Daniel Vila había denunciado públicamente que el entonces presidente Mauricio Macri lo había presionado para que devolviera el espectro de 4G que le había sido concedido.
La Justicia revocó el sobreseimiento de funcionarios del macrismo y ordenó investigar presiones a Daniel Vila
La Cámara Federal decidió reactivar la investigación sobre presiones al empresario Daniel Vila durante el gobierno de Mauricio Macri.
La Sala II de la Cámara Federal revocó el sobreseimiento de exfuncionarios del macrismo y ordenó que se continúe investigando para determinar si hubo presiones ilegales sobre el empresario Daniel Vila en un trámite vinculado con la concesión del espectro radioeléctrico.
Esta decisión fue tomada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Boico y Eduardo Farah de la Sala II de la Cámara, quienes también dispusieron la falta de mérito del exministro Oscar Aguad y de Miguel de Godoy, expresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
¿Por qué se revocó el sobreseimiento?
El fallo reactivó una investigación que había quedado frenada, enfocándose ahora en si funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, presionaron a Vila para que desistiera de una medida cautelar en trámite ante la Cámara Federal de Mendoza. Esta medida buscaba liberar el espectro radioeléctrico, asignado en 2017 a la compañía del empresario, Supercanal, para la prestación de servicios de comunicaciones 4G.
Además de Aguad y de Godoy, la resolución incluyó a otros exfuncionarios del ENACOM, como Francisco Jorge Canese Méndez (exasesor), Juan Manuel Mocoroa (exdirector General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones), el abogado Juan Manuel Cañada, y otros como Justina Ponferrada y Jorge Luis Camps. Todos ellos continuarán bajo investigación en el marco de la hipótesis que señala que diversas autoridades del Ejecutivo Nacional habrían presionado a Vila para que liberara el espectro.
La denuncia de Daniel Vila
Vila había denunciado públicamente que el entonces presidente Macri lo había presionado para que devolviera el espectro de 4G que le había sido concedido. También alegó que esta presión lo obligó a vender Supercanal. La investigación busca determinar si estas acciones fueron constitutivas de delitos contra la administración pública y si beneficiaron a otras empresas del sector.
Ya se ha comprobado la existencia de comunicaciones y reuniones entre los implicados, aunque los jueces advirtieron que aún faltan pruebas que clarifiquen si estas reuniones implicaron presiones ilegales. Las pruebas existentes incluyen libros de visitas, testimonios, actas de directorio, capturas de mensajes y otros documentos judiciales que evidencian la interacción entre Vila, Macri y el exvicejefe de Gabinete Mario Quintana.
Los jueces Irurzun y Boico explicaron que el sobreseimiento dictado en primera instancia no podía ser homologado debido a las pruebas recolectadas hasta el momento, aunque indicaron que aún falta avanzar en la investigación para determinar si las presiones constituyeron delitos. La causa sigue abierta y la Justicia continúa con la recolección de más pruebas que permitan esclarecer los hechos.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
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