocándose ahora en si funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, presionaron a Vila para que desistiera de una medida cautelar en trámite ante la Cámara Federal de Mendoza. Esta medida buscaba liberar el espectro radioeléctrico, asignado en 2017 a la compañía del empresario, Supercanal, para la prestación de servicios de comunicaciones 4G.
Además de Aguad y de Godoy, la resolución incluyó a otros exfuncionarios del ENACOM, como Francisco Jorge Canese Méndez (exasesor), Juan Manuel Mocoroa (exdirector General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones), el abogado Juan Manuel Cañada, y otros como Justina Ponferrada y Jorge Luis Camps. Todos ellos continuarán bajo investigación en el marco de la hipótesis que señala que diversas autoridades del Ejecutivo Nacional habrían presionado a Vila para que liberara el espectro.
La denuncia de Daniel Vila
Vila había denunciado públicamente que el entonces presidente Macri lo había presionado para que devolviera el espectro de 4G que le había sido concedido. También alegó que esta presión lo obligó a vender Supercanal. La investigación busca determinar si estas acciones fueron constitutivas de delitos contra la administración pública y si beneficiaron a otras empresas del sector.
Ya se ha comprobado la existencia de comunicaciones y reuniones entre los implicados, aunque los jueces advirtieron que aún faltan pruebas que clarifiquen si estas reuniones implicaron presiones ilegales. Las pruebas existentes incluyen libros de visitas, testimonios, actas de directorio, capturas de mensajes y otros documentos judiciales que evidencian la interacción entre Vila, Macri y el exvicejefe de Gabinete Mario Quintana.
Los jueces Irurzun y Boico explicaron que el sobreseimiento dictado en primera instancia no podía ser homologado debido a las pruebas recolectadas hasta el momento, aunque indicaron que aún falta avanzar en la investigación para determinar si las presiones constituyeron delitos. La causa sigue abierta y la Justicia continúa con la recolección de más pruebas que permitan esclarecer los hechos.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Sesión con quórum justo. La oposición convocó a sesionar este miércoles para emplazar y dictaminar proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad. Necesitan reunir 129 presentes y estiman alcanzar los 130 diputados.
Estrategia libertaria. El oficialismo abrió las comisiones solicitadas y se comprometió a apoyar las iniciativas, si no generan déficit fiscal; aunque no sería suficiente para frenar la sesión.
Rol clave de los gobernadores. Diputados de Tucumán y Catamarca dijeron que darán quórum, pero la incógnita pasa por los de Salta y Misiones, sumados a posturas ambiguas dentro de Provincias Unidas.
Mensaje político a Milei. El peronismo y sus aliados buscan demostrar fortaleza frente al Ejecutivo, pese a los intentos de La Libertad Avanza por destrabar el conflicto.
¿Respuesta del Gobierno? No se descartan anuncios del Gobierno hoy, tras la mesa política, para intentar desarticular la convocatoria.
